WASHINGTON (Proceso).- Eduardo Balarezo rechaza ser etiquetado como narcoabogado y, aunque defiende a uno de los traficantes más reconocidos en el mundo, Joaquín Guzmán Loera, dice en entrevista: “Yo a Joaquín lo considero un cliente, no El Chapo, el dicho líder del Cártel de Sinaloa, ni como a un gran narcotraficante como lo pinta la fiscalía”, es decir el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, admite que Guzmán “tiene un perfil en los medios muy alto, un perfil en el negocio legal muy alto y sé que viene con mucho bagaje; es diferente y un poco más difícil”.
Antes de asumir la defensa legal de Guzmán Loera en Nueva York, Balarezo ya había representado en la corte federal del Distrito de Columbia a dos figuras sobresalientes del narcotráfico mexicano; Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo y Zhenli Ye Gon. Perdió esos dos casos. Guzmán Loera es acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio, entre otros delitos por los que podría ser sentenciado a cadena perpetua.
Clientes de Balarezo conocían a los representantes legales del presunto cabecilla de una de las facciones del Cártel de Sinaloa. A éste, dice el litigante, “lo conocí en febrero de 2017, un mes después de que llegó extraditado a Estados Unidos”.
Entonces iniciaron sus contactos formales con la esposa y una hermana de Guzmán, Ema Coronel Aispuro y Bernarda, respectivamente. “Me pidieron que lo fuera a visitar a Nueva York, fui y empezó la relación”, comenta.
–¿Con quién de la familia de Guzmán Loera definió el costo de sus honorarios para defender al Chapo? –se le pregunta.
–Esos temas son confidenciales; el acuerdo se hizo con el cliente, con Joaquín.
–¿Le han pagado?
–Nunca entro al caso sin haber recibido algo y he dicho muchas veces que he recibido una parte del pago, no todo.
Evitando revelar el monto que fijó en el contrato para defender a quien el gobierno de Estados Unidos cataloga como el narcotraficante más poderoso y peligroso del planeta, Balarezo se limita a decir que hasta el momento ha recibido “25%” de sus honorarios. Tampoco revela quién le entrega directamente su dinero. “Puedo decir que no es Ema, pero no puedo decir quién me paga”, comenta.
Se ríe cuando añade que el gobierno estadunidense propaga mitos sobre su cliente, como ese de que el Departamento del Tesoro le quiere decomisar 14 mil millones de dólares. “Nunca los van a obtener, nunca le han quitado ni un centavo que yo sepa. Pero es algo para el circo que se ha vuelto este caso, porque es una cifra increíble. La gente va a ver la cifra y a pensar que este hombre es un millonario. Es ridículo”, señala.
Por tratarse de un delincuente extranjero definido como “narcotraficante más significativo” en términos de la ley de Estados Unidos, cualquier aspecto económico del Chapo está sujeto a la jurisdicción de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
Hasta el último centavo manejado por Guzmán o manejado por él está sujeto a confiscación por las autoridades estadunidenses si se mueve en el territorio de éstas; por ello Balarezo, antes de defender a su cliente, obtuvo una licencia de la OFAC y debe rendirle cuentas cada tres meses sobre sus emolumentos.
“Cuando voy al banco tengo que hacer mis declaraciones de impuestos y los fiscales que manejan el caso tienen acceso a todo esto. Todo lo que he hecho en relación con los pagos de este caso está claro y correcto”, afirma.
Los “mitos” de la fiscalía
Después de varios desencuentros entre la defensa de Guzmán y el Departamento de Justicia, el lunes 5 de noviembre comenzará el juicio dirigido por el juez federal Brian Cogan.
A través de su abogado, El Chapo se ha quejado de trato inhumano porque lo tienen en una celda pequeña, vigilado las 24 horas y apartado del resto de los internos de la prisión federal de Manhattan, lo que según él ya afectó su salud.
Su defensor lo visita cada semana personalmente, pero el resto de los días quien atiende al Chapo, durante cuatro o cinco horas, es un equipo que Balarezo contrató en la oficina especial que abrió en Nueva York para atender este asunto. De esa forma, comenta, “tengo comunicación diaria con él por medio de mis asistentes”.
