Lázaro Cárdenas creo una empresa espejo que incluso se pudiera tipificar el delito de lavado de dinero. Contraloría Municipal de Bahía de Banderas, dio seguimiento a denuncia ciudadana por cobros indebidos del Consejo de Agua de Sayulita administrado por Lázaro Cárdenas García, desde hace 18 años. Se le notificó que estaba suspendido e iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa; en respuesta, convocó a vecinos a tomar la carretera 200 y de esto se derivaron denuncias penales en su contra y de otros por toma de instalaciones públicas como fue la planta de tratamiento de aguas negras. Argumentaron tener un amparo que de nada le sirve porque es contra la Junta de Gobierno del OROMAPAS y no contra la Contraloría Municipal que fue quien actuó
Como se informó de manera oportuna el pasado 19 de junio 2019, un buen número de vecinos de Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit, alentados por Lázaro Cárdenas y el ex regidor y ejidatario de Sayulita, Rodrigo Peña y otros, bloquearon la carretera 200 por poco más de 4 horas tras haber sido notificado Lázaro Cárdenas por la mañana de ese día en su domicilio por parte de la contraloría municipal de que había sido suspendido de su cargo como administrador del Consejo de Agua de esta comunidad, cargo que ostentaba desde hace 18 años sin rendir cuentas, derivado esto de los resultados de una investigación que se llevó a cabo por denuncia ciudadana en su contra por cobros indebidos y abusivos. Notario Público dio fe de los hechos en el momento en que en su domicilio fue notificado y como este rechazó el oficio.
Entrevistado al respecto el licenciado, Tacho Zaragoza, secretario del X Ayuntamiento, señaló que se trata de un tema que desconocen tanto Lázaro Cárdenas como su abogado porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas es nueva la cual nace con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pocos conocen cuál es el peso y la función de esa Ley, incluyendo a muchos abogados, tan lo desconocen, dijo, que el abogado de Lázaro, aún cuando lo notificamos se la pasó gritando a los cuatro vientos fuera de las instalaciones del Consejo de Sayulita que estaban amparados contra la Junta de Gobierno del OROMAPAS “si, pero la Junta de Gobierno no está actuando, está actuando la Contraloría Interna con facultades que le otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas y mientras esté ese abogado no lo van a entender como está este tema porque se debe poner a estudiar dicha Ley” explicó.
Y es que, luego de que tomaron la carretera y la liberaron poco más de 4 horas después, el tumulto se dirigió a tomar de manera violenta y con agresiones físicas las instalaciones de la Planta de Tratamiento que estaban bajo la dirección del OROMAPAS y custodiado por la policía municipal derivado de ello se presentó una denuncia penal contra Lázaro Cárdenas y quienes resulten responsables por peculado y ejercicio indebido de funciones, así como por la toma de las instalaciones que son patrimonio público municipal y las agresiones físicas contra los policías y funcionarios que resultaron con lesiones durante la toma de la planta de tratamiento que todavía la tienen tomada.
En este mismo sentido, indicó que incluso podría tipificarse otro delito contra Lázaro Cárdenas como lo es el lavado de dinero porque creo una empresa espejo “En virtud de que nosotros tenemos la figura en el Reglamento que se llama Consejo de Agua Potable y Alcantarillado de Sayulita, por ejemplo y él crea una empresa que se llama Consejo de Agua Potable y Alcantarillado de Sayulita, Nayarit, Sociedad Civil, entonces, crear una persona moral con el mismo nombre se considera como una empresa espejo en donde ingresan los recursos que son del Consejo de Agua, son recursos públicos utilizados de manera privada y eso ya se considera como peculado, como ejercicio indebido de funciones y se puede encuadrar como lavado de dinero, o sea, hay muchos delitos ya ahí que se configuran de tipo penal. De hecho, lo más grave para Lázaro es lo penal porque el procedimiento administrativo lo tiene suspendido y aún así, si él sigue, aún y cuando está suspendido pensando que ese amparo lo protege de eso, lo único que va a estar pasando es lo que lo va a estar hundiendo” precisó.
Por lo pronto, dijo, se esta llevando a cabo este procedimiento de responsabilidad administrativa y ese procedimiento también tiene medidas cautelares que consisten en que cuando hay una denuncia ciudadana contra un funcionario que reporta que este está robando y aquí están los elementos de prueba, si la Contraloría determina que efectivamente se presume que los elementos son de peso, entonces se le informa al funcionario y se le suspende para la investigación pertinente y de resultar inocente al final del procedimiento se le regresa al cargo y de resultar responsable se le sanciona conforme a la ley que consiste en la inhabilitación como funcionario por equis numero de años más aparte lo que resulte en materia penal ya sea orden de aprehensión y/o pena de cárcel porque, además, comentó, se agrega también el hecho de que no acató el procedimiento administrativo ya que también tiene tomadas las oficinas del Consejo de Agua del cual los pozos que administra ya los tiene en posesión y bajo su administración el OROMAPAS luego de que el Ejido de Sayulita, le hizo entrega de estos hace ya algunos meses.
Finalmente, el abogado y contador público, Tacho Zaragoza, informó que la Fiscalía General de Nayarit, ya está armando la carpeta de investigación sobre los hechos que se registraron ese miércoles 19 junio 2019 y en cualquier momento podrían girarse las órdenes de aprehensión porque son hechos que no se pueden desvirtuar ni negar porque por ejemplo, dijo el secretario, el haber creado la empresa espejo no se puede negar porque incluso, el que lo denunció le presentó copias de estado de cuentas certificados por él mismo (Lázaro Cárdenas).
Todo lo que le ha hecho su abogado a Lázaro es exhibirlo y hundirlo y cada día va a empeorar su situación, ellos tienen tomada la planta y se ha respetado por no generar violencia, pero la planta ese mismo día se le entrego al OROMAPAS y luego horas después ellos la tomaron con violencia, entonces, ya se considera un delito porque fue una invasión o toma de edificio público y ese delito es grave porque alcanza de 3 a 6 años de cárcel a quienes resulten responsables como fue este caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras, delito que se sumó a la carpeta de investigación.
