*La diplomacia de la Cuarta Transformación se estrenó con un traspié. Los gobiernos mexicano y uruguayo convocaron a una cumbre en Montevideo para proponer el diálogo sin condiciones entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó como solución al conflicto venezolano. Pero la Unión Europea planteó algo distinto: exigirle al mandatario de Venezuela que convoque a elecciones anticipadas antes de cualquier intento de negociación, y la gran mayoría de naciones suscribió la propuesta. Hasta el país anfitrión se adhirió. México se quedó solo y, en opinión de internacionalistas, perdió la oportunidad de erigirse en líder latinoamericano…
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BOGOTÁ (Proceso).- Tras la conferencia internacional convocada por México y Uruguay para establecer un nuevo mecanismo de diálogo en Venezuela, el gobierno mexicano se quedó más solo que nunca con su propuesta de articular una negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la coalición opositora que lidera Juan Guaidó.
Incluso Uruguay, que había sido el aliado diplomático de México las últimas dos semanas, se deslindó de Tlatelolco para unirse a la propuesta de la Unión Europea (UE), que le exige a Maduro convocar a elecciones presidenciales anticipadas como paso previo a una negociación con Guaidó.
Lo cierto es que la iniciativa de diálogo que habían lanzado México y Uruguay el 23 de enero para resolver la crisis de Venezuela no generó ningún consenso.
Tan poca acogida tuvo entre los países latinoamericanos, la comunidad internacional y la oposición venezolana, que su presentación formal, el miércoles 6 en Montevideo, estuvo marcada por las ausencias.
Los más de 10 países y organismos internacionales que se esperaban en esa cita, según la convocatoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se redujeron a una comitiva de altos representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom), quienes flanquearon en la foto a los cancilleres mexicano, Marcelo Ebrard, y uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
Ni siquiera la ONU envió un representante; lo que reforzó la generalizada percepción regional de que la iniciativa de México y Uruguay, bautizada como Mecanismo de Montevideo, tiene escasas posibilidades de abrirse paso.
Es un hecho que no generó adhesiones ni en Venezuela –donde el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, la deploró– ni en América Latina ni entre las naciones europeas.
Y es que el Mecanismo de Montevideo propuesto por México, Uruguay y el Caricom no pone como prerrequisito para iniciar un diálogo en Venezuela que Maduro acepte convocar a elecciones extraordinarias, un punto que Guaidó y la coalición opositora que lo respalda consideran innegociable.
Fueron precisamente las diferencias en torno a ese prerrequisito las que provocaron un distanciamiento entre México y Uruguay el jueves 7, sólo un día después del lanzamiento del Mecanismo de Montevideo, cuando Ebrard y Nin se reunieron en la capital uruguaya con la canciller de la UE, Federica Mogherini.
Ese encuentro había sido convocado para que los promotores del Mecanismo de Montevideo –México, Uruguay y el Caricom– y el Grupo de Contacto Internacional (GCI), encabezado por Mogherini, buscaran puntos de coincidencia que les permitieran actuar de manera concertada frente a la crisis de Venezuela.
Pero la reunión terminó mal para México, pues Uruguay acabó por adherirse a la propuesta europea de condicionar cualquier negociación política con Maduro a que éste convoque a elecciones anticipadas, como exige la oposición.
México, en cambio, insistió en promover un diálogo entre las partes sin condiciones previas.
El GCI –integrado por la UE, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay– concluyó la cita de Montevideo con una declaración en la que propone un diálogo encaminado a la realización de “elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles” en Venezuela “en el menor tiempo posible”.
De los participantes en ese encuentro, solo México, Bolivia y el Caricom no suscribieron esa declaración.
Tras la cita, Ebrard dijo que México “no puede, por mandato constitucional, apoyar la injerencia política en otros países” ni involucrarse en “el proceso político electoral” venezolano.
En cambio Nin Novoa coincidió con Mogherini en que es necesario establecer en Venezuela garantías “para un proceso electoral creíble” y consideró que la crisis venezolana sólo se puede solucionar “en la medida en que se empiece a hablar de elecciones”.
De esta manera, México se quedó solo en su intento de promover, desde la “neutralidad”, un diálogo político entre el gobierno y la oposición venezolanos. Y también vio alejarse más la posibilidad de jugar un papel de mediador en esa crisis, la cual ha mostrado a una Latinoamérica dividida y sin capacidad para articular, por sí sola y sin tutelas de potencias extranjeras, una salida al principal problema político y humanitario de la región en varias décadas.
La experta en estudios latinoamericanos y doctora en ciencias política de la Universidad de París 1, Socorro Ramírez, dice a Proceso que México “perdió, por ahora, la oportunidad de jugar un papel mucho más interesante” en la crisis venezolana y de tender puentes con el resto de posiciones en la región para generar un mínimo de consenso.
“México, finalmente, quedó aislado con sus intentos fallidos que no condujeron a nada”, afirma.
Oportunidad perdida
Ramírez, autora del libro Intervención extranjera en conflictos internos: el caso colombiano, considera también que el presidente Andrés Manuel López Obrador “desaprovechó” la posibilidad de debutar en el escenario regional con una política exterior que lo mostrara como un líder capaz de orquestar un nuevo tipo de integración latinoamericana.
