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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó lavado de dinero por un monto de 10 mil millones de pesos en operaciones vinculadas a cuentas de empresarios operadores de estaciones de servicio de gasolina cuyas ventas superan la adquisición de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que ya hay 15 personas a las que se les han bloqueado las cuentas y 24 más están en procedimiento.
El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, informó de la consignación al Poder Judicial del expediente de los tres funcionarios de Pemex encargados del monitoreo de ductos a los que se encontró responsabilidad penal y administrativa en su desempeño. Aunque hasta ahora no hay detenidos, se aguarda la asignación del caso al juzgado correspondiente.
Durante la presentación del informe de acciones emprendidas por el gobierno federal contra el robo de combustible, precisó que se abrieron mil 700 carpetas de investigación y se han incautado 4.5 millones de barriles de gasolina y 60 pipas que transportaban el hidrocarburo obtenido de forma ilegal.
En el reporte de las acciones, la responsable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó del hallazgo de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el reporte del impuesto sobre la renta de estaciones de gasolina por una suma de 3 mil 217 millones de pesos, de los cuales mil 742 millones se concentraron en Michoacán, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Baja California, estado de México y Tamaulipas
Este lunes, el gobierno federal presentó el informe sobre la instrumentación del plan en contra del robo de combustible, cuyos resultados en materia penal y de procedimientos administrativos refieren que la UIF identificó 14 mil operaciones inusuales y relevantes que amparan el movimiento de 10 mil millones de pesos.
Nieto Castillo sostuvo que “muchas gasolineras, a partir de la reforma energética lo que hacen es comprar a Pemex e importar combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa del Estado. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”.
Subrayó que de las indagatorias compartidas con el SAT de 32 casos específicos ya procesados –200 más que se acaban de recibir–, en cinco ya se solicitó a la PGR la pronta judicialización. “Estamos en presencia de empresarios, servidores públicos, como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y un ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Precisó el esquema para el blanqueo de dinero: “el modus operandi implica no sólo la comercialización del huachicol, del combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero, a través de diversas operaciones. Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan, en ocasiones, en más de 2 millones de dólares, además de la adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo.
Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y de sus familiares o personas cercanas. Y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos.
A su vez, Ríos-Farjat señaló que se realizaron auditorías y confrontas con los datos fiscales de 2017 para verificar el reporte de los impuestos enterados al fisco, de lo cual surgió la detección de los 3 mil 217 millones de pesos de inconsistencias fiscales. Subrayó que en tanto que estos contribuyentes –concesionarios de gasolineras– no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones.
Gertz Manero por su parte precisó que no ha habido detenidos dado que sólo ingresan los que son sorprendidos en flagrancia, en caso contrario uno tiene que llevar a cabo todo el procedimiento en carpeta y someterla al juez.
Refirió que para agilizar el procesamiento de las mil 700 carpetas, se incorporarán a los mil policías federales ministeriales que realizaban tareas de custodio de funcionarios hasta hace poco.
Reiteró que solamente ingresan los que son sorprendidos en flagrancia. Cuando no hay flagrancia, uno tiene que llevar a cabo todo el procedimiento de la carpeta, someterla al juez y éste nos dice si nos da oportunidad de sujetarlo a proceso o tenemos que llenar algún otro requisito.
En esta situación es en la que está este caso, quiero que quede muy claro para que no haya duda.
Por otro lado, consideró una calumnia la información que relaciona a las empresas que transportan gasolina a Pemex con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y rechazó cualquier vínculo.
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