CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abogado Gabriel Regino presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por supuesto desvío de recursos en la construcción de la Estela de Luz.
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“Con un argumento falaz de ser responsables del encarecimiento del costo final del monumento conmemorativo del bicentenario de la Independencia, la famosa Estela de Luz, varios ex funcionarios públicos han sido utilizados como chivos expiatorios y sobre ellos han pesado todas las acusaciones, inhabilitaciones administrativas y hasta órdenes de aprehensión que les han causado un impacto negativo en sus vidas profesional y personal.
“Por esta razón, el grupo de inocentes ha decidido actuar penalmente en contra de diversas autoridades federales de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, luego de siete años de vivir en precarias condiciones porque no logran conseguir empleo, pues son señalados de ser los culpables del mega fraude que envolvió las obras de construcción del monumento conmemorativo por los 200 años del inicio de la guerra de independencia y de los 100 años del inicio de la revolución”, dice el comunicado del despacho Regino Abogados, defensor de los empleados de la empresa encargada de ejecutar la obra.
El comunicado detalla que, en enero del año 2010, integrantes de un comité de obra de la empresa III Servicios S.A de C.V. (Triple I), subsidiaria de Petróleos Mexicanos, recibió un expediente en el que se proponía la construcción de un monumento conmemorativo y que sería una estructura urbana en corma de arco que se colocaría sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
“Sin embargo, este comité tenía como única responsabilidad dar validez a la suficiencia presupuestaria y a la viabilidad financiera y operativa para realizar la obra. Es decir, avalar que el gobierno federal contaba con los recursos suficientes para la construcción del monumento.
“En su momento este comité avaló que por razones de tiempo para la ejecución de la obra, la licitación no fuera por convocatoria pública, sino bajo el esquema de invitación restringida a por lo menos tres proveedores, aunque en principio se inscribieron nueve propuestas para este proyecto”, relata.
“Nunca antes esta empresa de Pemex había dado visto bueno a una obra similar, pero con la llegada en junio de 2009 de Agustín Castro Benítez como director de Triple I servicios la situación cambió, pues el nuevo funcionario aclaró a su personal que venía nombrado directamente por el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y que entre sus funciones estaba precisamente el proyecto del monumento del bicentenario.
“La labor de este comité concluyó el día que dieron visto bueno a la suficiencia presupuestal y a la viabilidad de la obra y a partir de ahí las personas involucradas no tuvieron nada más que ver con el futuro de este monumento”, destacó.
El costo en ese enero de 2010 era de 398 millones de pesos para el proyecto del Arco Bicentenario que debía inaugurarse el 15 de septiembre de ese mismo año, recuerda.
“La obra no se concluyó; se entregó el 30 de enero de 2011 y terminó siendo una combinación de torre luminosa con obelisco ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma y Lieja, colonia Juárez, en la entrada del Bosque de Chapultepec y que terminó costando poco más de mil 200 millones de pesos.
“La Secretaría de la Función Pública fincó responsabilidad administrativa en contra de quienes integraron este comité de obra y la ex Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa en contra de las mismas personas que nada tuvieron que ver con el cambio de proyecto ni con los sobrecostos”, expuso.
El argumento de la PGR para girar órdenes de aprehensión es que por culpa de la decisión del comité de haber optado por la invitación restringida y no una licitación pública abierta, es que se generó el sobrecosto y el daño al erario público, añadió.
“Durante siete años estas personas acusadas falsamente y a quienes pretenden mantener como chivos expiatorios han mantenido su defensa jurídica, a costa incluso de tener que ampararse para poder permanecer en libertad e incluso lograron demostrar que su inhabilitación para ser funcionarios públicos fue injusta e ilegal.
“Quienes han sido acusados y lastimados en su honor piden al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República que le cierren el paso a la impunidad y castiguen a quienes son los verdaderos responsables del este desfalco, comenzado por investigar al ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”, concluye el comunicado.
Gabriel Regino fue subsecretario de Seguridad Pública cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En respuesta a un tuit en el que Calderón rechaza la acusación, Regino respondió: “Entonces por qué su Gobierno ordenó encarcelar a quienes no participaron en la obra ni en los errores en las ingenierías del proyecto?”.
