Alejandra Leyva, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que el año pasado se registraron 49 ataques en total contra activistas.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que, de enero a diciembre del 2018, se reportaron 21 asesinatos de personas defensoras de los derechos ambientales.
Alejandra Leyva, abogada del Cemda, explicó que en ese mismo lapso se registraron 49 ataques en total contra activistas, entre los que figuran los homicidios, criminalización, amenazas, agresión física, intimidación, hostigamiento, privación ilegal de la libertad y allanamiento. «Nosotros vemos una alza en la violencia», indicó.
Afirmó que «la violencia en este país está escalando, hasta el día de hoy no han parado los asesinatos y las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas».
Además, la abogada afirmó que el año pasado se mantuvo la tendencia letal del 2017, año en el que, dijo, el país fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente
Al presentar en conferencia de prensa el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por quinto año consecutivo por esta asociación civil, se indicó que el documento coloca a México como un país de gran peligro para las personas defensoras del medio ambiente .
«El total de agresiones registradas por el Cemda entre el 2010 y el 2018 es de 440, de los cuales 49 ataques ocurrieron en el 2018», se señala.
El reporte del Cemda indica que, el año pasado, un 25 por ciento de los delitos contra activistas fueron homicidios, 19 por ciento criminalización, y 17 por ciento las amenazas y las agresiones físicas, respectivamente.
Además, el reporte indica que Puebla fue el estado que registró el mayor número de agresiones registradas, con un total de ocho, seguido de Oaxaca y Chihuahua, con seis, respectivamente. Respecto del tipo de víctima, de los 49 ataques registrados, en el 89 por ciento de los casos se cometieron directamente contra personas en lo individual, ocho por ciento en contra de la comunidad y tres por ciento en contra de una organización de la sociedad civil.
El mayor número de ataques ocurridos (nueve) tuvo que ver con proyectos de infraestructura, seguido de ocho casos de despojo de tierra y territorio, así como 8 relacionados con proyectos hidroeléctricos. La minería se ubicó en cuarto lugar con seis ataques. La gran mayoría de los ataques (37) se generó en el contexto de la disputa por la tierra y el territorio.
Leyva aseguró que es el propio Estado mexicano quien se identificó como uno de los principales agresores, en 19 de los ataques identificados. Las autoridades estatales fueron señaladas en el reporte en primer lugar como fuente de las agresiones (13 casos), seguidas de las municipales (seis casos) y las federales en cinco casos. También, en 19 de los casos no fue posible identificar al agresor.
El Informe 2018 de CEMDA se enfoca en la criminalización contra las personas defensoras ambientales, pues a lo largo de los años se ha observado el uso indebido del sistema penal por parte del Estado mexicano para perseguirlas. Entre 2013 y 2017 se registraron por lo menos 95 casos de criminalización contra quienes defienden el medio ambiente.
