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Guatemala.
Desesperado porque sus cómplices no pudieron comprobar –por medio de empresas fachada– el desvío de 350 millones de pesos que le fueron entregados en 2012 por el gobierno federal para programas de salud, seguridad y desarrollo pesquero, en septiembre de 2016 el ahora ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa borró los registros contables y electrónicos que había en los sistemas financieros de la entidad.
En 2012, Duarte tuvo que solicitar un crédito bancario para pagar aguinaldos y prestaciones de los trabajadores del estado, al tiempo que inyectó 350 millones de pesos en empresas bien establecidas y les exigió que entregaran facturas, como si hubieran proporcionado servicios o bienes al gobierno estatal.
También pidió a los empresarios que posteriormente entregaran los recursos desviados del erario veracruzano a compañías fachada que estaban a nombre de sus cómplices, señala la acusación que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la Fiscalía General de Guatemala.
José Juan Janeiro Rodríguez, prestanombres de Javier Duarte y encargado de coordinar las actividades de inversión y ventas que ejecutaba el grupo encabezado por el hoy ex gobernador, declaró a la PGR que Karime Macías, esposa del mandatario, se benefició personalmente de los recursos desviados.
Otro testigo de la procuraduría y ex colaborador de Duarte en la realización de operaciones ilícitas, Alfonso Ortega López, era el encargado de buscar ‘‘oportunidades de inversión’’ para aportar parte del dinero que se sustraía del gobierno de Veracruz. Él fue quien recomendó a Duarte que sería un buen negocio adquirir tierras ejidales en el estado de Campeche.
‘‘Una vez que Javier Duarte analizó los detalles de la transacción ordenó a Ortega que procediera a la adquisición de 21 parcelas, las cuales debían ser compradas de la siguiente manera: cuatro a nombre del propio Ortega, tres para José Juan Janeiro Rodríguez, cinco para Rafael Rosas Bocardo y nueve a Moisés Manzur. El costo fue de aproximadamente 20 millones de pesos.’’
Los cuatro cómplices realizaron una serie de acciones ilegales para poder comprar las parcelas del núcleo ejidal Lerma, municipio de Campeche. Para acreditar que tenían derecho a terrenos en ese ejido dijeron –falsamente– haber vivido más de un año en la comunidad y eso les daba la posibilidad de que se les reconociera como ejidatarios. Una vez que obtuvieron los derechos sobre esa fracciones de tierra, fingieron venderlas en el mes de agosto de 2013.
Ortega celebró sendos convenios con Terra Urbanizaciones y con Desarrollos Inmobiliarios, dos empresas fachada que no tienen actividades reales de comercio y carecen de estructura empresarial; sólo existen en el papel, pero sirvieron para ocultar la obtención de recursos ilícitos por parte de Javier Duarte y sus allegados.
Presuntamente, la venta de los terrenos a una tercera compañía, la que construyó el Campeche Country Club, generó al menos 90 millones de pesos a Javier Duarte de Ochoa y sus cómplices.
Según Ortega, las ganancias por la venta de los terrenos ejidales fueron transferidas al Consorcio Brades y posteriormente a la empresa Cartujano, otras compañías falsas dirigidas por Moisés Manzur.
Ortega dijo en su declaración ministerial que Duarte de Ochoa posee ‘‘varios inmuebles, los cuales están a nombre de diversas personas, es decir, testaferros o prestanombres.
Entre los bienes se encuentra una casa en la ciudad de Córdoba, Veracruz, inmueble conocido como El Faunito, que fue propiedad de José Francisco González, quien se lo vendió al hoy ex gobernador el 4 de marzo de 2014, mediante la intervfención de José Juan Janeiro Rodríguez; además, posee un departamento de lujo en el complejo Torre Pelícano, en Boca del Río, Veracruz, y otro en la calle Campos Elíseos, en la colonia Polanco, en Ciudad de México; este último está escriturado a nombre de la inmobiliaria de Moisés Manzur’’.
El testigo de la PGR declaró también que Javier Duarte ordenó en 2015 que se constituyeran otras empresas fachada, entre ellas Diseñadores Arquitectónicos Neval, Diseños Arquitectónicos Alyn y Medical Service H2O.
