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El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene abiertas cuatro causas judiciales contra el exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba y algunos de sus prestanombres, entre ellos el empresario Fernando Cano Martínez, uno de los más beneficiados durante su gestión. Es probable que Cano termine por hundir a su exjefe y amigo, toda vez que en 2008 su entonces cónyuge presentó una demanda de divorcio en la que documenta todas las trapacerías de Cano y reclama parte de las innumerables empresas que éste acumuló al amparo del gobierno de Yarrington. (Este reportaje se publicó originalmente en la edición 1856 de la revista Proceso del 26 de mayo de 2012.)
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Parte de la riqueza acumulada por Tomás Yarrington Ruvalcaba durante su gestión como gobernador quedó al descubierto en el proceso de divorcio del empresario Fernando Cano Martínez, uno de sus prestanombres, a quien, junto con el exmandatario, se investiga en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel del Golfo.
En la querella presentada el 12 de agosto de 2008, Sonia de Pau García, entonces cónyuge de Cano, pide que se repartan los bienes de Cano, que incluyen constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como 3 mil 893 hectáreas, entre ranchos, terrenos rústicos y urbanos ubicados en la entidad.
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En el expediente número 848/2008, presentado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, se incluyen 17 empresas de bienes raíces de Estados Unidos, supuestamente creadas por Cano, por medio de Adrián Gracia Martínez, otro prestanombres. Con ellas, según el documento, éste adquirió al menos 33 lotes y un condominio en la Isla del Padre, en Brownsville, y en otras localidades del condado de Cameron, Texas.
De Pau García alude a un terreno de 18.6 hectáreas en San Antonio, condado de Bexar, Texas, que Cano compró a través de la empresa Cantera Parkway Development Partners of San Antonio, L.P., en 6 millones 650 mil dólares. Según la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió contra el empresario, la propiedad fue adquirida con dinero proveniente de sobornos que el crimen organizado pagó al exmandatario tamaulipeco.
En el expediente de divorcio se mencionan otros tres lotes de 179, 104 y 45 acres –132 hectáreas en total– que Cano compró en San Antonio a través de las empresas La Culebra y Cantera Parkway. También se hace referencia a la asociación con empresas estadunidenses y a inversiones en Mazatlán, Acapulco, Huixquilucan y en la ciudad española de Barcelona.
En el documento se menciona a empresarios tamaulipecos, como Farough Fatemi Corcuera, Gabriel Maldonado Pumarejo, Eduardo Rodríguez Berlanga y Raúl Javier Morales Cano, incluidos en la lista de 46 personas sobre las cuales se giró una alerta migratoria a finales de enero pasado.
Asimismo, salen a relucir los nombres de exfuncionarios estatales, como el matamorense Pablo Zárate Juárez, director del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda Urbana (Itavu) en el sexenio de Yarrington y uno de los hombres más cercanos a él y al actual candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
En los registros contables de una de las empresas de Cano, siempre de acuerdo con el expediente 848/2008, consta que entre marzo de 2002 y julio de 2003 Zárate Juárez recibió más de 22 millones de pesos. Los comprobantes no indican el destino o razón de esos pagos.
Zárate Juárez fue director de la Policía Municipal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, entre 1991 y 1993; luego fue el encargado del operativo de la Policía Preventiva cuando Yarrington estuvo al frente de la alcaldía de Matamoros, justo en los tiempos en que Eduardo Costilla, El Coss, actual líder del Cártel del Golfo, era policía en esa corporación.
Después, el matamorense regresó a Atizapán para asumir la Dirección de Administración en el ayuntamiento mexiquense que encabezaba Luis Felipe Puente Espinosa, quien más tarde se incorporó a la Secretaría de Transporte en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy, Puente Espinosa es el coordinador de la campaña de Peña Nieto en la segunda circunscripción.
A Zárate Juárez se le identifica en Tamaulipas como el encargado de la organización y la logística de los actos de campaña del candidato
del PRI en la entidad; algunos aseguran incluso que fue él quien conectó a Yarrington con Peña Nieto.
