Más de 300 funcionarios públicos de la administración de Enrique Alfaro están en la mira por su probable participación en el delito de desaparición forzada
“El sexenio de los desaparecidos” le apodaron algunos colectivos de búsqueda a la administración del emecista Enrique Alfaro, el exgobernador señalado por tener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que dejó a Jalisco con una crisis de 15 mil 382 personas desaparecidas -más de 8 mil de ellas mientras se encontraba en el cargo-; muchas de las víctimas fueron levantadas, secuestradas, arrestadas y nunca presentadas ante las autoridades competentes por agentes de las policías del estado.
Un informe realizado por académicos, periodistas y defensores de derechos humanos, coordinados por Jorge Ramírez, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, identificó que durante la administración de Enrique Alfaro existieron elementos para ejercer acción penal en contra de 305 servidores públicos por presuntamente participar en casos de desaparición de personas en Jalisco.
Apenas esta semana se confirmó la detención de cinco policías municipales de Poncitlán -tres de ellos en activo- por su probable participación en la desaparición de dos personas en 2019; los uniformados ya habían sido arrestados en la administración de Enrique Alfaro, pero un juez decidió no vincularlos a proceso y dejarlos en libertad.
En el informe “Desaparición forzada en Jalisco, más que casos, el motor de su crisis de personas desaparecidas” se identifican al menos 160 casos en los que ya existe alguna sentencia en contra de funcionarios públicos o, al menos, una denuncia activa en la que se señala a ciertas autoridades por haber participado en este tipo de delitos.
“Es prácticamente imposible hacer una desaparición en Jalisco si no estás coludido con la autoridad; las policías municipales funcionan como halcones; tenemos testimonios de su modus operandi. Ninguna sustracción ilegal de la libertad ocurre sin que vaya un elemento de la Fiscalía en el convoy”, señaló para este medio Héctor Flores, fundador del Colectivo Luz de Esperanza y quien busca a su hijo desde el 18 de mayo de 2021, cuando sujetos armados que dijeron ser de la Fiscalía entraron a su casa y se llevaron a Héctor Daniel Flores Hernández.
El “halconazo tapatío”
A principios de junio de 2020 Jalisco, México y el mundo entero se enfrentaba a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, pero pocos gobiernos enfrentaron la situación como el de Enrique Alfaro. El caso de Giovanni López (4 de mayo de 2020) se convirtió en un ejemplo de la represión ordenada por el mandatario y ejecutada por sus policías: agentes municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos arrestaron al joven albañil por no traer cubrebocas; cuando sus familiares fueron a buscarlo les dijeron que estaba en el Hospital Civil de Guadalajara, donde moriría horas después a causa de un traumatismo craneoencefálico.
La indignación por el asesinato de Giovanni incentivó una ola de protestas que duraron hasta el 11 de junio; los inconformes, jóvenes en su mayoría, cargaron pancartas con la leyenda “Alfaro asesino”, pintaron la fachada del Palacio de Gobierno e intentaron prenderle fuego a la puerta principal, incendiaron autos y se enfrentaron a la policía represiva del estado. El saldo al final de la jornada -según diversos reportes periodísticos- fue de más de 100 personas desaparecidas en lo que se llamó como “El halconazo tapatío”.
Las crónicas de los periodistas y testigos presentes afirman que agentes ministeriales subían a decenas de jóvenes a camionetas blancas, negras y rojas, sin identificarse ni órdenes de aprehensión, y los trasladaron a las oficinas y al estacionamiento de la Fiscalía.
Los especialistas encabezados por Jorge Ramírez refieren que los 160 casos que pudieron analizar les permiten establecer un total de 313 víctimas de desaparición forzada en Jalisco, de los cuales 80 casos ocurrieron en el marco del “halconazo tapatío” y en 40 casos se documentaron dos o más víctimas.
En ese 2020 Jalisco registró 18 casos de desaparición forzada y aunque no fue el año con más registros -2022 y 2023 lo superaron con 31 y 25, respectivamente- si quedó la huella de lo que la administración de Enrique Alfaro era capaz en términos de represión. En los años siguientes el gobernador insistió en cada oportunidad que tenía que “en Jalisco no hay crisis de desaparecidos”.