–¿Guzmán está consciente del caso y lo entiende?
–Él entiende el caso con claridad. Nos hemos quejado de que está sufriendo psicológicamente, pero no estamos diciendo que sea incompetente. Las condiciones en las que lo tienen le están afectando mucho; la memoria sí le está fallando en el sentido de que a veces ya no recuerda ciertas cosas o nos pregunta o dice las mismas cosas varias veces. En el año y pico que lo conozco he notado que ha decaído su habilidad mental. No está loco, no está incompetente, no está incoherente; tiene conocimiento de lo que está pasando y lo que enfrentamos.
El gobierno de Estados Unidos argumenta que las condiciones de reclusión de Guzmán Loera corresponden a un criminal catalogado como de alta peligrosidad. Su defensor asegura que su cliente lo sabe:
“Por supuesto lo tienen en esas condiciones por las fugas que han sucedido en México. Se entiende que el gobierno de Estados Unidos tiene ciertas preocupaciones por él, pero tenemos que ser realistas: no está en una cárcel en México; tampoco va a comprar a los guardias aquí. Es absolutamente exagerado como lo tienen.
“Está en la mitad de la ciudad de Manhattan, en el décimo piso de una cárcel. Nadie va a construir un túnel en un edificio de 10 pisos, nadie lo va a sacar por un carrito de la lavandería ni con un helicóptero. No va a pasar.”
Otro asunto que se ha mantenido en secreto es el motivo de que el juez prohibiera las visitas de Ema Coronel a su esposo. Según Balarezo, ni siquiera se hizo público el argumento que presentó el Departamento de Justicia para conseguir esa y otras medidas contra el acusado:
“El juez ha tomado decisiones que han afectado mucho al caso: que él no pueda ver a la esposa, que el jurado sea anónimo y esté protegido, y ahora (su postura ante) la moción que presentamos de pasar el caso de Brooklyn a Manhattan. ¿Qué puede haber que sea secreto para que afecte esto? No sé, ha habido 10 conversaciones así, donde estamos en desventaja tremenda porque no sabemos qué le ha dicho el gobierno al juez para que decida esas cosas. No podemos litigar ni protestar en contra de ellas porque no sabemos de qué se trata y el juez ha dicho que eso es correcto.”
La corte federal en Nueva York sólo autorizó que Ema Coronel platicara por teléfono con Guzmán. Ella procura asistir a todas las audiencias en Nueva York acompañada de sus hijas gemelas, pues a decir del litigante “las niñas lo visitan cada vez que vienen a las audiencias, les dan una visita de una hora. No lo pueden abrazar ni besar, lo ven a través de una ventanilla. Y todo esta monitoreado, siempre que van están unos agentes. Es un caso ridículo: él no puede pasar mensajes a terceros. Un día les dijo a las niñas que le saludaran a la mamá, que la quiere, y le cortaron la visita porque ese era un mensaje”.
–¿Usted se comunica con Ema Coronel?
–Sí.
–¿Cada cuánto tiempo?
–Varias veces a la semana. Depende de lo que se necesite hacer y de lo que esté pasando.
Los retos del juicio
Representar a Guzmán Loera contra el gobierno de Estados Unidos, y más en la era del internet, las redes sociales, las narcoseries y narconovelas que están de moda, es un camino a la fama y puede darle mucho dinero y prestigio. Sin embargo, Balarezo sostiene que el asunto es del “más alto perfil”, pero sólo eso.
Añade que incluso le sale caro: “Los gastos han sido grandes; los viajes, la gente y una oficina en Nueva York. Ya tenía una, pero ahora tengo otra en Brooklyn sólo por este caso”.
–Este juicio puede crearle una reputación que en el futuro atraiga a clientes con perfil similar.
–Eso parece a primera vista, porque podrían decir: “Al ser abogado del Chapo tiene que ser bueno y voy a contratarlo”. Pero no es tan fácil. En el caso de Joaquín van a declarar muchas personas contra él. Además, desde que empecé a representarlo he rechazado tres casos.
–¿Importantes?
