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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, fue acusado de lavado de dinero por el abogado Adrián Xamán McGregor, quien aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, involucrados en los hechos, han sido hostigados por el panista.
El litigante señaló que sus defendidos fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar la operación a través de la cual se le hicieron llegar los recursos económicos a Anaya.
Para ello, abundó, simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment, por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos.
Xamán McGregor apuntó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Daniel “N” construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.
A través de estas empresas, agregó, se hicieron transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo para que de esta forma se perdiera el rastro del dinero.
Alberto y Daniel “N”, sostuvo, constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza y Gibraltar, entre otros países, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia Notimex.
El pasado 4 de febrero, luego de que la revista Proceso dio a conocer que Anaya Cortés creó una fundación que en los hechos fue usada para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un esquema de triangulación y encubrimiento, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, pidió a las autoridades investigar esas acusaciones.
“Los señalamientos de lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya son muy graves. La autoridad debe de investigar”, subrayó el senador del PAN en su cuenta de Twitter.
En la edición 2153 de ese mismo 4 de febrero, Proceso dio a conocer que el aspirante presidencial creó en Querétaro una fundación que, en lugar de cumplir su objetivo social de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”, fue usada por él para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.
La Fundación por más Humanismo fue creada por Anaya en mayo de 2009, después de renunciar a la secretaría particular del gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y es en los hechos un “fantasma”, porque no existe registro de ninguna actividad pública y la omitió en su declaración 3de3.
De acuerdo con documentación oficial y financiera que obtuvo la revista, en 2010 Anaya recibió en la cuenta bancaria de la fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles; con esa cantidad adquirió un terreno donde construyó un edificio que en 2016 vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién.
De los 7.8 millones de la venta del edificio, construido en terrenos de alta plusvalía que fueron expropiados a instancias del gobierno de Garrido Patrón, Anaya le pagó el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal –12 mil más de lo que costó el terreno que inició el negocio–, pero también le transfirió 4 millones 909 mil pesos a la empresa de éste, JV Construcciones Civiles.
No sólo eso: de este dinero –6 millones 559 mil pesos–, JV Construcciones Civiles se quedó con 3 millones 209 mil pesos y en dos transferencias le depositó 3 millones 350 mil pesos a DG Diseño y Construcciones, propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, quien es, curiosamente, vocal de la Fundación por más Humanismo, que presidió Anaya.
Según el texto firmado por el periodista Álvaro Delgado, llama la atención que la fundación haya transferido los recursos a JV Construcciones Civiles en vez de hacerlo de manera directa a DG Diseño y Construcción, cuando el dueño de ésta, De la Guardia, no sólo es vocal de la asociación civil sino también, junto con Anaya, apoderado de la cuenta bancaria de la asociación civil que se usó para todos los movimientos financieros.
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