Hace unos días se reveló que Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés López Beltrán, obtuvo contratos millonarios en adquisición de medicamentos y material de curación de varios estados
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La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en la asignación de fondos para la compra de medicamentos en el estado de Quintana Roo. Los hechos denunciados implican a la empresa ROMEDIC, S.A. de C.V. de Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien es amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las acusaciones se basan en un reportaje titulado “El Clan” que fue difundido por Latinus, el cual denuncia un contrato sustancial entre el Gobierno de Quintana Roo y ROMEDIC, para el suministro de medicamentos y materiales de curación a clínicas de salud, por un monto de más de 304 millones de pesos.
El contrato, con una duración de sólo cuatro días, del 27 al 30 de diciembre de 2022, se encuentra bajo sospecha debido a que era una empresa de reciente creación.
Pérez-Jaén Zermeño enfatizó la preocupación sobre la efectividad de la empresa para distribuir los productos médicos en tan corto período, así como el hecho de que ROMEDIC estaba boletinada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) previo a la firma del contrato.
El medio antes citado también detalló algunas grabaciones a las que tuvo acceso en las que Jorge Amílcar alardea de su influencia en contrataciones gubernamentales y su conexión con el secretario de Finanzas de Quintana Roo.
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La legisladora también destacó la revelación que se hizo acerca de que ROMEDIC obtuvo contratos millonarios con el gobierno de Tabasco ―dirigido en ese entonces por Adán Augusto López Hernández― compuesto de fondos federales y estatales.
Pérez-Jaén argumenta que estos hechos se configuran como esquemas ilegítimos y ha exigido investigaciones profundas para determinar la posible existencia de delitos, involucramiento de funcionarios y la conexión con familiares del Presidente.
La diputada ha remarcado la necesidad de una investigación transparente y rigurosa por parte de la FGR, invocando que las indagaciones podrían revelar la participación indirecta de Andy López Beltrán en estos contratos.
Finalmente, Pérez-Jaén Zermeño desafió al presidente a permitir las investigaciones necesarias para demostrar que no existen conductas ilegales entre las conexiones políticas y de negocios de su gobierno.
“Tranquilo con el tribunal de mi conciencia”
En la víspera, el presidente López Obrador habló sobre el caso de su hijo “Andy” y aseguró que tiene su conciencia tranquila y que se siente feliz pese a que ya entró en la recta final de su mandato.
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Al subrayar que no tiene apego al dinero o al poder, señaló que no se aferra a su cargo. “Esto es lo que me permite resistir, lo que me ha permitido luchar por muchos años por mis ideales, por mis principios, y poder decir, casi al final de mi mandato, que me siento muy feliz, y que estoy, en verdad, muy tranquilo con el tribunal de mi conciencia”, indicó.
El pasado viernes también rompió el silencio e ironizó: “Qué barbaridad. Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver”.
Luego defendió a su hijo y cuestionó a los medios: “¿Qué tiene que ver Andrés? En el supuesto de que es su amigo, ¿qué tiene que ver si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito?”, increpó.
Inmediatamente después de que salió la publicación, la precandidata del Frente Amplio Por México (FAM), Xóchitl Gálvez, y el Partido Acción Nacional (PAN), urgieron a aclarar los contratos otorgados por el gobierno federal.
Al asegurar que “no tienen llenadera”, la panista dijo a través de su cuenta de X que “se debe investigar la red de contratos de distribución de medicamentos del hijo del Presidente y sus cuates”.
Por su parte, el grupo parlamentario del blanquiazul en la Cámara de Diputados condenó los supuestos actos de corrupción y exigió a la FGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos internos de control que se realicen investigaciones y, de ameritarlo, se apliquen sanciones.
