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Llegó la hora para el Chapo. El que para muchos se perfila como “el juicio del siglo” arrancaría este 5 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, en una corte federal en la que, por espacio de tres a cinco meses, se ventilarán algunos de los secretos más oscuros del narcotráfico mexicano. Si bien en este proceso no se permitirán cámaras y el capo no desfilará por las escalinatas de la corte como lo hicieron los mafiosos de la familia Gambino en los años noventa, la seducción del narco no tiene precedentes.
A las 7 de la mañana de ese día, si todo sale acorde a lo previsto, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán dejará su celda en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan para cruzar el puente de Brooklyn en un convoy de camionetas blindadas, vigilado desde el cielo por uno o varios helicópteros. Para evitar cualquier intento de asesinato, llevará casco y chaleco antibalas, mientras que estará protegido por varios francotiradores apostados en edificios estratégicos a lo largo de los tres kilómetros que separan la cárcel del juzgado federal.
Ese, el juzgado Theodore Roosevelt para mayor detalle, será el campo de batalla en el que el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, y los abogados de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman, se disputarán el destino del capo mexicano ante el juez Brian Cogan y un jurado por seleccionar que permanecerá en el anonimato durante todo el juicio.
Con procesos similares como antecedente, el saque de juego queda claro: Donoghue buscará la mayor sentencia posible (cadena perpetua), acusando al líder criminal de haber sumido en una guerra violenta a México y asesinar a por lo menos 30 personas directamente, además de envenenar a miles de estadounidenses. Balarezo y Lichtman tratarán de convencer al jurado de que el exlíder del Cártel de Sinaloa no representa un riesgo tan grande para la sociedad y que ha sido víctima de una conspiración para presentarle como un monstruo. Ello, en busca de aminorar la sentencia que pende sobre su cabeza.
“Es como un juego de ajedrez”, confía un abogado de capos. Todas las fuentes consultadas para este texto declinaron ser nombradas por motivos de seguridad o para evitar represalias.
Por supuesto, nadie duda del resultado final: culpable. En un proceso como este, según antecedentes, un narco mexicano tiene prácticamente nulas posibilidades de eludir una condena.
“No hay escenario en el que El Chapo gane esto y todos lo saben”, afirma el abogado consultado. “Fue una locura que haya decidido ir a juicio en Nueva York. Tiene demasiado en contra”. De manera estratégica, el fiscal Donoghue atrajo todas las acusaciones pendientes contra el capo, incluidas causas judiciales en California, Texas, Nueva Hampshire, Illinois, Florida y Texas.
Pero a la par del espectáculo del proceso judicial, lo que ocurra en el juzgado también será un punto de atención para decenas de funcionarios públicos en distintos países. Porque hoy una de las dudas que priva es ¿qué tanto lodo salpicará el juicio? ¿Cuántos nombres de políticos, militares y policías corruptos que protegieron o colaboraron con el capo saldrán a relucir? La respuesta puede ser: mucho y muchos.
Media docena de memorandos judiciales de la Fiscalía de Nueva York consultados por Bloomberg Businessweek México dan cuenta de cómo el Departamento de Justicia ha confeccionado un robusto expediente nutrido, no solo por décadas de investigaciones, sino por testimonios de algunos de los colaboradores más cercanos del Chapo Guzmán, dispuestos a tomar el estrado para revelar detalles íntimos del funcionamiento de su imperio, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto.
UN VIEJO AMIGO
Entre los testigos protegidos que colaborarán en el juicio, confirmaron fuentes del gobierno, está Dámaso López, ‘El Licenciado’, viejo confidente de Guzmán, y con quien mantiene una violenta confrontación desde hace dos años.
Por sí solo, su testimonio apunta a ser muy comprometedor, pues participó en buena parte de las decisiones de más alto nivel del Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas.
Pero la colaboración de López con las autoridades estadounidenses va más allá. Es la clave del juicio: la voltereta de bando será la norma y no la excepción durante este proceso, en el que todo apunta a que distintos operadores del Cártel se alinearán en contra de su viejo jefe.
Gracias al sistema de premios y castigos que prima en la justicia estadounidense, el incentivo a cooperar con las autoridades es fuerte. Para muestra, nuevamente ‘El Licenciado’, quien hoy está recluido en una prisión estatal de Virginia, después de haberse declarado culpable por el delito de importación de cocaína. Está a la espera de su sentencia, programada justo para finales de noviembre, unas semanas después de que inicie el juicio de Guzmán Loera. Su condena podría verse sustancialmente reducida si da información útil en contra de su expatrón. En un escenario optimista, quizá menos de 10 años.
