Los exdirigentes del PRI Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones, piden al TEPJF anular los acuerdos de la Asamblea que abren la puerta a la reelección de Moreno
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres expresidentes del PRI, dos de ellos exintegrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, metieron hoy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la pugna interna del partido: en una demanda, la “primera de una larga cadena”, pidieron a los magistrados que anulen todos los acuerdos tomados durante la XXIV Asamblea Nacional del partido, incluyendo el que abre la puerta a la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional.
“La batalla jurídica apenas empieza”, advirtieron Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, quienes firmaron la impugnación ante el TEPJF precisando que cuentan “con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones”, el influyente priista de Sonora y próximo senador por la vía plurinominal.
Durante el sexenio de Peña Nieto, Ochoa Reza dirigió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Coldwell la Secretaría de Energía (Sener).
Ante la consumación del golpe urdido por el grupo de “Alito” Moreno para permanecer en la presidencia del partido hasta por 12 años, los tres expresidentes del PRI presentaron una demanda ante el TEPJF, con la intención de torcer el brazo del campechano: buscan que la autoridad electoral invalide la modificación al artículo 178 de los estatutos, adoptada en la Asamblea Nacional del pasado 7 de julio, la cual permite la reelección del presidente “hasta por 3 periodos consecutivos de 4 años”.
Entre sus argumentos, los expresidentes aseveran que Moreno no podía realizar reformas estatutarias al PRI durante el proceso electoral, que no le correspondía al Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) emitir el reglamento de la Asamblea Nacional –esa facultad incumbe al Consejo Político Nacional–, que el plazo de 30 días entre la convocatoria y la sesión de la Asamblea Nacional fue “irracional e insuficiente para desahogar todas las etapas”, y que una parte de los delegados no tuvieron el tiempo ni los elementos necesarios para “adoptar una decisión informada”.
Con esta impugnación, la ruptura al interior del PRI subió de un nivel, pues las pugnas internas dejaron su lugar a una batalla judicial; derrocados al interior de su organización, los disidentes pretenden que jueces y magistrados los ayuden a impedir la imposición de Moreno al frente de un partido que controló México durante más de siete décadas, pero que en los últimos 6 años se ha convertido en una fuerza menor dentro del ecosistema político del país.
