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Al sufrimiento que genera en las familias el tener un ser querido desaparecido, se suman los riesgos y agresiones que enfrentan al salir a buscarles, denunciaron colectivos de diversos estados del país, los cuales afirmaron que entre 2011 a agosto del 2024 han documentado 22 asesinatos de personas buscadoras en el país.
En la presentación de un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad en las que llevan a cabo las búsquedas, detallaron los “numerosos desafíos” que se ven obligados a sortear, los cuales van desde la falta de recursos económicos y materiales para tratar de localizar a sus desaparecidos, hasta amenazas, hostigamiento criminalización y agresiones físicas.
Los colectivos, aglutinados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM), expusieron que las entidades con más asesinatos de buscadores son Guanajuato, con cinco; y Sonora, tres. Del total de casos, 12 son mujeres y 10 hombres.
Respecto a la relación o parentesco que tenían con la persona desaparecida, los datos recabados arrojaron que 36.36 por ciento eran madres de las víctimas, 27.27 por ciento padres y el resto hermanos o hermanas y parejas sentimentales. El año más letal fue el 2022, con cinco casos.
Al respecto, Arturo Hernández Alcocer, coordinador de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, destacó que esta instancia acompaña a alrededor de 300 personas buscadoras, quienes cuentan con un plan de protección determinado por la Junta de Gobierno.
Refirió que según el diagnóstico del MNDM en el país se tienen por lo menos 125 colectivos de familiares de desaparecidos, lo que representa un reto para el mecanismo en términos de hacer eficiente “los procesos de atención para tener la posibilidad de realizar evaluaciones de riesgo directamente con las personas, de manera individualizada”, con el fin de que se puedan diseñar planes de protección conforme a los resultados obtenidos.
Virgina Buenrostro, del MNDM, afirmó que entre las violencias que enfrentan los familiares también están la estigmatización, la violencia digital, “allanamientos, ataques armados, desaparición forzada o a manos de particulares y agresiones letales”.
Todo ello, subrayó, ocasiona impactos a la salud emocional, entre los que se encuentran diagnósticos de estrés y síndrome postraumático, problemas de ansiedad, “sentimientos constantes de miedo, incertidumbre, desesperanza, enojo, tristeza”, entre otros.
Alán García, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la ONU-DH México, aseguró que la desaparición de personas “es una desgarradora realidad que afecta a miles de familias y comunidades dentro y fuera del país. A ese dolor y sufrimiento de este deleznable crimen se agrega el miedo, la inseguridad, la violencia, los riesgos y la desconfianza que experimentan las familias buscadoras”.
