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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Al término de su mandato, Enrique Peña Nieto reconoció que de la cifra oficial de más de 37 mil desapariciones, sólo 170 corresponden a personas que desaparecieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas y policías de los tres órdenes de gobierno.
En su último Informe de Gobierno, al referirse a la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), Peña Nieto informó que hasta junio de 2018 esa dependencia creada el 16 de febrero de este año, investigaba el paradero de 170 personas, relacionadas en 88 averiguaciones previas o carpetas de investigación, “en las cuales las autoridades involucradas son las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la policía federal, estatal y municipal”.
En el apartado “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”, correspondiente al capítulo “México en Paz”, el documento entregado este sábado a la Cámara de Diputados refiere que los casos por desaparición forzada investigados por la dependencia federal se registraron en Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.
Los 170 casos por desaparición forzada corresponden a un cúmulo de 11 mil 556 personas correspondientes a 897 averiguaciones previas o carpetas de investigación, que la citada FEIDDF investiga en los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Ciudad de México.
En este apartado del Sexto Informe de Gobierno se advierte las limitaciones que tiene la FEIDDF para la investigación del paradero de los más de 11 mil casos que acumula, pues a cada uno de los 38 agentes del Ministerio Público con que cuenta le corresponde esclarecer la suerte de 304 personas.
La FEIDDF es el nombre de lo que en 2013 se conoció como Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que después se denominó Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ambas adscritas a la Procuraduría General de la República (PGR), y ahora cuenta sólo con 28 oficiales ministeriales y 34 elementos de la policía ministerial.
De julio de 2013 a junio de 2018, esa dependencia de la PGR ha localizado a 315 personas, de las cuales 152 fueron ubicadas con vida y el resto fallecidas, siendo las principales entidades de estos hallazgos en Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.
Entre los casos que investiga la FEIDDF se encuentra 14 expedientes de búsqueda por la desaparición de 21 personas de nacionalidad extranjera, tema para el cual “se celebraron 97 mesas de trabajo con diversas organizaciones de familias de personas desaparecidas”.
Pese a las exigencias de colectivos de todo el país porque se realizaran búsquedas de personas desaparecidas en campo, el último Informe de Gobierno de Peña Nieto señala que sólo “se realizaron acciones de búsqueda de restos y fosas clandestinas en 35 puntos de diferentes entidades del país, dando resultados positivos en 20 de ellas”.
De la misma manera, se destaca que sólo se gestionó la publicación de 133 acuerdos de recompensas para la localización de personas desaparecidas.
En el documento se destaca que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta el 30 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 474 recomendaciones, de las cuales 239 corresponden a dependencias de la administración pública federal; 58 de las recomendaciones las autoridades federales compartieron responsabilidades con autoridades estatales, en tanto que 145 documentos recomendatorios fueron dirigidos sólo a gobiernos estatales.
Se destaca que del primero de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, la CNDH emitió cinco recomendaciones graves a los derechos humanos, de las cuales cuatro están dirigidas a autoridades de la administración pública federal y entidades federativas.
El documento incluye la referencia de que en el último año, la CNDH recibió 414 quejas por presuntas violaciones cometidas por personal de la Policía Federal, adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de las cuales según el Sexto Informe “se desahogaron 117”, en tanto que la CNDH dirigió 10 recomendaciones a esa dependencia.
Ante un escenario de violencia contra personas defensoras y periodistas, del primero de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2018, se formularon 111 solicitudes de protección ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de los cuales “70 se tramitaron mediante procedimiento ordinario, 25 por extraordinario y en 16 casos no se incorporaron al mecanismo por no cumplir con los requisitos legales”.
En cuanto a las personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al 38 de junio pasado “contaba con 17 mil 65 víctimas registradas, de la cuales 6 mil 68 son directas, 10 mil 771 son indirectas, dos potenciales y 244 se encuentran en análisis”.
En cuanto a la Asesoría Jurídica Federal (AJF), adscrita a la CEAV, se destaca que al 30 de junio tenía a su cargo 16 mil 232 expedientes activos o en trámite, resaltando 104 por tortura, 304 por secuestro, 634 por trata de personas, 157 homicidios, dos de privación ilegal de la libertad, 71 por desaparición de personas y 46 casos de lesiones.
De acuerdo al informe, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) ejerció de enero a junio pasado, 270 millones de pesos, “en favor de víctimas de delitos del orden federal y víctimas de derechos humanos cometidas por autoridades federales”.
En este apartado se indica que el ejercicio de fondos destinados a víctimas significó un aumento de 109.2% con respecto al año anterior que fue de 123 millones de pesos.
Asimismo, se indica que de enero de 2015 que empezó a operar el FAARI al 30 de junio de este año, se han ejercido 646.9 millones de pesos destinados a 3 mil 542 víctimas.
