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CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El gobernador panista Javier Corral denunció que el gobierno federal decidió incumplir un convenio pactado por 700 millones de pesos para concluir el año fiscal en la entidad fronteriza para pagar aguinaldos, salarios y prestaciones, como represalia por la investigación de recursos desviados a campañas priistas y que mantiene en la cárcel al exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
El anuncio de esa represalia la conocieron las autoridades de Chihuahua el 4 de diciembre pasado en una reunión entre funcionarios estatales y federales, de la que Corral se negó a dar más detalles hasta conocer la respuesta del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.
Acompañado de integrantes del grupo Encuentro Chihuahua (que forman parte de la coalición Por México al Frente), del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de senadores, líderes sociales, intelectuales y activistas, Corral Jurado refirió que recibió la administración con sólo 21.8 millones de pesos de saldo, una deuda superior a los 50 mil millones de pesos y un déficit cercano a los 8 mil millones.
Durante su gestión, agregó, se han aplicado medidas de seguridad, y enseguida advirtió: “Si alguien sabe de esta situación es el presidente (Enrique) Peña Nieto, a quien le he expuesto los datos y los números en varias ocasiones”.
En ese contexto, informó que el 14 de diciembre el gobierno estatal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suscribieron varios convenios, en los que la dependencia federal se comprometió a entregar recursos para varios programas: desarrollo regional por 44 millones 777 mil pesos; para obras diversas de gestión legislativa por 35 millones 334 mil pesos, y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones para que el estado cuente con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017.
El gobernador detalló que ese apoyo que da el gobierno federal a las entidades federativas, se da cuando éstas enfrentan una compleja situación financiera, y Chihuahua lo recibió en el gobierno del priista César Duarte Jáquez, ahora prófugo de la justicia.
En el 2014, las entonces autoridades estatales recibieron mil millones de pesos; en el 2015, fueron mil 183 millones, y 770 millones en 2016, esto último “ya dentro de nuestro primer año de ejercicio y, para el cierre de 2017, se convino una transferencia de 700 millones”.
En ese contexto y con la detención de Gutiérrez Gutiérrez, Peña Nieto impuso a Chihuahua una represalia económica, que les comunicó directamente José Antonio González Anaya, el titular de la SHCP.
Corral contó que los recursos para el saneamiento financiero convenidos en diciembre no fueron radicados durante ese mes, tal “como se establece en el convenio que tenemos firmado”.
“Con posterioridad a la detención de Alejandro Gutiérrez se adujeron primero razones de disponibilidad financiera, siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos, esto es, sólo para el estado de Chihuahua no hubo disponibilidad de recursos, lo cual nos provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones, como es el pago de salarios, aguinaldos y proveedores, entre otros”, denunció Javier Corral.
Luego, Gustavo Madero, coordinador de gabinete del gobierno estatal, contactó al titular de la SHCP para conocer los “auténticos motivos del incumplimiento de convenio”.
González Anaya explicó a Madero que se había “caído la recaudación”, debido a que el gobierno federal también tiene problemas para el cierre del año fiscal.
“Lo que no dijo el secretario de Hacienda es que la supuesta baja en la recaudación sólo afectó al estado de Chihuahua (…) Delante de mí, Madero preguntó directamente al secretario de Hacienda: ‘A ver Pepe Toño, ¿no se está mezclando en esto otra agenda?’. El secretario contestó: ‘Hay que platicar, hay que platicar’. Y de ahí se convino una reunión”.
Esa reunión ocurrió el jueves 4 en el despacho del secretario ubicado en Palacio Nacional, y a ellas asistieron, además de Anaya González, Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos; el procurador fiscal Max Diener, e Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, así como Javier Corral, Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del gobierno estatal.
“Ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios.
“Quiero señalar enfáticamente que dicho argumento carece de asidero jurídico, ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados. Es decir, no se combate la validez del convenio, sino la ilegalidad del destino”, aclaró Corral.
Luego asentó que con esa explicación quedó claro que el motivo por el que no depositaron los recursos convenidos, es el desarrollo de esta investigación por el desvío de recursos públicos de Chihuahua hacia el PRI nacional.
Javier Corral recordó que hasta ahora se han abierto 39 procesos penales; se han librado 30 órdenes de aprehensión por parte de tribunales; también, se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión del universo de órdenes de aprehensión liberadas, de las que diez son contra el exgobernador César Duarte, quien a la fecha se encuentra prófugo.
Asimismo, hay 23 exfuncionarios o empresarios relacionados con la red de corrupción duartista, vinculados a proceso, cinco de ellos ya con sentencia condenatoria.
Uno de los exfuncionarios vinculados a proceso es Alejandro Gutiérrez, quien fue detenido el pasado 20 de diciembre, acusado de peculado agravado en dos causas penales, por el desvío de más de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua.
“Al señor Gutiérrez (se le acusa) por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales que nunca se realizaron, y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas”.
Corral aseveró que su gobierno no actúa con fines electorales, puesto que las investigaciones y causas penales tienen sustento técnico por el que les han otorgado las órdenes de aprehensión que han solicitado y, además, el combate a la corrupción y a la impunidad fue una promesa de su campaña.
“En mi caso, no se pueden dar a sorpresa, lo ofrecí en mi toma de protesta como gobernador de Chihuahua, dije entonces: ‘El gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales. Desmantelar el sistema de corrupción y parar la escalada de ilegitimidad del poder. Porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política’”.
El tema ahora, insistió, es que la justicia en Chihuahua ha vinculado a proceso a un alto exfuncionario de la dirigencia nacional del PRI y su ámbito de acción también era nacional.
“Parecería una ingenuidad asumir que las operaciones financieras que perpetró en Chihuahua no hayan sido replicadas en otros estados, pero eso no nos corresponde a nosotros investigar, ni siquiera podemos investigar el delito electoral, esto corresponde a la Procuraduría General de la República, a la FEPADE, al Instituto Nacional Electoral.
“También corresponde al Congreso de la Unión integrar comisiones de investigación. Chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar, no vamos a negociar esta investigación, ni por 700 millones ni por todo el presupuesto de Chihuahua, porque a la larga todo México pierde”, advirtió.
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