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Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) declaró este miércoles que, en promedio, el voto se vende en 500 pesos en el país, pero en entidades como el Estado de México el precio puede llegar hasta los 5 mil pesos, según reportes ciudadanos.
Alberto Serdán, coordinador de la agrupación que engloba a 60 organizaciones de la sociedad civil, dio a conocer los datos del portal democraciasinpobreza.mx, en el que se concentran reportes ciudadanos de compra de votos, uso de programas con fines electorales y entregas de despensas.
“En Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, los reportes que hemos recibido son de un precio de 500 pesos por voto o por la credencial. En el caso de Morelos, 150 pesos; en Jalisco, mil pesos; Chihuahua, mil pesos; Puebla, mil 200 pesos; Quintana Roo, 350 pesos; Guanajuato, de 500 a mil 500 pesos; la Ciudad de México, de 200 a 2 mil 500 pesos; y el Estado de México, de 250 a 5 mil pesos”, explicó.
Acción Ciudadana recibió 151 reportes, provenientes de 25 entidades, desde el inicio de las campañas electorales hasta el 23 de mayo, los cuales muestran que el 41 por ciento de los reportes son por entrega de despensas; 36 por ciento por acciones de condicionamiento para entregar beneficios de programas sociales; 18 por ciento por entrega de dinero en efectivo; y 11 por ciento por entrega de tarjetas electrónicas con dinero.
Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), participó en el evento. Durante su intervención destacó el uso que el Gobierno federal hace de los programas sociales para coaccionar el voto.
“Estamos en presencia de una de las luchas más desiguales de la historia por la democracia en México. Es una lucha en la cual el ciudadano tiene el derecho al voto y en donde el Gobierno federal está utilizando los programas sociales y el mayor presupuesto a nivel nacional para condicionar el voto, amenazar a los electores para que su candidato que ocupa el tercer lugar en las encuestas pueda salir triunfador en esta elección”, afirmó.
Nieto aseguró que la compra de votos y el condicionamiento de los mismos con fines electorales se ha registrado en las zonas con mayor pobreza, por lo que es indispensable revisar los padrones de beneficiarios del programa Progresa, pues cada entidad maneja cifras distintas.
“Son siete millones de familias según lo que dice el propio programa. Sin embargo, si uno va a los programas específicos de estado por estado vemos a un mayor número de personas (beneficiadas). En el Estado de México hay dos millones y medio, en Veracruz, dos millones 600 mil, en Chiapas, dos millones 400 mil, en Oaxaca hay dos millones y medio. Con cuatro entidades federativas tenemos 10 millones de eventuales votos que se podrían comprar o condicionar”, apuntó.
Al respecto, Alberto Serdán explicó que en un ejercicio de análisis de los programas sociales, se encontró que si se comparan los recursos destinados a dicho programa entre los primeros trimestres de 2017 y 2018, se observa un aumento del 100 por ciento, por lo que es necesario que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) explique este incremento en pleno proceso electoral.
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