Como el testimonio de Dámaso, distintos documentos preparatorios apuntan a que se tiene prevista una cascada de defecciones y traiciones de personajes a los que Washington ha buscado convencer en las últimas semanas de sumarse a su programa de protección de testigos, a cambio de información que robustezca el caso.
“Algunos de los testigos (…) viven en locaciones que el gobierno y estos testigos han mantenido secretas al Cártel”, se explica en un memorando fechado el 21 de septiembre pasado. “Otros testigos se encuentran ya encarcelados y en el programa de protección a testigos y por ende se encuentran en unidades de protección y custodia en sus respectivas cárceles a la luz del gran riesgo que se desprende para sus vidas debido a la naturaleza de su testimonio específico”.
Entre las evidencias que se espera terminen ventilándose en las semanas venideras se encuentran los sobornos a funcionarios públicos para permitir el paso de cargamentos de droga por toda la región, así como de aquellos servidores que asistieron en al menos cuatro escapes del Chapo: dos de prisión, en 2001 y 2015, uno de una redada organizada por la Policía Federal en Los Cabos, en 2012, y otro, en Los Mochis, en 2014.
No solo eso: la fiscalía de Nueva York acusará a Guzmán Loera de haber intentado huir de nueva cuenta a finales de 2016, poco antes de su extradición a Estados Unidos, según una llamada interceptada en la que “habló con familiares y otros conspiradores acerca de sobornar a funcionarios para conseguir que le movieran a otra prisión de México de la que pudiera fácilmente escapar”.
Esta declaración concuerda con el traslado de Guzmán Loera de la prisión del Altiplano a la de Ciudad Juárez, a mediados de ese año.
Junto a estos elementos, se acusará al sinaloense de una treintena de homicidios, numerosos secuestros, varios casos de tortura y el asesinato directo de dos sicarios de los Zetas “a los que ejecutó con un disparo en la cabeza”. ¿De dónde proviene esa información? Nuevamente, la precisión de los datos (se incluyen detalles de cómo se deshizo de los cuerpos, por ejemplo) indican que hay un colaborador en su entorno inmediato.
“El gobierno espera testimonio de múltiples testigos que colaborarán dando detalles sobre cómo el acusado siguió traficando con drogas y corrompiendo a funcionarios de distintos niveles después de que fue arrestado en 1993 (…) también después del arresto de febrero de 2014”, señala otro memorando enviado por la Fiscalía de Nueva York al juez Cogan.
La lista de servidores públicos que apoyaron a Guzmán Loera durante su dilatada carrera es tan potencialmente explosiva como extensa e imposible de predecir. Pero puede extenderse a América, Europa, Asia y Oceanía, en donde han sido halladas y desarticuladas decenas de células del Cártel de Sinaloa a lo largo de la última década y media.
“Podemos esperar muchos nombres”, asegura una fuente de inteligencia. “Por supuesto que los estadounidenses ya los conocen por sus actividades de espionaje, pero eso no evitará que se mencionen durante el juicio. Todo dependerá de qué tanto ruido quieran generar y si el Chapo quiere negociar o no”.
Lo cierto es que, bajo casi todos los escenarios, se avecina una inédita y sensacional lluvia de revelaciones en el juicio que arrancará en la corte federal de Brooklyn. Se trata del proceso judicial de mayor perfil vinculado a narcotráfico en las últimas décadas, desde que Carlos Lehder, uno de los fundadores del cártel de Medellín, fuera enjuiciado a finales de los años ochenta.
Los memorandos judiciales adelantan que prácticamente toda la carrera del Chapo será sometida a escrutinio: desde sus años mozos en Sinaloa, cuando se le conocía como “El Rápido”, por su capacidad para movilizar paquetes de droga, hasta su última etapa en libertad, tras escapar del penal del Altiplano en 2016.
El gobierno estadounidense se ha trazado como objetivo reconstruir el ascenso del Cártel de Sinaloa hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta, con miles de operadores distribuidos por una veintena de países del mundo.
Y de ahí, de remover el pasado, es de donde puede surgir más de un secreto.
EL PROTAGONISTA
El centro del espectáculo por venir yace en el carácter combativo que Guzmán Loera ha mantenido desde que fue entregado a Estados Unidos en 2016. Su necedad tiene el potencial de abrir una ventana al mundo del narco mexicano.
A diferencia del silencio al que accedieron otros capos de primer nivel que fueron extraditados, como Osiel Cárdenas, Eduardo Arellano Félix, Alfredo Beltrán Leyva o Édgar Valdéz Villarreal, el Chapo se ha mantenido inamovible: insiste en su inocencia y ha decidido enfrentarse al aparato judicial estadounidense sin declararse culpable.