Otros personajes cercanos al exmandatario están en la campaña de Peña Nieto, entre ellos Baltazar Hinojosa Ochoa, coordinador en la primera circunscripción. En el sexenio de Yarrington, Hinojosa fue secretario de Desarrollo Social y de Educación y posteriormente fue alcalde de Matamoros, cuna del Cártel del Golfo.
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, coordinadora de la campaña presidencial del PRI en la tercera circunscripción, fue líder del Congreso local y secretaria general de Gobierno en el gobierno de Yarrington. Al inicio del sexenio de su sucesor, Eugenio Hernández Flores, justo cuando la violencia se generalizó en Tamaulipas, ella era la procuradora de Justicia estatal.
Un próspero empresario
De tener una pequeña empresa trituradora de materiales, Cano se convirtió en uno de los hombres más ricos de Tamaulipas. Pero fue en el sexenio de Tomás Yarrington cuando sus compañías Materiales y Construcciones Villa de Aguayo y Gifer obtuvieron la mayoría de los contratos de obra pública.
En un registro de Compranet consta que de 2002 a la fecha ambas se han adjudicado contratos de obras estatales y federales en Tamaulipas
por más de 2 mil millones de pesos.
Cano también compró mil 600 hectáreas del Puerto Industrial de Altamira expropiadas por Yarrington a precio de ganga, pues sólo pagó 8 mil 750 pesos por hectárea.
En su demanda de divorcio, De Pau García aporta información del Registro Público de la Propiedad alusiva a 25 predios ubicados en los municipios de Victoria, Altamira, Soto la Marina, Río Bravo, Reynosa y Matamoros que aparecen a nombre de Cano y suman mil 760 hectáreas. En ese documento no se incluyen las mil 600 hectáreas del Puerto Industrial de Altamira, que Cano compró al gobierno estatal en 2002.
En el listado se incluye la exhacienda de San Juan, del municipio de Soto la Marina, uno de los ranchos cinegéticos más exclusivos de la región. Incluso en su página web pone a disposición de los cazadores 2 mil 630 hectáreas, así como una pista de aterrizaje de casi kilómetro y medio.
Con base en estados de cuenta bancarios y registros contables, De Pau García puso en evidencia que Materiales y Construcciones Villa de Aguayo canalizó millonarios recursos a otros empresarios, señalados como prestanombres de Yarrington y de Eugenio Hernández Flores.
Al relacionar los depósitos y entregas de dinero que hace la constructora a los empresarios con las compras o inversiones que ellos realizan en las mismas fechas y cantidades, De Pau reclama terrenos que fueron adquiridos por los empresarios Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodríguez Berlanga.
Fatemi Corcuera, según De Pau García, instaló dos gasolineras en los municipios de Güémez y Victoria, con 7 millones de pesos que salieron de la constructora. La excónyuge de Cano reclama también 85 hectáreas en Altamira, seis en Victoria y ocho en Madero, estas últimas ubicadas en un área privilegiada de playa Miramar, uno de los destinos turísticos más importantes del estado.
Documenta también que de septiembre de 2002 a julio de 2007, la constructora Materiales y Construcciones Villa de Aguayo inyectó 46 millones 278 mil pesos a Grupo Inmobiliario Cormon, en la que Cano y Fatemi Corcuera son socios.
Otros 13 millones de la constructora, según expone, se entregaron a la inmobiliaria Santa María Dolores, que aparece a nombre de Fatemi Corcuera, quien en 2005 presidió el comité que impulsó la candidatura de Yarrington a la Presidencia de la República.
En el caso de Berlanga Rodríguez, De Pau García relata que de ser un simple empleado de Cano, se colocó al frente de la constructora Janambres, otra de las beneficiadas con contratos de obra estatal, y propietario de más de 2 mil hectáreas en los municipios de Soto la Marina, Victoria, González y Güémez.
Entre las propiedades “adquiridas” por Berlanga destacan la exhacienda San José de las Rusias, de Soto la Marina, con una extensión de 500 hectáreas; el rancho La Providencia, de Güémez, de 150 hectáreas; y el rancho La Ponderosa, municipio de González, de 725 hectáreas.
