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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que Morena incurrió en un “fraude a la ley” por la constitución del fideicomiso “Por los demás”, que Andrés Manuel López Obrador prometió a los damnificados de los sismos de septiembre pasado, y confirmó la multa de 197 millones de pesos que su Comisión de Fiscalización propuso como sanción.
A partir de una investigación originada por una queja del PRI, que acusó a Morena de desviar fondos públicos para gastos de campaña mediante el fideicomiso -lo cual fue desechado por el INE-, la autoridad electoral determinó que sí se configuró un esquema de financiamiento paralelo ilegal, opaco, que violó la imposibilidad legal de destinar directamente recursos a la población, como lo mandata la quinta fracción del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).
Explicó: “No se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una trama de financiamiento paralela. Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad y el fin de este fidecomiso, dar dinero a la población, es ilegal para un partido.
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“Después se nutre de recursos en su mayoría de procedencia prohibida -como son los de origen desconocido y los de empresas- y luego se saca el dinero en efectivo sin dejar huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas”, arguyó Murayama.
El fideicomiso en cuestión, recordó el órgano fiscalizador, habría sido fondeado con 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones ingresaron con “atípicos” depósitos en efectivo.
“Ningún partido puede manejar dinero opaco cuya fuente no sea conocida y solo es válido el recurso privado que aportan con plena identificación personas físicas. Pero aquí ocurrió lo contrario, pues se documenta con fichas de depósitos bancarios, con pruebas plenas un modus operandi irregular para llevar dinero de origen desconocido al fideicomiso.
“Se realizaron operaciones con diferencia mínima de segundos, casi siempre por 50 mil pesos, en las que se ingresan en siete días el 44% de estos recursos en unas cuantas sucursales”, dijo Murayama y advirtió que, ante la imposibilidad de rastrear quién está detrás de los depósitos en efectivo, se turnará esa investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las pruebas
En su defensa, el argumento de la representación de Morena ante el INE ha sido que “Por los demás” es un fideicomiso privado, fondeado con recursos privados, sin implicaciones electorales, lo que la autoridad rechazó, esencialmente, con los siguientes elementos:
Videos en los que el propio Andrés Manuel López Obrador se compromete a donar un porcentaje de entre 20% y 50% de los recursos que obtuviera para gastos de su campaña electoral; la aprobación del fideicomiso durante la sesión del 23 de septiembre del Consejo Nacional de Morena; la conformación del mismo con el domicilio fiscal del partido y bajo el resguardo de un Comité Técnico representado casi en su mayoría por figuras estrechamente ligadas al partido, así como la referencia a los avances del fideicomiso que el propio tabasqueño hizo durante el primer debate presidencial.
También se documentó que 56 miembros de Morena hicieron aportaciones al fideicomiso y que 80% de las personas que retiraron dinero del mismo fueron militantes de ese partido.
No obstante, Horacio Duarte, representante de Morena ante el Consejo General del INE, defendió el fideicomiso y acusó a consejeros del Instituto de haber operado para perjudicar al partido en favor de otros institutos políticos:
“Rechazamos absolutamente que hayamos violado la ley. Es vergonzoso que algunos consejeros hayan empujado políticamente para que el tema explotara antes de la jornada del 1 de julio. Lo hicieron algunos consejeros. Habrá que investigar. Les podremos asegurar que lo vamos a saber. Pero se enfrentaron con 30 millones de votos en su intención de afectar el proceso electoral”, dijo y acusó al consejero Marco Antonio Baños, relacionado en distintas ocasiones con el priista Manlio Fabio Beltrones, de chantajear a sus colegas consejeros para “explotar” el asunto.
Finalmente, aclaró que el fideicomiso fue una iniciativa pública del partido, no un fideicomiso del mismo, y que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impugnar la resolución.
