La supuesta “desaparición” de un objeto valuado en 750 millones de dólares mientras permanece en resguardo ministerial no resulta nada inverosímil. La Fiscalía General ya ha extraviado otros objetos que tenía asegurados por estar vinculados a investigaciones federales.
proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La semana pasada se dio a conocer que el dueño de un avión privado reportó el extravío de la aeronave que se encontraba en el hangar 5 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero el hecho ya fue desmentido.
Proceso confirmó que la aeronave se encuentra asegurada desde el año pasado por la Fiscalía General de la República (FGR) y no ha salido del AICM, como afirmó el dueño en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a que todo caso relacionado con la aviación es de competencia federal.
Aunque la “desaparición” de un objeto de tal calado como lo es un avión valuado en 750 millones de dólares mientras permanece en resguardo ministerial no resulta nada inverosímil pues la FGR ya ha extraviado objetos que tenía asegurados por estar vinculados a investigaciones federales.
LA LANCHA DE DUARTE
Desde el año 2018 la extinta PGR dio a conocer que perdió una lancha con un valor actual de más de 13 millones de pesos y que fue adquirida por órdenes del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como una inversión del dinero que desvió del erario, conducta por la que permanece en el Reclusorio Norte cumpliendo una sentencia de 9 años de prisión.
Durante la audiencia en la que el exmandatario estatal fue sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa, el 26 de septiembre de 2018, el ministerio público federal enlistó un total de 40 bienes de los cuales solicitó el decomiso como parte de la condena contra Duarte y señaló la lancha de la cual desconocían su paradero.
La lancha forma parte de la carpeta de investigación por la que Duarte fue detenido en abril del año 2017 en la que según las declaraciones de testigos afirmaron que el ex gobernador ordenó adquirir un navío “digno de su investidura” desde agosto de 2011 y que, según los fiscales del caso, pudo estrenar hasta febrero de 2013 durante la celebración de la Candelaria en el río de Tlacotalpan, Veracruz.
Alfonso Ortega López, identificado por la PGR como prestanombres del exmandatario estatal, indicó a las autoridades que para comprar la lancha se constituyó una empresa en Estados Unidos denominada Alpargata Marine Venture Score, misma que figura como propietaria del navío.
La compra se concretó en 790 mil dólares que al tipo de cambio actual equivalen a 13 millones 256 mil 200 pesos pero cuando Duarte la estrenó en el río de Tlacotalpan, el navío sufrió una avería, razón por la que fue enviada a reparar.
A partir de ese momento, la PGR le perdió la pista a la lancha y no pudo asegurarla aunque forma parte del decomiso solicitado como condena contra Javier Duarte.
LAS JOYAS
El pasado 12 de junio, Proceso informó que en cumplimiento a un fallo emitido ese día por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la FGR separó de su cargo al fiscal Víctor Manuel Munguía Baltazar y a Celia Almaguer Hernández, directora general adjunta encargada de despacho de la Oficina del Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), e inició carpeta de investigación en contra de ambos.
El caso por el que los exfuncionarios fueron separados del cargo derivó del reclamo de Érika Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián Betancourt, apoderados de diversas joyerías cateadas en el año 2014 por la extinta PGR cuyo dueño era el supuesto contrabandista turco Apel Celik. Durante las diligencias fueron asegurados 4 mil 569 diamantes y otras piedras preciosas valuadas en más de 235 millones de pesos.
Los apoderados de las joyerías solicitaron en noviembre de 2017 la devolución de las joyas, pero ese año la UEAF les indicó que no todas se encontraron en la bóveda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde supuestamente habían sido almacenadas y que faltaban piezas por un monto de 53 millones de pesos.
Los quejosos presentaron documentos para acreditar el ingreso legal de las joyas a territorio mexicano pero en enero de 2019 y pese a la pérdida de algunas de ellas la UEAF rechazó levantar el aseguramiento.
A través de un amparo una juez y un tribunal colegiado ordenaron a la UAEF reconocer las pruebas ofrecidas por los quejosos y realizar una diligencia de cotejo de comprobantes con las piezas y levantar el aseguramiento de las mismas para devolverlas a sus dueños.
Sin embargo, el 14 de octubre de 2019 la FGR decretó el abandono de las joyas que aún tenía en su poder a favor del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), sin informar al juzgado de amparo hasta el 27 de noviembre siguiente afirmando que ante ello le era imposible cumplir con el amparo.
Por eso, el caso llegó hasta la Corte donde los ministros de la Segunda Sala determinaron que los ahora exfuncionarios de la UEAF incumplieron con el amparo e incurrieron en encubrimiento y ocultamiento de información.
Apel Celik fue sentenciado desde la década de los 90 en su país por quiebra fraudulenta y en México fue señalado como traficante internacional de diamantes y piedras preciosas.
