El director de la CFE se ha deslindado de las acusaciones que lo vinculan con el caso
El caso de Enrique ‘Kiki’ Camarena, un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA) secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985 en Jalisco, es uno de los más emblemáticos en la historia del crimen organizado.
Después de dos días de intensas golpizas e interrogatorios, Camarena fue asesinado por hombres del Cártel de Guadalajara con un tubo de metal. La causa certificada de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico por un impacto directo en la cabeza. Su homicidio detonó una intensa presión de Estados Unidos contra el Gobierno de México, lo cual llevó a la desarticulación de la cúpula del grupo criminal.
A 39 años de aquel suceso, la antropóloga Ieva Jusionyte y los periodistas Juan Alberto Cedillo y Ioan Grillo dieron a conocer un documento desclasificado del Gobierno de EEUU que refleja las sospechas existentes, al menos desde 1986, de la posible vinculación de Manuel Bartlett Díaz con el crimen.
El memorándum fue enviado desde la Embajada de EEUU en la Ciudad de México al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en marzo de 1986. La y los especialistas citados previamente lo obtuvieron después de dos años de solicitudes de información.
Dicho mensaje establece que la oficina diplomática en la capital mexicana tenía “fuertes sospechas de que las actividades de protección para narcotraficantes posiblemente llegaron al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Si bien se trata solamente de sólidas sospechas debido a los indicios de corrupción generalizada y las actividades de extorsión de [censurado], no es difícil concluir lógicamente que estas actividades, en última instancia, benefician a los principales líderes del gobierno mexicano”.
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Otro fragmento del comunicado señala que una fuente confidencial en el extranjero —posiblemente un funcionario mexicano— tenía especulaciones sobre Bartlett respecto a este asunto. Sin embargo, los detalles del testimonio están censurados. Aunado a ello, se especifica que la vida de uno de sus informantes podía correr peligro por hablar con agentes estadounidenses.
Declaraciones de funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU, retomadas por el periodista Jesús Esquivel para Proceso en 2021, señalan que Bartlett —aún director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— podría ser detenido si pisa aquel país, ya que su nombre ha sido mencionado en múltiples testimonios del caso.
Varios documentos de la investigación sostienen que Manuel Bartlett, presuntamente, habría participado en reuniones con criminales y funcionarios antes del secuestro y después del asesinato de ‘Kiki’ Camarena. En junio de 2021, Bartlett calificó tales señalamientos como “una falacia”.
El 23 de marzo de 2023 el juez federal John A. Kronstadt, adscrito a la Corte del Distrito Central de California, ordenó que se reabriera el juicio debido a que, en su momento, el FBI habría presentado evidencias carentes de sustento contra Raúl López Álvarez, expolicía judicial de Jalisco.
López Álvarez fue detenido en octubre de 1987 y, según sus propios argumentos, le mintió a un agente de la DEA al decir que había asesinado a ‘Kiki’ Camarena. Supuestamente, exageró su relación con el caso para convencer a todos de que era un narcotraficante de alto nivel y, de esta forma, crear amistades con los líderes del Cártel de Guadalajara. El juez Kronstadt ordenó su liberación en junio de 2023, tras casi cuatro décadas en prisión.