López Obrador, asegura la académica, puede jugar un papel distinto al que “claramente” juega el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien “está alineado con el presidente (de Estados Unidos) Donald Trump y parece dispuesto a apoyarlo incluso en una acción militar contra Venezuela”.
Pero Ramírez señala que al retirarse, en los hechos, del Grupo de Lima –creado en 2017 por 11 países latinoamericanos que condenaron “la ruptura del orden democrático” en Venezuela–, México “perdió la posibilidad de dialogar con la mayor parte de Latinoamérica y de tender puentes para construir algún tipo de posición que evitara el fraccionamiento completo de la región”.
Y de paso México “está siendo visto por muchos actores dentro y fuera de Venezuela, como un aliado” del régimen de Maduro.
En una reunión del Grupo de Lima, el 4 de enero pasado, México se abstuvo de firmar una declaración en la que ese bloque consideraba “ilegítimo” el segundo mandato de Maduro por ser producto de un proceso electoral “sin garantías” para que pudiera considerarse “libre, justo y transparente”.
Ese fue el primer deslinde del gobierno de López Obrador frente a las posturas que venía asumiendo ese bloque en rechazo al régimen de Maduro.
El 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado de su país, México se pronunció, junto con Uruguay, por un “nuevo proceso de negociación” entre la oposición y el régimen de Maduro.
El Grupo de Lima, por su parte, bajo la batuta de Brasil y Colombia, reconoció a Guaidó como presidente encargado, se pronunció contra cualquier proceso de negociación que permita “maniobras dilatorias (de Maduro) para perpetuarse en el poder” y expresó que cualquier iniciativa diplomática debe encaminarse a “la salida del régimen dictatorial” y a la convocatoria a elecciones.
De esta manera Latinoamérica quedó dividida entre la dupla México-Uruguay, los países bolivarianos que respaldan a Maduro y el bloque encabezado por los presidentes de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y de Colombia, Iván Duque, del también ultraderechista partido Centro Democrático.
Ambos mandatarios se alinearon con los “halcones” de Estados Unidos –el asesor de seguridad nacional, John Bolton, y el delegado de Trump para Venezuela, Elliott Abrams– y mantienen en la ambigüedad su postura frente a una intervención militar estadunidense en Venezuela.
Pero en medio de la izquierda bolivariana (Bolivia, Cuba y Nicaragua) y de la dupla Brasil-Colombia, plegada a Washington, hay varios países latinoamericanos que, aun reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela y siendo parte del Grupo de Lima, consideran que la crisis de este país debe resolverse mediante una negociación política.
Además han sido enfáticos en rechazar cualquier intervención militar extranjera en esa nación.
La internacionalista uruguaya Laura Gil considera que, en ese sentido, la propuesta de negociación impulsada inicialmente por México y Uruguay es “sensata” porque “a nadie le conviene, ni a Venezuela ni a la región, que la transición política en ese país sea desordenada o, eventualmente, violenta”.
La iniciativa mexicana-uruguaya, afirma la maestra en leyes y diplomacia de la Fletcher School, tiene el “acierto” de diferenciarse de la de los gobiernos bolivarianos que respaldan a Maduro y de la del bloque formado por Estados Unidos, Brasil y Colombia, que busca que Guaidó asuma ya como presidente y no descarta la opción militar para solucionar la crisis.
Gil dice a Proceso que el problema de la postura del bloque “de la derecha dura” es que “no está contemplando la necesidad de sentarse a hablar con Maduro, y esto es necesario para lograr una salida”.
De lo contrario, asegura la directora del portal de análisis político lalineadelmedio.com, la crisis venezolana puede desembocar “en una intervención militar”. Y ese sería “el peor escenario” para América Latina y Colombia, país que “muy probablemente” tendría que albergar en su territorio a militares estadunidenses.
Socorro Ramírez señala que “en cualquier caso, es muy lamentable que Latinoamérica esté siendo incapaz de formular una propuesta unificada para solucionar una crisis que afecta a toda la región” y que sean Estados Unidos y la UE los que lleven hasta ahora “la voz cantante sobre lo que hay que hacer”.
Ramírez y Gil coinciden en que cualquier solución política en Venezuela pasa por la salida de Maduro del poder y por la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas.
Por ello, ambas expertas en relaciones internacionales consideran que la propuesta más viable en estos momentos es la del GCI, que apunta en esa dirección.
Marcelo Ebrard dijo en Montevideo que México continuará trabajando en su iniciativa de diálogo sin condiciones previas y sin plazos preestablecidos, la cual cuenta con el beneplácito del gobierno de Maduro.
Esta semana, el Mecanismo de Montevideo promovido por México y (todavía) por Uruguay enviará a un grupo de personajes –la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y los excancilleres Bernardo Sepúlveda (México) y Enrique Iglesias (Uruguay)– a entablar comunicación con Guaidó y con el gobierno de Maduro.
“Vamos a ver si somos útiles, porque se requerirá que las partes estén de acuerdo”, dijo Ebrard.
A México, indica Ramírez, “le toca replantear su posición, porque en este momento no puede haber un diálogo sin que esté atado a nuevas elecciones”.
