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Ciudad de México. Los sobornos pagados por la constructora brasilena Odebrecht a políticos de varios países latinoamericanos –entre ellos de México— ponen de manifiesto que la corrupción “es un desafío” a la calificación sobre la solvencia de los gobiernos de la región para solventar sus obligaciones financieras, advirtió este martes Moody´s Investor Services.
“Las recientes revelaciones de múltiples instancias de corrupción vinculadas con la empresa de construcción brasileña Odebrecht en Latinoamérica destacan a la corrupción como un desafío crediticio soberano en la región”, aseguró la firma calificadora de inversiones.
La calificación otorgada a la deuda emitida por un gobierno o empresa, que mide la probabilidad de incumplimiento de obligaciones, influye en el costo al que los receptores de la nota se financian.
En diciembre pasado, Odebrecht aceptó en una corte de Nueva York que pagó sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países para obtener contratos, entre ellos de México.
Odebrecht sobornó con 10.5 millones de dólares a funcionarios del sector energético mexicano, de acuerdo con un documento de una corte neoyorquina. A diferencia de lo ocurrido en otros países, aquí no ha sido castigado ningún receptor de esos sobornos.
Al analizar las potenciales implicaciones crediticias de la corrupción en las notas de solvencia de los países de la región, Moody’s señaló este martes que la mayoría de las naciones latinoamericanas tiene puntuaciones relativamente débiles en indicadores de gobernanza relacionados con la corrupción, y que tales puntuaciones se han debilitado en la última década.
“Incorporamos indicadores de corrupción comparables a nivel global a nuestra evaluación de fortaleza institucional soberana”, dijo Renzo Merino, vicepresidente de Moody’s. “Y nuestra evaluación de fortaleza institucional es un componente importante en nuestro análisis general de perfiles crediticios soberanos”.
Con base en varios indicadores de gobernanza, la mayoría de los países latinoamericanos tienen una puntuación que se ubica en los rangos “Bajos” y “Muy Bajos” para control de la corrupción. Solamente Chile, Costa Rica y Uruguay tienen puntuaciones más cercanas al extremo superior de la escala, agregó la calificadora.
Además, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TICPI, por sus siglas en inglés), el país promedio de América Latina se ubicó en la posición 100 entre 176 países en 2016, lo que representó un deterioro de su clasificación en comparación con la posición 86 entre 163 países en 2006, añadió.
Según Moody’s, si bien el reciente escándalo de Odebrecht evidenció la diseminación de la corrupción en la región, también tendrá consecuencias negativas en el corto plazo para el crecimiento de un número de países de Latinoamérica, dado que algunos proyectos de infraestructura importantes en países tales como Perú , Colombia y Panamá son cancelados o aplazados.
Moody’s destacó que la naturaleza de alto nivel de las recientes revelaciones de corrupción podría tener beneficios al impulsar reformas en el mediano plazo.
Si las reformas conducen a una mejora de las puntuaciones de los indicadores de corrupción y a un fortalecimiento de las instituciones, éstas abordarán uno de los principales desafíos crediticios soberanos en la región, apuntó Moody’s.
“La combinación de investigaciones de alto nivel sobre la corrupción con crecientes presiones sociales ha ofrecido a los gobiernos de la región la oportunidad de fortalecer sus medidas anticorrupción”, dijo Merino. “Si se aplican eficazmente, estas decisiones deberían representar un beneficio para las instituciones y el perfil crediticio soberano de Latinoamérica en el largo plazo”.
