El portal Silla Rota, da a conocer información trascendente para Nayarit, mismo que tiene relación con el ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, a quien refieren ya fue colocado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la «lista negra» por sus nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Con la misma suerte corre el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien está suspendido pero pertenece al Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero.
Se prevé que este viernes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluya en su lista negra a Isidro Avelar Gutiérrez, magistrado (suspendido) del Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero, así como al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.
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Al ser incluidos en la lista de la OFAC, a ambas personas le serán congeladas (aseguradas) sus cuentas bancarias, así como propiedades en cualquier parte del mundo a la que entidades estadounidenses tengan acceso de acuerdo con la Ley Patriot del gobierno norteamericano.
Además, mientras se lleva a cabo la investigación, no pueden realizar transacciones comerciales o financieras con ciudadanos o entidades estadounidenses. Tampoco, tienen derecho a acceder a sus cuentas bancarias o instrumentos comerciales o financieros, como tarjetas de crédito u
otros valores ni propiedades.
Fuentes de los gobiernos de México y Estados Unidos explicaron a LA SILLA ROTA que a Roberto Sandoval Castañeda se le relaciona con el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, quien tiene 11 órdenes de captura en su contra y cuenta con una ficha roja para su localización y detención emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, (Interpol, por sus siglas en inglés) a petición del gobierno mexicano.
Las autoridades consultadas mencionaron que se detectaron operaciones ilícitas entre ambos ex mandatarios a través de la compra venta de inmuebles, ranchos y hatos ganaderos dedicados a la crianza de vacas, toros, bueyes, caballos, borregos entre otras especies.
En 2017 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República FGR) inició la carpeta de investigación FED/NAY/TEP/0000161/2017 en la que denunciaban la compra-venta de ganado con recursos federales por parte de ambos ex gobernadores.
El expediente incluye datos de prueba en los que se detalla la forma en que Roberto Sandoval Castañeda y César Horacio Duarte Jáquez adquirieron 12 mil cabezas de ganado bovino (criadas en Nueva Zelanda) con recursos federales entre los años 2015 y 2016.
De acuerdo con la investigación, desde el año 2012 el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda adquirió 350 yeguas españolas, las cuales fueron ingresadas al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y trasladadas al rancho El Sueño, en Nayarit, propiedad de Sandoval Castañeda.
Otras cabezas de ganado fueron enviadas a Jalisco, Colima, Coahuila y Querétaro, así como al Rancho «La Cantera», ubicado en Tepic, Nayarit.
Además de ser investigado por el lavado de dinero con el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, Roberto Sandoval tiene abierto un expediente por vínculos con el entonces fiscal, Edgar Veytia, quien en marzo de 2017 y dos años después (enero de 2019) se declaró culpable en la corte federal de Brooklyn (Nueva York) de conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.
Isidro Avelar Gutiérrez y sus vínculos con el narco
La segunda persona incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros es Isidro Avelar Gutiérrez, magistrado (suspendido) del Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero. De acuerdo con Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Fiscalía General de la República (FGR), las cuentas bancarias del magistrado que ha dejado en libertad a capos de los cárteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron bloqueadas mientras se realiza la investigación en su contra.
Las investigaciones de la UIF y de la FGR indican que Isidro Avelar Gutiérrez tiene diferentes vehículos de lujos, así como propiedades. La información recabada por ambas instituciones indica que, entre los años 2010 y 2016 su percepciones económicas ascendieron a 33 millones 186 mil
471 pesos.
En el mismo periodo adquirió propiedades por un monto de 18 millones 782 mil 790 pesos.
Además, de acuerdo con las investigaciones, en el mismo lapso enajenó inmuebles por un monto de 15 millones 220 mil 274 pesos.
La investigación en contra de quien hasta hace unos días fuera magistrado del Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo menciona que ha llevado diferentes reuniones con familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del CJNG y declarado como un objetivo primordial por el
gobierno de Estados Unidos.
Entre las personas con las que se ha reunido se encuentra Laisha y Johana Oseguera González, ambas hijas de El «Mencho», esta última identificada como uno de los integrantes del cártel más importantes dentro de la estructura criminal.
Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa cercana a Rosalinda Gonzalez Valencia, esposa de «El Mencho», es otra de las personas con las que se ha reunido.
Un historial de liberaciones y favoritismos.
Integrantes de la sociedad civil e incluso diputados federales, así como senadores han denunciado las irregularidades y favoritismos de Isidro Avelar Gutiérrez al momento de impartir justicia. Las denuncias indican que los «favores» que ha hecho han sido principalmente para beneficiar a la familia de Nemesio Oseguera Cervantes.
Uno de ellos es la exoneración de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rubén Oseguera González, «El Menchito», quien según Avelar, el dinero que había obtenido «El Menchito» por la compra y venta de fincas –por el cual era acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada– no es ilegal, pues estas les fueron donadas por su madre Rosalinda González Valencia, también acusada de formar parte de la estructura criminal del CJNG.
La lista de favores también incluye un amparo a favor de Jessica Johanna Oseguera González para evitar ser detenida por personal de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Fiscalía General de la República el 19 de septiembre de 2018.
En 2018 ordenó la liberación de Francisco Aguilar Santana, «Juan Pistolas», cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».
Otro de los fallos polémicos es la liberación el 30 de agosto de 2014 de Rogelio González Pizaña, alias «El Kelín» o «Z-2», exlugarteniente del cártel del Golfo y fundador de «Los Zetas».
Isidro Avelar Gutiérrez, entonces titular del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, modificó la condena de 16 años impuesta en enero de 2014 por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México. La modificación sentencia fue de 6 años con 3 días de prisión y 101 días de multa, periodo que «El Kelín» ya había cumplido, ya que estuvo recluido desde octubre de 2004. El fallo del tribunal sólo incluyó pruebas por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
En lista también está Telcel.
El enero de 2015, el Séptimo Tribunal Unitario de la Tercera Región a cargo de Isidro Avelar Gutiérrez revocó la condena dictada en julio de 2014 por una jueza de distrito en la Ciudad de México, quien declaró a Telcel responsable de actos ilícitos por servicio deficiente durante 2010.
El tribunal declaró infundada una acción colectiva promovida en 2011 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la que se alegaba que Telcel era responsable de daños y perjuicios contra sus clientes por fallas en el servicio.
Avelar consideró que no había pruebas que comprobaran que Telcel incumplió el Plan Técnico Fundamental de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el cual contiene los parámetros de calidad para las concesionarias.
La sentencia en contra de Telcel ordenaba a la compañía indemnizar por daños y perjuicios a todo consumidor que pudiera acreditar fallas en el servicio.
«No se acreditó que la demandada haya incumplido con los parámetros de calidad en la prestación de servicios de telefonía, como tampoco se demostró la procedencia de la acción de responsabilidad civil por hechos ilícitos» menciona el fallo emitido.
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