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A las indefiniciones de la PGR sobre el caso Odebrecht, que implica a Emilio Lozoya Austin –quien presuntamente recibió “propinas” por 4 millones de dólares de la empresa brasileña cuando estuvo al frente de Pemex–, se suma la de los senadores para elegir de entre los ocho finalistas al próximo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Quienes se perfilan para ocupar el cargo son Héctor Marcos Díaz Santana y Alejandro Porte Petit. Si gana este último, todo indica que dará carpetazo al asunto, pues ya declaró que Odebrecht es un caso de corrupción, no un delito electoral.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre las 2 mil 415 carpetas de investigación en curso que reposan en el escritorio del próximo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) está la relacionada con el caso Odebrecht, la empresa brasileña acusada de pagar sobornos en por lo menos 12 países latinoamericanos.
En el caso de México presuntamente destinó 4 millones de dólares durante 2012, en plena campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros 6 millones entre 2013 y 2014 a Pemex, los años en que Emilio Lozoya Austin fungió como director de la paraestatal.
En la investigación, que tomó en agosto pasado el entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo –cesado de manera fulminante el 20 de octubre último–, se documentan 43 transferencias a distintas cuentas bancarias entre 2010 y 2014. Nieto avanzó sobre la pista del presunto soborno de 4 millones de dólares de Odebrecht a cuentas cuyo beneficiario final presuntamente fue Lozoya, quien en 2012 fue coordinador de Asuntos Internacionales durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
Con la reforma político-electoral de 2014, delitos como el financiamiento ilícito a campañas electorales, candidatos y partidos, regulados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, prescriben hasta dentro de 10 años.
En otras palabras, en el caso de Lozoya y Peña Nieto prescribirán hasta 2022 en lo concerniente a los presuntos sobornos recibidos durante la campaña presidencial, o en 2024 por lo que atañe a cohechos para obtener contratos de Pemex.
“Les urge dar un carpetazo”, asegura a Proceso una fuente de la FEPADE.
Ante las revelaciones mediáticas sobre el caso, Raúl Cervantes Andrade, quien renunció a la Procuraduría General de la República el pasado 16 de octubre, y el defenestrado Nieto Castillo, dejaron claras las pistas al respecto.
En su documento “Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, presentado ante el Senado junto con su renuncia, Cervantes Andrade advirtió: el caso de Odebrecht es “uno de los más importantes” en materia de corrupción.
Advirtió incluso que la investigación la llevaba personal de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, el área que realiza estas tareas ante la ausencia de un fiscal anticorrupción. Ahí quedaron pendientes mil 134 asuntos en materia de corrupción (719 averiguaciones previas y 415 carpetas de investigación), entre ellas el caso Odebrecht, destapado en abril de este año a raíz de las revelaciones mediáticas sobre la transferencia ilegal de sobornos por 10 millones de dólares entre 2010 y 2014.
Nieto Castillo iba a comparecer ante el pleno del Senado para defender su actuación y los avances en torno al caso, junto con otros delitos electorales, pero fue presionado para abandonar el proceso de objeción. El 27 de octubre, en una carta dirigida a la Mesa Directiva de la cámara alta, Nieto advirtió que no existían condiciones para que continuara en el cargo “en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento de corte constitucional y la imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de actuación anterior, dados los posicionamientos de las fuerzas políticas”.
Porte Petit y Coello Trejo
En los próximos días, el pleno del Senado elegirá al nuevo titular de la FEPADE entre ocho de los 21 aspirantes. Consultados por Proceso, senadores de PT-Morena y el PAN identifican al actual encargado de despacho, Alejandro Porte Petit González, como el futuro titular de la fiscalía. Aventuran incluso que a él le corresponderá dar “carpetazo” al caso Odebrecht.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia el miércoles 6, Porte Petit minimizó el expediente del asunto, al considerar que se trataba de un tema de corrupción, y no de un delito electoral.
“Respecto del caso Odebrecht, tenemos cerca de 4 mil y tantos expedientes en su conjunto. Sé que hay temas que socialmente causan mayor alarma, mediáticamente son más sonados. Hay otros 4 mil 999 que tal vez nadie conozca dentro de la fiscalía. No por ello quiere decir que la fiscalía no tiene asuntos importantes”, respondió Porte Petit al senador Luis Humberto Fernández Fuentes, de PT-Morena, quien le preguntó sobre el “elefante en la habitación” que era el expediente de la empresa brasileña.
Porte Petit reiteró que el caso será investigado en la PGR como corrupción y no como delito electoral porque, expuso, él no tiene “facultades para investigar corrupción”, Y añadió: “No es un delito electoral la corrupción. Estaría incurriendo en un ilícito de meterme en un área que no es de mi naturaleza”.
Las redes del actual encargado de despacho de la FEPADE conducen directamente al abogado Javier Coello Trejo, defensor del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin. Uno de los colaboradores de Porte Petit es el abogado Francisco José Rivera Cambas Alvarado, quien trabajó para Coello Trejo en la PGR cuando éste encabezó la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico entre 1989 y 1991.
Coello Trejo, conocido en la administración lopezportillista como el El Fiscal de Hierro, se convirtió en “intocable” durante los dos primeros años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari al fungir como responsable de la lucha contra los capos de la droga.