Policías municipales en la mira por desapariciones forzadas
Guadalajara, capital de Jalisco, es el municipio donde se concentran la mayoría de las desapariciones forzadas (34), seguido de Zapopan (27) y Tlajomulco de Zúñiga (13); estos dos últimos municipios también encabezan la lista de los hallazgos de fosas clandestinas con 35 y 70, respectivamente.
En cuanto a los servidores públicos investigados, sentenciados o señalados por haber participado en una desaparición forzada, son las corporaciones municipales las que concentran el mayor número (85), seguido por elementos de la Fiscalía (47), Fuerzas Federales (8) y Policía estatal (2); además hay otros 15 casos en los que sólo se menciona que las víctimas fueron detenidas por policías o que estuvo presente alguna patrulla.
En el informe se aclara que en varias denuncias se afirma que a las víctimas se las llevó gente que dijo ser de la Fiscalía: “No se puede asegurar que ocurrió una desaparición forzada (sólo por ese dicho), pero tampoco se deben descartar”.
“La misma Fiscalía aceptó que se llevó a mi hijo. Lo pusieron a disposición en Puente Grande (cárcel) sin tener orden de aprehensión ni carpeta de investigación en su contra. La misma Fiscalía le da esa información a la Comisión Estatal de Derechos humanos y un policía investigador me la da a mí; pero a más de tres años lo niegan e investigan otras líneas distintas a la desaparición forzada”, afirma Héctor Flores.
Es preciso señalar que el informe sobre desaparición forzada está sustentado sólo en las 4 mil 354 denuncias públicas en poder de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, lo que representa un tercio de las 15 mil 382 personas desaparecidas reconocidas en los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
Jalisco “perfeccionó” la desaparición forzada
Héctor Flores asegura contar con evidencia que prueba como las policías municipales funcionan como “halcones” del CJNG y que son los agentes de la Fiscalía quienes participan activamente en las desapariciones forzadas, cuya función es intervenir en caso de que los plagiarios se encuentren con alguna otra autoridad: “Son principalmente agentes de las áreas de narcomenudeo y órdenes de aprehensión”, afirma.
Si bien en la mayoría de los casos no están claros los motivos de las desapariciones, en entrevista para Infobae México, Jorge Ramírez recalcó que no se puede negar que el CJNG está íntimamente relacionado con esta crisis, ya sea por falsas promesas de trabajo que incluyen riqueza rápida y una aparente solución a la pobreza, por amenazas, chantaje, como escape a la violencia o en “privaciones de la libertad al azar” para engrosar las filas del narco como halcones, cuidadores de sembradíos, casas de seguridad, laboratorios, narcomenudistas o sicarios- con jóvenes en situaciones vulnerables.
Por eso no sorprende que de los 15 mil 382 desaparecidos en Jalisco, 13 mil 618 sean hombres y mil 764 mujeres; tampoco que 74 de las víctimas tengan entre 21 y 40 años y siete sean menores de 20 años.
En varios de los casos analizados por los especialistas se observan patrones como detenciones ilegales -sin ordenes de aprehensión o flagrancia-; que los responsables irrumpieron de manera violenta en los domicilios de las víctimas; viajaban armados y en grupos de 6 hombres en promedio y que en algunas ocasiones no se puso a los detenidos a disposición de las autoridades competentes.
Sin embargo, se resaltan dos modos de operación que apuntan a la presunta colusión de los agentes de seguridad con el crimen organizado:
- Entrega directa de personas detenidas, como ocurrió el 27 de febrero de 2020, cuando un sujeto se presentó ante las autoridades de Tlaquepaque y le solicitó a un juez que le entregara al detenido, de quien no se sabe nada desde entonces.
- Entrega indirecta de personas liberadas. Este modus operandi implica la detención por diversos motivos, la presentación a las autoridades correspondientes, el registro en las bases de datos y su posterior liberación, sólo para que desaparezcan en cuanto dejan la cárcel. Así ocurrió con tres hombres detenidos en julio de 2021 en San Ignacio Cerro Gordo, cuando la Policía Municipal los detuvo sin razón alguna y los llevó a la comisaría; cuando los dejaron en libertad y abordaron un taxi, un comando los interceptó, los golpeó y se los llevó en una camioneta sin que al día de hoy se conozca su paradero.
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