La presidenta Claudia Sheinbaum heredó un paquete de reformas importantes que deberán ser aprobadas por los Diputados.
elfinanciero.com.mx
Para completar el paquete de las 20 reformas constitucionales que heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la fusión y desaparición de los órganos autónomos, la extorsión como delito grave y la igualdad sustantiva son las próximas en la lista que aprobará por la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el pleno de las cámaras del Congreso de la Unión, adelantó el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.
También anticipó que antes de que termine este año, en el actual periodo ordinario de sesiones, se aprobarán las iniciativas para castigar con mayor rigor la producción y comercialización del fentanilo. la elaboración, expedición y uso de facturas falsas y la protección animal.
En su mensaje dominical en redes sociales, anunció que, además, se acelerará en comisiones y en el pleno las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, para la reorganización administrativa.
“Es decir, nos corresponde continuar con un modelo de país más humano, más justo, más equilibrado”, expresó.
Destacó que viene uno de los momentos más intensos de la actual legislatura -que en sólo 60 días de ejercicio ya reformó 39 artículos de la Constitución-, y que en la agenda está incluida ya también la presentación de las iniciativas de reformas y de nuevas leyes reglamentarias, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de carrera judicial y la de responsabilidades.
¿Qué reformas faltan por aprobar?
El Poder Legislativo tiene que cumplir con el cúmulo de responsabilidades que adquirimos con la población, dijo, “aunque por ello nos ataquen, nos cuestionen o nos ofendan, son asuntos menores que debemos enfrentar con firmeza, ante las razones de Estado que nos motivan y nos comprometen con la mayoría del pueblo”, sostuvo.
“Ha sido el periodo legislativo más intenso de las últimas décadas, y la reforma más profunda es la relativa al Poder Judicial. Otras, igualmente relevantes, son las de acceso a la justicia para los pueblos originarios, derechos de las y los trabajadores, como el salario mínimo; la política social como prioridad del Estado mexicano, la vivienda elevada a rango constitucional, la recuperación del Estado del servicio público de tren de pasajeros, la rectoría energética y la reincorporación de las empresas públicas que habían sido privatizadas”, recordó.
Consideró que “estas y las demás reformas son en beneficio de la población, y se debe comprender que es un compromiso adquirido en las urnas y que vamos a continuar con nuestra obligación con la mayoría del pueblo de México”.