Esa tozudez da vía a que el proceso judicial tome un curso más detallado, con testigos, expertos, documentos, videos y evidencias presentadas ante el jurado. Son elementos que, en otro escenario, habrían permanecido sin salir a la luz pública, lo que da a Washington la oportunidad para desplegar todo su arsenal.
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Los testigos que participarán a favor del gobierno se encuentran en extremo peligro
Richard P. Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York
Y este es copioso. Para el proceso, el gobierno de Donald Trump ha preparado un extenso catálogo de evidencias que mezclan información obtenida por sus aparatos de espionaje y datos obtenidos por múltiples traiciones que cometieron, o están por cometer, personajes del primer círculo del Chapo.
Por ejemplo, un memorando fechado el pasado 4 de octubre, establece que el gobierno pretende introducir en el juicio comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses y de otras nacionalidades, además de correos electrónicos y mensajes de texto, incluidos algunos enviados a través de los teléfonos BlackBerry personales del Chapo y de varios de sus lugartenientes.
También hay varias imágenes satelitales del rancho de Guzmán, en Durango, ubicado gracias a la entrevista realizada por Sean Penn y Kate del Castillo en octubre de 2015. “Esta evidencia permitirá mostrar los esfuerzos del acusado para ocultarse y sus actividades criminales, porque revelará que la entrevista fue grabada en una locación remota y demostrará los medios y riqueza derivados de la actividad criminal. Por ejemplo, las imágenes mostrarán el tamaño del rancho, que incluye una plataforma de aterrizaje para helicópteros”, se adelanta en el memorando remitido a la corte a principios de octubre.
Se anticipa que al menos medio centenar de personas rendirán testimonio por parte del Departamento de Justicia.
Las identidades de los testigos se mantienen bajo estricta reserva, pero incluyen agentes de inteligencia, especialistas del FBI y la DEA, así como lugartenientes del Cártel y varios sicarios que ya han negociado con la autoridad.
“Durante el juicio, el gobierno espera obtener testimonio de múltiples testigos colaboradores acerca de la conducta criminal del acusado. Específicamente, sobre actos de tortura y secuestros cometidos por el acusado (…) actos violentos que se relacionan con el acusado (…) y evidencia de narcotráfico por parte del acusado antes de enero de 1989 y después de septiembre de 2014”, se establece en otro informe fechado el 30 de mayo.
DOS JUGADORES
Pero el ajedrez tiene dos jugadores. Y mientras la fiscalía mueve sus piezas, los abogados de Guzmán Loera también: presuntamente han comenzado a intimidar testigos para evitar que rindan su testimonio. Algunos han sido amenazados de muerte, de acuerdo con los testimoniales enviados al juez Cogan.
El primer mensaje de amenaza llegó por WhatsApp al celular de la abogada de TC4 (Testigo Colaborador 4) la tarde del 23 de septiembre pasado.
“¿Sabes que el gobierno traicionó a tu testigo? Nos vemos en la corte”, se leía en el mensaje.
La intimidación no venía de un número anónimo, sino del celular de Balarezo. “El mensaje que envió el abogado no puede ser leído más que como un intento de asustar o intimidar a un potencial testigo”, sostiene la fiscalía en un memorando fechado el 29 de septiembre. Balarezo y Lichtman fueron buscados para este artículo, sin embargo no respondieron a la petición de comentario.
En el documento firmado por el fiscal Donoghue, se detalla no solo la presión que ha comenzado a ejercer el equipo del capo para evitar que ciertos de sus excolaboradores tomen el estrado y rindan un testimonio potencialmente incriminatorio, sino las extremas medidas de seguridad que se tendrán que implementar para evitar que, por ejemplo, sean asesinados.
“Los testigos que participarán a favor del gobierno se encuentran en extremo peligro”, advirtió Donoghue. “El peligro al que se enfrentan ha sido narrado en numerosas órdenes previas. Por ejemplo, el acusado intentó silenciar a un testigo al secuestrar a miembros de su familia (…) o intentó asesinar a múltiples testigos colaboradores, además de asesinar a los hijos de otro testigo”.
Ante ese peligro, “el gobierno busca prohibir la diseminación de fotografías y de dibujos a carbón de las rostros de los testigos que tomen el estrado del juicio. La distribución de estas imágenes incrementaría el peligro para todos los testigos del gobierno, al igual que sus miembros familiares.”.
Parte del espectáculo que se vivirá, muy pronto, en el juzgado de Brooklyn. 
