proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- En 2015, tras la aprobación de la batería de leyes sobre la reforma energética, en el Congreso se atoró la llamada Ley Korenfeld que pretendía una modernización de la Ley de Aguas. En 2016 y en 2018, el último intento se dio en la Cámara de Diputados, a través de la llamada Ley Pichardo, impulsada por el hijo del exgobernador del Estado de México.
La cultura del negocio privado de los bienes públicos, tan aprendida con Carlos Hank González por la cleptocracia mexiquense, no pudo consumarse mediante una ley.
De manera subrepticia, en plena campaña presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que, si no se podía por la vía de una nueva ley, el gran negocio del agua tenía que hacerse mediante decreto presidencial. Y así fue que el pasado miércoles 6, en el Diario Oficial de la Federación, Peña Nieto firmó un decreto que autoriza el “reordenamiento” de 295 de un total de 757 cuencas hídricas del país, que representan el 55% de las aguas superficiales.
El decreto permite modificar las “vedas existentes” para la explotación de estas cuencas hídricas y abre prácticamente la modificación para las concesiones de la explotación del agua en estos lugares. Según la coalición Agua Para Todos, se trata de una privatización de facto porque al levantar la veda se abren las puertas para comercializar el 55% del agua existente, a través de organismos y operadores empresariales que pueden operar a nivel municipal (el espacio político que pretenden defender los priistas en las elecciones del 1 de julio) y entregarlas a empresas mineras, de hidrocarburos, turísticas y, sobre todo, inmobiliarias.
La misma coalición Agua Para Todos advirtió que el decretazo del 6 de junio de Peña Nieto “va a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar volúmenes de agua que tengan las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de los sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y sectores urbano populares”. Estarían afectando a cerca de 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente que está en manos de comunidades indígenas.
Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), como Pedro Moctezuma Barragán, consultado por el portal Sin Embargo, aclaró que “la figura de la veda protege a los acuíferos de la sobrexplotación. Nos quieren dorar la píldora como si fuera algo favorable a la ecología, cuando más bien lo que hace es dejar vulnerable al país a una dinámica de privatización que ya se ha venido dando”.
La privatización es evidente y se aceleró durante la administración de Korenfeld en la Conagua, y de su sucesor. También es claro lo que ha sucedido en algunas zonas del país como en Mexicali, donde emergió un movimiento social en defensa del agua, precisamente por la política explícita del gobierno panista local y del gobierno priista federal para beneficiar a la cervecera Consetellation Brands a costa de los agricultores del Valle de Mexicali y de los propios habitantes de la capital de Baja California.
Sólo hasta que se generó un escándalo en las redes sociales y en algunos medios impresos, la Conagua emitió el 18 de junio un comunicado que, en lugar de explicar, deja más confusos los términos del decretazo de Peña Nieto.
El comunicado de la comisión responsable del manejo de las grandes cuencas hídricas del país tiene “perlas” como las siguientes:
1. “De ninguna manera otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen (sic), en una proyección a 50 años”. ¿Y qué va a pasar con los mexicanos que ya nacieron y que tienen escasez de agua? ¿Cómo se va a garantizar este suministro para consumo humano en los próximos 50 años? Eso no lo dice el boletín, pero todos los organismos especializados señalan que se trata del clásico negocio de asociación público-privado (APP), que es la nueva modalidad tecnocrática para disfrazar las privatizaciones.
2. Con las reservas del agua se busca “ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarían lugares emblemáticos que no hay en ningún lugar del planeta, como la Selva Lacandona, en Chiapas, y no se afectarían los derechos y concesiones de otros usuarios”. La Conagua se convirtió en Secretaría de Turismo, pero no dice cómo se preservaría un lugar “tan emblemático” como la Selva Lacandona que ha sido sobrexplotada por los mismos grupos empresariales que apoyan esta decisión.
3. El secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, tuiteó que con el decretazo México “supera en 12% las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociada a caudal ecológico”. Por supuesto, estas recomendaciones las realizan organizaciones impulsoras del gran negocio del agua a nivel global, como la propia World Wildlife Fund, una ONG global financiada para estos propósitos. Nos venden la idea de “cumplir” con recomendaciones internacionales.
Otros especialistas advierten que no se trata claramente de una “privatización”, sino de un reordenamiento de los recursos hídricos que subordinan el manejo del agua a tres procesos: urbanización, industrialización y creación de reservas naturales. En este sentido, el decretazo de Peña Nieto afecta los otros usos posibles del agua, como los derechos originarios y comunitarios. Se privilegia la figura de la concesión, por encima de la propiedad pública del agua y, peor aún, no existe una ley que elimine los elementos discrecionales del decreto presidencial.
En otras palabras, se trata de una medida política, de última hora, para garantizar la viabilidad del último gran negocio del peñismo que hacía falta concretar: el agua. En especial, para favorecer concesiones en el sistema Cutzamala (el que alimenta de agua proveniente del Estado de México a la Ciudad de México y a toda la zona metropolitana); el sistema Monterrey VI (es el transvase del Río Pánuco a la zona industrial de la capital regiomontana), y el sistema El Zapotillo (transvase del Río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío, en Guanajuato).
El último gran negocio de los peñistas y de sus empresarios asociados buscaba certeza jurídica. El decretazo pretende dárselos. Mientras, están dando las últimas grandes concesiones y asignaciones directas que cuando se sepan las dimensiones será un nuevo escándalo de la corrupción del actual gobierno.