La mayoría de los terrenos comprados por Cano, Fatemi Corcuera y Rodríguez Berlanga fueron tramitados ante el Registro Público de la Propiedad entre 1999 y 2004, periodo en el que Yarrington era gobernador de Tamaulipas.
De Pau García incluso presentó actas para demostrar que su entonces esposo es propietario de la constructora Grupo GMC, de la cual era socio Alberto Berlanga Bolado, secretario de Obra Pública en el sexenio de Hernández Flores.
Según los registros de Compranet, de 2004 a 2011 GMC ganó contratos por 598 millones de pesos, principalmente de obra federal realizada en Tamaulipas. Según la demanda, Cano puso a nombre de su empresa 10 hectáreas del puerto de Altamira adquiridas en 2006.
De Pau reclama parte del Consorcio Carretero de Tamaulipas, que en los inicios del sexenio de Yarrington participó en el rescate de la autopista Rumbo Nuevo, cuyo costo fue de 600 millones de pesos; también la constructora es MCVA Concesiones, que en 2007 obtuvo la licitación para edificar y operar por 30 años el estacionamiento subterráneo de la plaza principal de Ciudad Madero, incluyendo la explotación de locales comerciales, cuatro salas de cine y parquímetros ubicados en esa área.
Según la expareja de Cano, a principios de 2006, con recursos de la constructora Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, Grupo GMC pagó 2 millones 180 mil dólares a la empresa Desarrollo Marina-Mazatlán por el lote 20, Manzana 1, de 1.8 hectáreas, en Mazatlán, Sinaloa.
En el expediente 848/2008 se documenta que Materiales y Construcciones Villa de Aguayo aportó recursos a la empresa GMP, de Gabriel Maldonado Pumarejo, uno de los prestanombres de Yarrington y de Hernández Flores (Proceso 1618).
Entre agosto de 2005 y junio de 2006, por ejemplo, la constructora de Cano entregó a GMP 11 millones 500 mil pesos y 150 mil dólares, registrados como aportaciones al Proyecto Turístico La Pesca, impulsado por Hernández Flores durante su sexenio, aun cuando no se concretó.
En su página en internet, Grupo GMP reporta tener participación en el Club Maeva, así como en 40 hectáreas de la playa Miramar en Ciudad Madero; en el hotel boutique El Paraíso y en el fraccionamiento del mismo nombre, cuya extensión es de 420 hectáreas, en Barra del Tordo; en el Desarrollo Turístico e Inmobiliario La Pesca, con 668 hectáreas, y en los hoteles ecoturísticos El Paraíso, Real del Monte y Posada del Amanecer, ubicados en los poblados de Mineral del Chico y Real del Monte, en el estado de Hidalgo.
GMP también opera la empresa Inalto Constructores; la fábrica de muebles Riviera; Ejecutivo Aéreo de México, con el servicio de un avión King Air C90GT; la firma tequilera Tamatán; el centro comercial Forum de Tampico, y la consultora Xperta.
En la demanda de divorcio contra Cano, De Pau asegura que a partir de 2003 el empresario se asoció con Adrián Gracia Martínez, quien entonces estaba arruinado, para adquirir terrenos en Estados Unidos.
Según el expediente, a través de Gracia Martínez, Cano creó las empresas Cano & Gracia Financial Group, GC Group, CG Financial Group, AGM Financial Group, Pesquera Investments, Royalty Homes, Lakeway 2, Grupo Premier, Ramos-Gracia Investments, RGC Development, Cantera-Parkway Development Partners, Albens Group, Premier International Holding, Culebra, South PI AJCG, SPI Palace Subdivision Condominium Development y SPI Ling and Marlin Townhome Project.
Gracia Martínez aparece como propietario en esas empresas, la mayoría de las cuales tiene su domicilio en Brownsville, Texas. Por medio de ellas compró seis lotes en la Isla del Padre, presuntamente para desarrollos de condominio, así como otros 15 en distintos puntos de Brownsville y 12 más en el condado de Cameron.
