proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha violentado la ley y el principio de la división de poderes, abusando de sus facultades y solapando desacatos, manifestaron Gerardo Villegas y Antonio Tarín, exfuncionarios ligados a César Duarte y quienes están involucrados en el presunto desvío de 250 millones de pesos.
En una carta a medios, ambos exfuncionarios reviraron la postura del mandatario estatal al precisar que, en semanas pasadas, el juez federal Gerardo Moreno García consideró que los hechos que originaron la causa penal 780/2017, en donde se les involucra, eran de competencia federal y debían de ser juzgados en ese ámbito.
Sin embargo, el gobierno local ha desacatado el fallo y denunciaron que el director del penal de Aquiles Serdán ha negado en 4 ocasiones dar cumplimiento a lo ordenado por una autoridad federal.
Gerardo Villegas y Antonio Tarín pusieron énfasis en que han sido sometidos a tortura desde hace un año y desde el operativo del viernes se ha intensificado, por lo que exhortaron a Corral a que se conduzca con la verdad, que deje su capacidad histriónica y tome con seriedad su trabajo como gobernador.
“Deje de violentar el principio de la división de poderes, actúe con respeto a nuestros derechos humanos y a los de todos los chihuahuenses que le exigen que así como montó un operativo para impedir la ley, lo haga para brindar seguridad en nuestro Estado”, remataron.
Después de los hechos acontecidos el pasado viernes 11 -en que elementos estatales y federales se tensaron ante un intento de traslado de ellos y de Alejandro Gutiérrez, también involucrado en el presunto delito-, los exfuncionarios reclamaron:
“En esta novela que el propio Corral ha ido escribiendo a su manera es importante precisar que el Poder Judicial del Estado ha solapado esta venganza inventando audiencias sin sustento jurídico y violentando nuestros derechos humanos en repetidas ocasiones”.
En el documento difundido por los duartistas, reseñan las supuestas violaciones.
“La primera de ellas dentro de este conflicto, fue cuando sin justificación legal alguna, el Juez de Control de Chihuahua celebró una audiencia para pronunciarse sobre su inconformidad de habérsele inhibido para seguir conociendo de los hechos por ser incompetente, con la única intención de que el Tribunal Colegiado de Chihuahua fuera el que conociera del conflicto competencial y resolviera así a favor de los intereses del Gobernador”.
No obstante lo anterior, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, previo a que Corral obtuviera su objetivo, resolvió que el juez competente para conocer la causa penal del desvío de los recursos que iban supuestamente dirigidos al PRI, era el juez federal, subrayaron.
No obstante, el gobierno de Chihuahua interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, siendo que este medio de impugnación es improcedente, lo que “evidencia que ni Corral ni sus asesores conocen de leyes y mucho menos están dispuestos a cumplirla”.
En el escrito, Villegas y Tarín consideran que el gobierno estatal y el poder judicial hacen actos desesperados, como:
“1. Un juicio de amparo promovido por el Director Jurídico De la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Chihuahua, Pedro Oliva, en donde se le otorgó una suspensión para que no fuéramos trasladados y misma que fue revocada por un Tribunal Colegiado, por un recurso de queja interpuesto por nuestra defensa donde se evidenció que nuestro traslado no afecta de ninguna forma su derecho como “víctima”. Demostrando una vez más su inexistente conocimiento del Derecho.
“2. El más grave y violatorio de todos estos intentos fue el pasado miércoles 9 de mayo a las 22:00hrs cuando nos fue notificada una audiencia por el Juez de Control Alexis Ornelas, donde a través de la causa 4094/2017 misma en la que no estamos vinculados y que pertenece a diverso imputado y que de acuerdo al citatorio era para discutir nuestro traslado. Esta audiencia tenía lugar al día siguiente a las 14:00hrs, por lo que la notificaron 17 horas antes, sin tomar en consideración las 48hrs en las que por ley debe de notificar a abogados defensores.
“Así pues fuimos trasladados para dicha audiencia donde al no haber sido notificados con tiempo, ninguno de nuestros defensores pudo acudir y nos fueron impuestos (a pesar de manifestarle en repetidas ocasiones nuestra negativa) los abogados de oficio. Por lo que resulta incongruente y risible que el debate sobre nuestro traslado en una causa donde NO tenemos ninguna participación, se estaba llevando a cabo entre puras partes pertenecientes y afines a los intereses del señor Javier Corral Jurado”.
Los denunciantes acusaron que Corral guarda silencio para decir que los mantuvieron incomunicados por más de 24 horas para que no pudieran avisar a sus familias y a sus abogados sobre la audiencia que se llevaría a cabo, al grado de tener que promover un juicio de amparo.
“3. Promovieron también un juicio de amparo en la Ciudad de México con el que pretendían que se le diera una intervención a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima en el proceso penal y con el que buscaban suspender la audiencia del pasado viernes 11 de mayo, sin embargo les fue nuevamente negado ante la inexistente argumentación jurídica de su acto reclamado y no pudieron cumplir con su objetivo”.
Y como último punto, acotaron: “El viernes 11 de mayo aproximadamente a las 20:50hrs y ante la presencia de Carlos Emmanuel Aguirre, abogado defensor del Señor Jaime Herrera, la audiencia concluyó y en menos de 10 minutos, en un operativo nunca antes visto (incluso en una entidad que es azotada por los asesinatos) más de 60 unidades de la Policía Estatal, elementos de la Ministerial y unidades de vialidad, cercaron alrededor de 3 cuadras a la redonda los accesos al edificio del Poder Judicial Federal en esta ciudad, evidenciando la intervención y el uso de la fuerza en nuestro traslado.
En su misiva, los exfuncionarios sostuvieron que el juez de control de Chihuahua no ha enviado la totalidad de la causa penal 780/2017 al juez federal.
Según ellos, dentro de la información que ocultan las autoridades locales destacan los sobres lacrados con la identidad de los testigos con identidad reservada por miedo a que se descubra la justicia selectiva con la que han actuado con los verdaderos culpables y la ilegalidad de sus testimonios.
“Al señor Corral le da miedo que seamos sometidos a un proceso justo y bajo los términos que marca la ley”, alegaron.
“Le da miedo también que se descubra la ilegalidad con la que le otorgaron un criterio de oportunidad al responsable del recurso público en la pasada administración, el exsecretario de Haciendo Jaime Ramón Herrera Corral”.
