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Los mexicanos y la muerte. En el resto del mundo siempre ha llamado la atención la relación que tenemos con nuestros muertos. La celebración de la muerte, en la que alimentamos a los que nos han dejado con sus platos favoritos para que regresen a visitarnos, los muertos con los que convivimos diariamente, la proximidad cotidiana con el final de la vida.
Pero nunca antes la imagen de los muertos entre los vivos ha sido más presente o más escalofriante que cuando 273 cadáveres humanos fueron encontrados en un tráiler frigorífico a las afueras de la capital de Jalisco –la segunda ciudad más grande de México–, mientras que en otro se apilaban 122 cuerpos en el estacionamiento de la morgue. No sólo fue el olor lo que alertó a los vecinos, sino también los hilos de sangre que empapaban la calle.
Camión abandonado utilizado como morgue en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, México, 15 de septiembre de 2018. / Reuters
Después del hallazgo, circularon fotografías de cuerpos embolsados y apilados sobre los que caminaban funcionarios del servicio forense mexicano. Se ha dicho que en la morgue metropolitana 700 cadáveres más aún esperan ser identificados. Las autoridades han explicado que las instalaciones forenses simplemente no pueden acumular la cantidad de muertos no reclamados que reciben.
La deshumanización con la que son tratados estos restos humanos, nos recordó la ineptitud y negligencia con la que se transportaron 56 de los 72 cadáveres de migrantes, víctimas en la masacre de San Fernando, en Tamaulipas en 2010, cuyo traslado inexplicable a la Ciudad de México –sin identificación, sin embalsamamiento y sin ropas que arrojaran luces sobre su identidad– terminó en un accidente vehicular y en un tráiler detenido con los cuerpos descomponiéndose a las 3 de la tarde en una avenida principal. Esa fue la primera fosa clandestina encontrada y estábamos horrorizados. Sólo un año después, en ese mismo municipio se contaban 193 víctimas más de otras masacres y 47 fosas más.
Hace poco, una fuente anónima informó de una fosa clandestina en Veracruz a los familiares que buscan desaparecidos. Poco después se hallaron 32 fosas, de las cuales se han exhumado 174 restos. Desde 2007 se han encontrado 228 fosas sólo en esta entidad.
A nivel nacional se han encontrado más de 50.000 restos humanos. Esto, al mismo tiempo que los familiares de unos 35.000 desparecidos urgen encontrar a sus seres amados. Es una paradoja dramática: miles de muertos sin identificar apilados como perros, miles de desaparecidos siendo buscados sin respuesta.
Equipo forense trabajando en una fosa común en el cementerio de San Rafael, Ciudad Juárez, México, 23 de julio de 2018. / Jose Luis Gonzalez / Reuters
Más allá del escandaloso drama humano que esto representa, nos habla de un fracaso catastrófico de las autoridades. Una especie de rendición ante una realidad inmanejable. Y ese es el primer punto que vale la pena abordar: que, ya sea por ineptitud, incapacidad o sobrepase, las autoridades no pueden lidiar con la cantidad de muertos que reciben. Tenemos que dar por hecho que entre esos muertos están muchos de los desaparecidos que se buscan, pero no hay herramientas para conectarlos con sus familiares, ni para conservarlos hasta que alguien los reclame.
Antes, hay que decirlo, simplemente los incineraban. Ahora la ley cambió obligando a conservarlos, pero sin darles las herramientas para hacerlo. Una clásica combinación de buena voluntad y falta de visión.
Así, mientras las organizaciones de la sociedad civil exigen la creación de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas para ayudar a los familiares de las víctimas a conocer el destino de sus muertos, el gobierno se enfrenta a una realidad siniestra: no sabe qué hacer con los cadáveres.
La situación en otros países
Es particularmente grave si vemos la experiencia en otros países. En Chile, por ejemplo, aún no se sabe el paradero de miles de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, y muchos familiares aún recorren los desiertos buscando indicios de sus caídos. Un pacto de silencio dentro del Ejército de ese país, sumado a operaciones de sustracción de cadáveres para tirarlos al mar, los dejó en la eterna ignominia.
En España, que es el segundo país del mundo con más fosas comunes –después de Camboya, donde más de 500.000 personas «comunistas» fueron ejecutadas– se siguen encontrando muertos décadas después del regreso de la democracia.
Eso nos habla de que México, muy probablemente, pasará muchos años encontrando fosas y muertos. Pero la tragedia humana se dramatiza ante una visible ineptitud en el procesamiento de datos –al no juntar los cadáveres con las pruebas de ADN–, y con una autoridad que trata de reducir la dimensión del problema.
Una vez más, queda en las manos de la sociedad civil presionar, buscar, insistir y denunciar hasta que se logren resultados. Miles de familias, hoy, visitan estos tráileres de muerte para tratar de encontrar respuesta. Y lo que reciben, según sus denuncias, es burocracia, desorden y silencios.
Pero hay ejemplos a seguir. En el País Vasco, se ha implementado una política de exhumación inmediata de toda fosa que se localice, sin discusión. Se han digitalizado las muestras y documentos para facilitar su acceso, y se han tomado verdaderas medidas para llegar a la verdad. Esto demuestra que no es solo un problema «presupuestal», como alegan las autoridades, sino un tema de compromiso político.
Vienen nuevos tiempos para México. Las señales son aún confusas y contradictorias, y es muy temprano para tener demasiadas esperanzas. Pero lo que sí sabemos es que este tema no acepta postergación. Las familias seguirán presionando y las autoridades tendrán que responder.
