El Sumo Pontífice destinó unos minutos de su audiencia general para hablar de la tragedia ocurrida en la estación migratoria ubicada en la frontera de México con EEUU
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Durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro del 29 de marzo, el Papa Francisco pidió a los asistentes orar por las víctimas del incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez que cobró la vida de 38 personas, según los más recientes datos oficiales.
“Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, en México. Para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos”, dijo el Sumo Pontífice luego de saludar a los peregrinos.
Entre la multitud que escuchaba las palabras del religioso había algunas personas que sostenían la bandera de México, según imágenes compartidas por el servicio de prensa de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés).
El fallecimiento de 38 personas en el inmueble del INM conmocionó a la sociedad mexicana y desató múltiples críticas a las políticas del Gobierno Federal en esta materia, pues las condiciones de las estaciones migratorias fueron señaladas como una de las principales causas de esta tragedia.
Uno de los sectores que se pronunció al respecto y manifestó su indignación fue la comunidad religiosa del país. Figuras relevantes de distintos grupos acusaron a la administración municipal, estatal y federal de haber incurrido en omisiones y de abandonar su responsabilidad con la dignidad humana de las personas migrantes.
El presbítero Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante en Juárez A.C., declaró que, debido a que el incendio se originó en un inmueble a cargo del gobierno, la impartición de justicia para los migrantes heridos y las familias de las víctimas mortales debería apuntar, en primer lugar, hacia los funcionarios responsables.
En un planteamiento adicional, Calvillo Salazar dijo que la tragedia ya se anticipaba debido a la forma en la que fueron tratados los migrantes originarios de Venezuela cuando retiraron su campamento del Río Bravo en noviembre de 2022.
“Se quiso hacer un bien, pero se provocó un mal donde los venezolanos lo que hicieron es que se distribuyeron por toda la ciudad y de alguna u otra forma le hicieron la lucha por sobrevivir”, apuntó. Además, criticó que hay una “tremenda descoordinación en los tres niveles de gobierno”, pues “no hay una política migratoria clara, integral, humana y digna pues cada nivel de gobierno hace lo que le conviene”.
Por otro lado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que reconoció su preocupación respecto a los lamentables hechos, pues acusó que no se trata de un caso aislado y que, más bien, es consecuencia de las “condiciones infrahumanas” a las que se enfrentan las personas migrantes que son detenidas por el INM.
“[Estos hechos son] resultado de políticas migratorias de contención enfocadas en la seguridad nacional, mas no en la protección de los derechos humanos de las personas”, acusó la CEM.
De manera adicional, el presidente Rogelio Cabrera y el secretario general, Ramón Castro Castro, denunciaron que las instalaciones como en la que ocurrió el incendio del 27 de marzo “no son albergues, son Estaciones Migratorias que en realidad operan como prisiones y como castigo ante la migración irregular”.
El monseñor J. Guadalupe Torres Campos, quien ostenta el cargo de obispo de Ciudad Juárez, lanzó un llamado a la comunidad religiosa, así como a la sociedad y al gobierno para solidarizarse con esta situación y realizar las acciones prudentes para evitar que ocurra nuevamente un hecho de estas características.
“Todos somos responsables por omisión, por indiferencia, por acción, porque no hemos hecho lo correcto […] Yo considero que sí debe de haber un cambio en las políticas migratorias del país”, mencionó ante la prensa.
Finalmente, las y los miembros de la Compañía de Jesús le exigieron a las instituciones que garanticen un trato humanitario y digno a la población migrante en México. Además, pidieron la realización de una investigación diligente que permita conocer en qué condiciones se encontraban las víctimas que permanecían encerradas en el inmueble cuando ocurrió el siniestro.
“Tragedias como esta nos recuerdan la necesidad apremiante de rechazar la criminalización y la importancia de caminar con las personas excluidas y descartadas del mundo”.
De acuerdo con los informes más recientes del INM, el incendio tuvo un saldo de 38 muertes. En el lugar estaban retenidos 68 migrantes en total, de los cuales: 28 provenían de Guatemala, 13 de Honduras, 13 de Venezuela, 12 de El Salvador, uno de Ecuador y uno más de Colombia.
