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CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Mientras el contexto electoral se convulsiona ante la ejecución de políticos, la renuncia masiva de aspirantes a alcaldías por presiones del narco y amenazas contra candidatos, funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), difunden videos pornográficos en la cuenta oficial de sus redes sociales.
Por su parte, el presidente del órgano electoral, Nazarín Vargas Armenta ha minimizado la dramática situación que se vive en la entidad, argumentando que en Guerrero “no existen focos rojos” y que la dimisión de candidatos por amenazas del narco, “son normales”.
Ello a pesar de que la ola de impunidad y violencia ha dejado de 2016 a la fecha, más de seis mil homicidios dolosos, el desplazamiento forzado de tres mil personas y una estela de terror que ha derivado en la ejecución de una treintena de políticos y candidatos a cargos de elección popular, así como la renuncia de los candidatos a alcaldes del PRD, MC, PAN y Morena en los municipios de Cutzamala de Pinzón y Pedro Ascencio de Alquisiras por presiones del narco.
A mediados de mayo pasado, Vargas Armenta declaró que los integrantes del IEPC no pueden hacer nada porque no están a cargo de la Seguridad Pública y “sería irresponsable” proponer acciones para revertir los efectos de la narcoviolencia.
En este contexto, la cuenta oficial del IEPC en Twiter ha sido utilizada para promover videos pornográficos, situación que exhibe el uso irresponsable de las redes sociales desde las instituciones y las autoridades electorales simplemente han hecho mutis.
Desde el comienzo del proceso electoral, la agencia de Proceso ha documentado una serie de irregularidades con el manejo de las cuentas oficiales en redes sociales del gobierno estatal y ahora del órgano electoral.
La administración de Astudillo ha utilizado sus cuentas oficiales de Twiter y Facebook para difundir mensajes de odio, hacer promoción electoral y difundir propaganda gubernamental en plena veda impuesta por el INE.
En tanto, las autoridades electorales han asumido una actitud omisa frente a estos hechos sancionados por la ley.
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