En sesión de ayuntamiento l regidora Sara Mosqueda propuso reformar Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Puerto Vallarta para derogar concepto de “faltas a la moral y a las buenas costumbres”*
Cambios en el reglamento.
La regidora Sara Mosqueda, presentó iniciativa para derogar los conceptos “faltas a la moral y a las buenas costumbres”.
Cuyo objetivo es garantizar con claridad, objetividad y respeto a derechos fundamentales en la legislación local.
Esta Iniciativa promueve legislación inclusiva, evita interpretaciones subjetivas y fortalece seguridad jurídica.
En la sesión del cabildo celebrada hoy, la regidora Sara Mosqueda Torres, presidenta de la comisión edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, presentó una iniciativa de modificación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
La propuesta busca sustituir el concepto de «faltas a la moral y a las buenas costumbres» por el de «infracciones a la convivencia ciudadana».
La iniciativa, fundamentada en la necesidad de garantizar la claridad, objetividad y respeto a los derechos fundamentales en la legislación local, tiene como objetivo principal promover una legislación más inclusiva y evitar interpretaciones subjetivas y arbitrariedades en la aplicación de la norma.
“La vaguedad e imprecisión del término anterior pueden dar lugar a inconsistencias en la aplicación de las normas, lo que afecta el principio de seguridad jurídica”.
La edil Mosqueda dijo el cambio propuesto reconoce la diversidad de visiones culturales y religiosas, alineándose con los principios de igualdad y no discriminación.
Además, busca fortalecer la convivencia ciudadana y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas en Puerto Vallarta.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de reglamentos y puntos constitucionales, derechos humanos y justicia, igualdad y desarrollo humano integra y seguridad pública tránsito, donde se llevará a cabo su análisis, discusión y dictamen.
Se espera que este proceso promueva un debate constructivo y abierto, con el objetivo de lograr una legislación más justa y acorde a los principios de derechos humanos.