Cano obtuvo en First National Bank un financiamiento de 610 mil dólares para cubrir cinco lotes comprados en la Isla del Padre. Según la demanda, hay suficientes elementos para demostrar que el pago de ese crédito se hizo con dinero de la constructora Villa de Aguayo depositado en la empresa CG Financial Group.
Lo mismo ocurrió con otro préstamo por 6 millones 650 mil dólares tramitado en el First National Bank en agosto de 2006. Esa vez Cano presentó en garantía 78 hectáreas del municipio de Altamira para adquirir 18.6 hectáreas en San Antonio, Texas.
Según las investigaciones que se siguen en la Corte de Distrito en San Antonio como parte del caso 12-cv-00508-XR, acción civil número A12CAO5O8, Yarrington y sus socios recurren a este tipo de créditos bancarios para ocultar la procedencia ilícita de los recursos con los que se compraron esos bienes.
En febrero de 2007 Cano pagó 6 mil 980 dólares al Despacho Haynesboone, de San Antonio, por una investigación histórica de los lotes que compró a través de la empresa Culebra, de 179 acres y 104 acres, respectivamente, así como de otra propiedad de Desarrollo Cantera Parkway, de 45 acres, también en San Antonio.
En diciembre de 2005, según el expediente 848/2008, Cano adquirió el avión Pilatus PC 12 número 679 FAA, a través de la empresa Premier International Holding LTD a Tx L.P. Para ello solicitó al International Bank 2 millones 570 mil dólares. De nueva cuenta, De Pau presentó las órdenes de pago a favor de CG Financial Group con recursos de la constructora Villa de Aguayo para garantizar el préstamo.
Otra de las operaciones expuestas por De Pau es la compra de 40 acciones en Underwriters MGA Inc, una empresa afianzadora y de servicios administrativos radicada en McAllen, Texas. La inversión, según el expediente, fue de 1 millón de dólares.
Más empresas
En 2008, Sonia de Pau García pedía a Fernando Cano un reparto equitativo de sus acciones en la Compañía Periodística del Pánuco, editora del periódico La Razón, de Tampico. En Tamaulipas se comenta que en realidad Yarrington es el dueño; incluso, dicen personas consultadas que piden omitir su nombre, el exmandatario tiene los diarios Expreso, de la misma empresa y que se publican en Ciudad Victoria, Mante y Matamoros.
También mencionan que el grupo radiofónico Mi Radio, con emisoras en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Camargo, Matamoros, Tampico, Tamaulipas y Pánuco, Veracruz, son de Yarrington.
Otras empresas enlistadas en la querella de De Pau son: Cable Capital la Nueva Imagen, que está a nombre de Raúl Javier Morales Cano, contador en la constructora de Cano; Expide Logistics y Expide Tecnología, con domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León; Internaves, promotora de un parque Industrial de 55 hectáreas en Río Bravo; ProMante Parque Industrial; Agroindustria Tequilera de los Altos, e Ingeniería Geotécnica Especializada.
Según De Pau, su exmarido también hizo negocios en Barcelona, España. En 2005, por ejemplo, pagó 200 mil euros a la consultoría española de empresas RJCE “para posibles inversiones”. Incluso “encontró elementos” que hacen suponer que en 2002 Cano se asoció con Lucio Blanco Caballero, un empresario de Huixquilucan, Estado de México, para crear la firma Desarrollo Inmobiliario Villa de Aguayo para desarrollar un proyecto en Acapulco, Guerrero.
El 15 de abril de 2010, De Pau García publicó en medios nacionales una carta abierta dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa en la que acusa a las autoridades tamaulipecas de proteger a Cano. Expuso que el juez Pedro Caudillo Gutiérrez se negó a asegurar los bienes del empresario en el Registro Público de la Propiedad a pesar de que ella obtuvo un amparo de la justicia federal.
“En este momento la mayoría de nuestros bienes, entre ellos mi casa, patrimonio de mis hijos, la cual habito desde 1986, ya tienen anotaciones en el Registro Publico de la Propiedad debido a las demandas de embargo de acreedores ficticios que simula mi esposo, gracias al poder que posee”, según el escrito.
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