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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De las más de 200 agresiones contra periodistas reportadas en 2018 –entre ellas seis asesinatos–, cerca de 60 fueron perpetradas en el contexto electoral, reveló hoy la organización Artículo 19.
En vísperas del Día de la Libertad de Expresión en México, Ana Cristina Ruelas, directora general de la organización, recalcó que con 116 periodistas asesinados desde el año 2000 y más de 507 agresiones en 2017, México es el país más peligroso para la profesión en América, y el segundo en el mundo después de Siria.
En un contexto en el que la “prensa está sujeta a la violencia de Estado” –el 48% de las agresiones reportadas fueron emitidas por servidores públicos–, Ruelas lamentó que ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República haya presentado un programa para garantizar la libertad de expresión.
“Es una mentira hablar de democracia sin derecho a la palabra”, añadió la activista. Y entre los puntos más urgentes que resolver destacó el combate a la impunidad que encubre al 99.7% de las agresiones contra los periodistas.
Ruelas se manifestó alarmada porque en los últimos años las “zonas de silencio” –donde se dejó de informar por la violencia– se expandieron en México, ya que de Tamaulipas y Sinaloa se propagaron a partes de Guerrero y Veracruz, entre otros.
“A pesar de la salida del exgobernador Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, seguimos contando agresiones en el estado”, deploró.
Junto con el colectivo La Doblevida, Artículo 19 exhibió un chaleco antibalas blanco, fabricado con recortes de las notas de los periodistas asesinados, que pasó pruebas de balística. El objeto simboliza el hecho de que la información “nos protege a todos”.
Ambas organizaciones elaboraron una “agenda mínima” a la que deberían sumarse todos los candidatos presidenciales. Esta agenda contempla, entre otros, la realización de un diagnóstico “claro” sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en cada región, que deberá identificar a los agresores.
Piden además el reforzamiento de un mecanismo nacional de protección a los periodistas y de una fiscalía realmente autónoma e independientes, la modificación del marco legal y del sistema de transparencia y acceso a la información, así como la reforma a la ley de Comunicación Social, también conocida como Ley Chayote.
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