Estas compañías fueron utilizadas, al igual que otras empresas bien establecidas, para transferir recursos provenientes de las secretarías de Educación, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario y Pesquero de Veracruz, por la cantidad de 350 millones de pesos. El dinero sería posteriormente transferido a las empresas Terra Urbanizaciones, Desarrollos Inmobiliarios y al Consorcio Brades.
En la investigación de la procuraduría, Arturo Bermúdez Zurita, quien durante el mandato de Duarte fungió como secretario de Seguridad Pública, ‘‘declaró el 13 de diciembre de 2016 que aproximadamente a mediados de 2014 recibió una llamada telefónica de Antonio Tarek Abdala Saab, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, donde le comunicó que por instrucciones del gobernador, a partir de esa fecha todos los recursos federales’’ los recibiría su institución y posteriormente tendría que entregarlos a la Tesorería del estado.
También, señala la indagatoria, Bermúdez Zurita declaró que la Secretaría de Seguridad Pública tuvo que pagar ‘‘algunas cantidades a diversos proveedores, y que dicho sistema lo estaban haciendo en las secretarías de Salud, de Educación y Desarrollo Agropecuario’’. Bermúdez declaró haberse negado a realizar lo ordenado.
Se logró obtener la declaración de José Juan Janeiro Rodríguez. ‘‘En ella refirió que el motivo de su comparencia era para declarar datos de Duarte y su esposa, Karime Macías, en la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para su beneficio propio’’. Dijo que a principios de diciembre de 2015, Javier Duarte lo llamó para pedirle que obtuviera ‘‘un crédito bancario, ya que necesitaba dinero para afrontar diversos gastos del gobierno del estado, tales como pagos de nómina y aguinaldos’’.
Se consiguió el crédito y Duarte también le pidió a José Juan Janeiro ‘‘que le proporcionara el nombre de empresas que pudieran fungir como receptoras de fondos pertenecientes al estado de Veracruz, con el ánimo de satisfacer necesidades personales, así como de sufragar los gastos en los que había incurrido para la obtención del crédito’’.
El ahora ex gobernador pidió que todo lo relacionado con la obtención de facturas para cubrir el desvío de recursos ‘‘se tratara directamente con el entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo; sin embargo, éste no pudo cumplir con lo ordenado y las empresas se quejaron, pues no tenían forma de acreditar los recursos recibidos’’. La investigación de la PGR señala que ‘‘el gobierno de Veracruz procedió a dispersar grandes cantidades de dinero’’.
Moisés Manzur y José Juan Janeiro trataron durante meses de manera infructuosa de obtener facturaciones para cubrir las operaciones ilícitas por 350 millones de pesos, pero no lo lograron porque las compañías ‘‘no tenían ninguna justificación del origen de ese dinero’’. Janeiro le advirtió a Javier Duarte ‘‘que había un problema grave y delicado, porque no habían encontrado una manera de acreditar’’ esos recursos. El gobernador ‘‘le dijo en tono molesto que le parecía increíble que Juan Manuel del Castillo no hubiera podido resolver ese problema. Posteriormente, en una reunión en el departamento de Polanco, Duarte le comunicó a Janeiro que debido a esa ineficacia había decidido designar a Ignacio García Leyva para que él solucionara la problemática’’. En mayo del año pasado la situación no presentaba ningún arreglo.
En septiembre de 2016, un mes antes de que se librara la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte y éste huyera, Janeiro le dijo a su jefe ‘‘que no sólo no había regularidad en la sustracción de los 350 millones de pesos, sino que era sumamente complicado, ya que ese dinero estaba vinculado a operaciones personales del mandatario y de otras personas, entre ellas Moisés Manzur, por lo que era evidente que ello acarrearía un problema gravísimo’’.
En las constancias ministeriales entregadas al gobierno de Guatemala para sustentar la solicitud de extradición de Javier Duarte a México, se menciona que ‘‘una semana después, el ex gobernador llamó a Janeiro y le dijo que él ya había solucionado el asunto.
Le comunicó que para él era asunto finiquitado, toda vez que la solución que había dado fue desaparecer los registros electrónicos y contables de la operación en el seno del gobierno del estado. Janeiro le comunicó que eso era inaceptable, porque si bien se podían cancelar los registros del estado, en el sistema bancario había evidencia de las transacciones efectuadas desde diciembre de 2012 a diversas empresas’’.