–Lo suficiente; hubieran dado buen dinero. Se trataba de tres personas acusadas por Estados Unidos de narcotráfico. Cuando me buscaron estaban en otro sitio y ya dos están aquí, extraditados. Los tuve que rechazar porque me hubieran causado un conflicto, ya que van a declarar en contra de él. No se puede.
En cuanto a la posibilidad de que el gobierno estadunidense lo esté espiando, dado el asunto que lleva, dice que no le preocupa:
“No es algo que piense y lo tome como paranoico, pero si lo están haciendo no me sorprendería. Un abogado amigo mío me aconsejó que cuando hable por teléfono nunca diga nada que no quiera escuchar en una corte después; siempre lo tengo en mente. No me preocupa mucho porque no estoy haciendo nada incorrecto o ilegal. De vez en cuando, al hablar por teléfono con alguien, saludo a los fiscales por si acaso”.
–¿Con quién más de la familia Guzmán Loera habla del caso?
–Con sus hermanas Bernarda y Armida, además de otras personas que por varias razones no puedo identificar, familiares de él.
–¿Ha viajado a México para esas comunicaciones?
–No, todo es por teléfono. No quiero ser Sean Penn.
–Como abogado, ¿qué expectativas tiene en este caso?
–Es diferente por el personaje, por la cantidad de pruebas que se esperan, por los recursos que la fiscalía y el gobierno de Estados Unidos están destinando para llegar a una condena de Joaquín. Nosotros estamos bien claros de que el proceso y el juicio van a ser muy difíciles, pero no entramos con el pensamiento de que el caso está perdido. Al cliente no le puedo garantizar nada, sólo que voy a hacer mi mejor esfuerzo y que hay que tomar en cuenta también que un jurado va a decidir si es culpable o inocente.
“Doce personas, ciudadanos de Nueva York, van a decidir si las pruebas de la fiscalía son suficientes para condenar a Joaquín o no. Lo que diga la fiscalía no me interesa. Con todo respeto al juez, lo que él tenga que decir de mi cliente no me interesa; no estoy diciendo que no lo escucho, sino que a quien voy a dirigirme en el juicio es al jurado. Tiene que ser una decisión unánime. Si una o dos personas están en desacuerdo no lo pueden condenar. Por eso nunca voy a llegar a ese punto de decir que ya perdí el caso. Vamos a luchar para Joaquín en el juicio, para ganar; es muy posible que no lo logremos, pero así es.”
–¿Cuántos testigos cree usted que vaya a presentar la fiscalía?
–Diría que unos 60 o 70, si no es que más, y probablemente la mitad de ellos serán testigos protegidos, soplones, informantes, sapos.
–Se dice que Jesús Vicente Zambada Niebla sería un testigo clave de la fiscalía. ¿Su cliente está consciente de esto?
–Obviamente.
–¿Tiene temor a eso?
–No.
–¿Qué le ha dicho al respecto?
–Mis conversaciones son confidenciales. Lo de Vicente es público; está colaborando con las autoridades y es posible que lo veamos en este caso. Mi cliente está muy consciente de quién es y qué ha dicho en este caso hasta este punto, pero estamos preparados para enfrentarnos con él.
Además, se han señalado como posibles testigos del Departamento de Justicia contra El Chapo a Édgar Valdez Villarreal La Barbie, Dámaso López Núñez El Licenciado, su hijo Dámaso López Serrano El Mini Licenciado, los hermanos Pedro y Margarito Flores, entre otras figuras notables del narcotráfico mexicano que se encuentran en poder del gobierno estadunidense.
–¿Será un juicio largo?
–La fiscalía espera que dure unos cuatro meses, de noviembre a febrero o quizás hasta marzo, con cuatro días a la semana de juicio. Conozco a los fiscales, sé cómo preparan sus casos y por eso creo que durará hasta finales de marzo. El jurado se puede tomar más tiempo en deliberar para decidir la sentencia. A él no lo van a condenar. Si es que lo sentencian, hasta fin del año tal vez.
Este texto se publicó el 29 de julio de 2018 en la edición 2178 de la revista Proceso.
