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CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- En una pequeña acotación en su declaración como servidor público, Esteban Moctezuma Barragán, actual secretario de Educación, reconoció que todavía debe presentar “unas materias” para concluir la licenciatura de Derecho, y ello a pesar de que la había presumido como “finalizada” en diciembre pasado.
Pero Moctezuma no fue el único integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador en presentar una “nota aclaratoria” en su declaración como servidor público; otros, como Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expusieron sus vínculos familiares con personajes en grandes empresas.
El domingo pasado, Moctezuma presentó una “nota aclaratoria” en su declaración pública, en la cual planteó: “Preciso que estudié la carrera de Derecho y debo presentar unas materias faltantes para concluir”.
Con razón, en el Registro Nacional de Profesionistas –una plataforma de la SEP–, solo aparece la cédula de Moctezuma relativa a una licenciatura en Economía, que obtuvo en 1978, pero ninguna relativa a su carrera de Derecho.
En su declaración patrimonial, el funcionario –quien presidió durante los últimos 17 años la Fundación Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego– sostuvo que finalizó sus licenciaturas en Economía y en Derecho.
A su vez, Josefa González Blanco Ortiz Mena –nieta de Antonio Ortiz Mena– reconoció sus vínculos familiares con Tania Ortiz Mena, directora general de infraestructura en IEnova, con Carlos Ortiz Mena, empleado en Servicios Administrativos Fresnillos –del multimillonario Alberto Baillères González–, así como con David Ortiz Mena, el actual presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.
Ayer, AMLO señaló a IEnova –presidida por Carlos Ruiz Sacristán, otrora secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Ernesto Zedillo– entre las empresas que beneficiaron de contratos leoninos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el transporte de gas natural.
La titular de la Semarnat reportó además una cuenta bancaria con 38 millones 720 mil pesos, que se había negado en transparentar en sus declaraciones anteriores.
Después de la polémica sobre el departamento que comparte con su esposo en Houston y que no señaló en su declaración patrimonial, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, finalmente dio a conocer el valor de sus inversiones: 62 millones 661 mil pesos, repartidas en tres inversiones bancarias, un fondo de inversión y un vínculo identificado como “otros”.
Jesús Seade Kuri, el subsecretario para América del Norte, sigue ignorando las instrucciones de López Obrador, pues no abrió sus datos patrimoniales ni sus posibles conflictos de interés al público, a pesar de que el mandatario advirtió que no permanecerán en el gobierno quiénes no transparenten esta parte.
Tampoco lo hicieron algunos de los funcionarios que mencionó Apro el pasado martes 29 de enero: Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez –responsable de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y Jorge Alcocer Villanueva –el coordinador de asesores de Sánchez Cordero–.
