CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares está fuera de la discusión política, pese a que debería tener la plena atención de las autoridades porque se trata de uno de los problemas más dramáticos, dolorosos y graves en México.
Así lo señaló este miércoles Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante su participación en el foro “Desaparición de personas, actualidad y contexto de una ley ausente”, organizado por la Red Todos los Derechos para Todos en Casa Lamm.
“Las autoridades que deben seguir la nueva ley no lo hacen. Las autoridades que deben investigar ni siquiera conocen sus obligaciones bajo esta ley, y vemos atrasos en la implementación a nivel estatal de las comisiones de búsqueda locales”, afirmó.
Luego de precisar que algunos municipios del país viven una ausencia del estado de derecho, el funcionario de la ONU señaló que la criminalización de las personas desparecidas se ha vuelto una constante entre las autoridades mexicanas.
“Y en un estado después de otro estamos escuchando las explicaciones, o burocráticas o cínicas, que culpan a las víctimas, que son personas que tuvieron malos amigos, o algo. No es aceptable, ni siquiera cuando se trata de personas que tuvieron malos amigos. El estado de derecho debe proteger a todos sus ciudadanos”, recalcó.
Tras reconocer la importancia del movimiento de familias de personas desaparecidas, Jan Jarab añadió: “Ya no solo hablamos de un estado de derecho débil, yo hablaría de una ausencia del Estado de derecho”.
La primera mesa del foro inició con la participación de Manuel Olivares, del Centro Morelos de Chilapa, quien destacó el papel de las personas familiares y víctimas.
“Ustedes las ven aquí, han sido víctimas no sé cuántas veces, son mujeres, son pobres, son hablantes de su lengua”, dijo.
A su vez, Ruth Fierro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), de Chihuahua, afirmó que, con base en cifras oficiales, alrededor de 42% de las desapariciones se concentran en los seis estados fronterizos al norte de México.
César Pérez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) de Guadalajara, Jalisco, refirió que en 2016 las familias tuvieron que denunciar en rueda de prensa la reiterada negativa de las autoridades de ofrecerles una copia de sus expedientes. Sólo ante la intervención de la ONU-DH se les permitió acceder a ellos, dijo.
En la segunda mesa, Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que el estado de Guerrero se encuentra en llamas y que eso se ha incrementado con la presencia militar.
En su oportunidad, Tania Reneaum, de Amnistía Internacional México, puso énfasis en el desafío que implica el actual contexto electoral, pues los candidatos a la presidencia –subrayó– no reconocen la dimensión de la crisis.
Esto lleva a que no actúen, a que se siga hablando del mismo modelo de seguridad. “Vivimos en una crisis en derechos humanos, vivimos en un México de víctimas”, abundó.
Olivia Cortez, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), pidió no instrumentalizar a las personas víctimas y destacar la dimensión humana del problema, mientras que Grace Fernández, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, de Saltillo, Coahuila, manifestó que hay dos factores que obstaculizan la implementación de la Ley de Desaparición Forzada: “la corrupción y la Impunidad”.
Finalmente, Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, lanzó: “La desaparición en México es una política de Estado con tres características: contrainsurgente, de represión política y de disciplinamiento y control social”.
