CHILPANCINGO, Gro., (apro).- En el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo el narco se pasea impunemente con fusiles tipo Barret en la mano y exhibe en redes sociales sus excesos, así como los presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con la delincuencia.
Desde hace una década, este lugar ha sido el escenario de una batalla entre bandas criminales no solo por el control político de la región sino también para imponer su hegemonía en esta zona considerada como de trasiego de cocaína y precursores químicos para elaboración de metanfetaminas.
No obstante, durante la administración de Héctor Astudillo Flores, la crisis de inseguridad, violencia y descaro de la delincuencia se agudizó.
Los criminales llevaron su guerra que mantienen en las calles, la sierra y el mar, a las redes sociales donde han difundido nombres de políticos y autoridades presuntamente vinculadas con el narco.
También, se lanzan retos a través de perfiles en Facebook donde los sicarios se exhiben con uniformes militares portando fusiles de asalto, entre ellos el rifle Barret calibre .50, así como lanzagranadas en franco desafío a las autoridades de los tres niveles y como muestra del nivel de impunidad que existe en esta franja de la entidad.
La historia de complicidades que ha salpicado a funcionarios del gobierno de Astudillo como el jefe de la oficina del ejecutivo estatal, Alejandro Bravo Abraca, así como alcaldes priistas y perredistas de la región de la Costa Grande, ha sido documentada por Proceso durante los últimos cinco años.
En esta zona, el mandatario estatal anunció uno de los cinco proyectos estratégicos de su administración, enfocados en el desarrollo de un puerto marítimo en el municipio de La Unión que será una ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar controlado por el narco.
En mayo de 2016, Apro dio a conocer que el contexto de violencia se había reactivado un mes antes en este corredor estratégico de drogas de la Costa Grande de Guerrero, donde los grupos criminales que actúan bajo el manto protector de las autoridades rompieron una tregua que mantenían desde 2014.
Hasta hace unos meses esta franja de la entidad estaba bajo control del grupo denominado Guardia Guerrerense –dirigido por Alberto Bravo Barragán El Gavilán, afincado en el municipio de Petatlán y detenido a principios de mayo de 2016–, señalado como una extensión del Cártel Jalisco Nueva Generación, indican reportes oficiales.
La Guardia Guerrerense de El Gavilán mantiene una brutal disputa por el control de Ixtapa-Zihuatanejo con el grupo denominado Sangre Nueva Guerrerense (SNG), señalado como una extensión del grupo delictivo de Los Viagras que presuntamente recibe protección de la Marina.
En ese entonces, dejaron una serie de mantas con mensajes en los municipios de José Azueta y Petatlán, donde advirtieron sobre el recrudecimiento de la violencia ante la disputa de esta plaza.
“A toda la Costa Grande en general. Se les informa que no hagan caso de las publicaciones que hacen en Facebook ya que las están haciendo directamente Los Viagras, Carlos Sierra Santana, El Inge, El Tronado o El Trensas es Álvaro Beltrán del Facebook.
“Estas ratas las corrieron de Michoacán y se refugian en Armenia, parte alta de la Sierra y se unieron a Casto Cruz García y también se refugian en El Camalote y Las Ollas con Don Chava Granados. Se le pide al secretario de Marina cambien al personal de Zihuatanejo porque apoyan a Los Viagras”, señalaron en uno de esos mensajes.
En ese contexto, el pasado 21 de abril, el regidor de Morena en el municipio de Tecpan de Galeana, Víctor Manuel Camacho Uriostegui, fue ejecutado junto con su chofer en esa región de la Costa Grande donde dejaron un mensaje que decía: “Esto les pasará a todos los que cooperen con Los Granados. Atte. Cartel Los Rodríguez. Ya estamos aquí”.
Los informes oficiales refieren que Los Rodríguez son integrantes de una familia dedicada al narcotráfico, originaria de San Luis La Loma, y expulsada por la banda de Los Granados que dirige Salvador El Chava Granados.
A su vez, el gobierno federal tiene identificado al alcalde priista de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis, quien en reiteradas ocasiones ha sido acusado por mandos de la Marina de presuntos vínculos con el narcotráfico, como “lavador” de activos del grupo criminal denominado Los Granados, que opera en el municipio de Tecpan.
No obstante, la jerarquía priista protege a Soberanis, quien incluso fue nombrado por el gobernador Héctor Astudillo Flores como miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La Tregua
Desde enero de 2014, Proceso dio a conocer que Rogaciano Alba Álvarez –exalcalde priista de Petatlán, compadre del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y preso por narcotráfico– había pactado una tregua con el líder de Los Granados, Salvador El Chava Granados, y ambos se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para expulsar de la Costa Grande a Los Caballeros Templarios.
Alba y Granados mantenían una sangrienta confrontación desde 2008, a partir de una reconfiguración regional del Cártel de Sinaloa, indican los reportes oficiales contenidos en la nota titulada “La lucha se extiende a Guerrero”.
El 30 de septiembre pasado tuvo lugar una reunión en Jalisco donde participaron los líderes del CJNG y operadores de Alba y de Rubén El Nene Granados, ambos presos desde 2009 y 2011. Ahí se decidió bautizar a su megabanda delincuencial como Fuerza Guerrerense, refieren informes oficiales consultados por Proceso.
De esa manera la nueva coalición abrió un segundo frente de batalla para Los Caballeros Templarios, quienes en Michoacán se enfrentan con los grupos de autodefensa y dos años después, los hechos recientes advierten sobre el rompimiento de la tregua y el recrudecimiento de la violencia en esta región donde operan las bandas criminales al amparo de las autoridades.
Este año, luego de una serie de atentados registrados en el periodo vacacional de Semana Santa donde fueron incendiados bares y establecimientos comerciales, así como la ejecución de tres policías municipales en el corazón turístico de Ixtapa, las autoridades reaccionaron.
Elementos del Ejército detuvieron el martes pasado a 60 policías municipales de José Azueta (Zihuatanejo), acusados de formar parte de la delincuencia organizada y portar armas oficiales sin estar acreditados.
A través de un comunicado, el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores informó que al menos 42 uniformados son “sicarios infiltrados” en la corporación, tres más fueron señalados como mandos de un grupo delincuencial y 15 policías estaban en funciones a pesar de que no pasaron los exámenes de control y confianza.
Este hecho, exhibe la falta de depuración policiaca en los 81 municipios que conforman la entidad, a pesar de que fue un compromiso de las autoridades de los tres niveles tras el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada en septiembre de 2014.
Incluso Proceso dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío millonario, que sigue impune, de los recursos federales destinados al tema de seguridad durante la administración de los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, así como del actual mandatario Héctor Astudillo.