Coello creó el Grupo Tiburón, formado por agentes judiciales federales, entre ellos Guillermo González Calderoni, acusado después de vínculos con el narcotráfico y asesinado en 2003 en McAllen, Texas. Rivera Cambas Alvarado, desde entonces, mantiene amistad y cercanía con Coello Trejo, cuyo despacho defiende casos polémicos y mediáticos como el de Lozoya.
A finales de noviembre, Coello declaró que Lozoya había ganado un amparo. “La investigación continúa; lo que no se puede es judicializar la carpeta”, dijo en entrevista radiofónica. Es decir, se impediría cualquier acción legal contra el exdirector de Pemex hasta que su defensa tuviera acceso al expediente Odebrecht.
El otro posible titular de FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana, fue coordinador de asesores de María de los Ángeles Fromow cuando ella estuvo al frente de la FEPADE. A Díaz Santana le correspondió dar “carpetazo” al escándalo del Pemexgate de las elecciones presidenciales de 2000.
Los videos
Rudo en sus respuestas y en su trato con los medios, Coello Trejo sostuvo el lunes 4 que los videos y revelaciones difundidos en el medio digital Quinto Elemento Lab durante la semana pasada son “refritos” de lo que había publicado Proceso en agosto último.
“Lo que vi del video es que hay incongruencias. Déjame terminar de ver todo lo que se dice ahí”, declaró a El Financiero-Bloomberg y descartó que los videos contengan algún valor mientras no sean debidamente certificados por la PGR o por el gobierno de Brasil.
En ellos se reproducen las declaraciones hechas en diciembre de 2016 por Luis Alberto de Meneses, antiguo directivo de Odebrecht y contacto con Lozoya, y de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, rebautizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el “área de sobornos” creada por Marcelo Odebrecht en 2010.
Los testimonios de De Meneses y de Alves da Silva ante el juez Sergio Moro, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, confirman varias de las pistas investigadas por la PGR y la FEPADE y divulgadas por Proceso, así como por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Reforma y Quinto Elemento Lab.
Entre esas pistas se revela que Lozoya sostenía desde 2009 una relación con De Meneses, que aquel asesoró y apoyó a Odebrecht durante el sexenio de Felipe Calderón para conseguir el contrato en la refinería de Tula, Hidalgo, y les recomendó asociarse con Tapia Constructores, cuyo director general es Juan Carlos Tapia.
“En 2012 también había elecciones federales para presidente y en este contexto Emilio Lozoya gana espacio con el comité de campaña presidencial y le asignan la responsabilidad de supervisar la política exterior”, relató De Meneses.
Y añadió: “En este proceso, cuando ya estaba posicionado en el comité de campaña presidencial, me plantea que sería muy importante para él que pudiéramos contribuir a algo por todo lo que él nos había apoyado desde 2009… Consideré que él ya era parte del equipo de un candidato, de un partido que lideraba las encuestas”.
De Meneses dice que habló con Luis Antonio Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y África, y que le solicitó 5 millones de dólares de “propinas” para Lozoya. Se autorizaron 4 millones de dólares. Asegura haberse reunido con Lozoya en un café de Las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México para decirle que le pasarían esta cantidad. “Él estuvo de acuerdo. No puso ninguna objeción”, aseguró.
De acuerdo con el mismo relato, en las oficinas de Odebrecht en la Ciudad de México Lozoya les pasó los datos de las cuentas, entre ellas la de Latin American Asian Capital y Zacapan, S.A., a las cuales presuntamente se transfirieron los 4 millones de dólares en varias entregas.
Entre 2013 y 2014 Odebrecht depositó 6 millones de dólares en cuentas bancarias que se abrieron en HSBC de Mónaco, a nombre de una empresa off shore cuyo titular es Rodrigo Tacla Durán, intermediario financiero contactado por la empresa brasileña y quien endosó y transfirió las cuentas a Lozoya Austin, según el testimonio videograbado el 15 de diciembre de 2016 de Alves da Silva.
“Rodrigo transfirió las acciones de los off shore de la cuenta en donde fue depositado el dinero. En cualquier momento, Emilio (Lozoya) podía decir ‘esa off shore es mía y esa cuenta es mía’, si en algún momento hubiera un malentendido entre Rodrigo y él”, abundó Alves da Silva.
En noviembre de 2013, Odebrecht México ganó un contrato por mil 364 millones de pesos ante Pemex Refinería para “acondicionamiento y movimiento de tierras para el aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”.
En función de eso Odebrecht presuntamente le pagó los sobornos: el 3 de diciembre de 2013 fue la primera transferencia por 1 millón de dólares; siete días después, otra por 1 millón 350 dólares. Ambos depósitos se hicieron antes de firmar el contrato del 15 de febrero de 2014. Y después le transfirieron al Meinl Bank, en Antigua, 1 millón 350 mil dólares hacia la cuenta que Zacapan, S.A. tenía en Neue Bank AG, con sede en el principado de Lichtenstein. En marzo de 2014 hubo dos pagos más que completaron los 6 millones de dólares. Todo esto, según la versión de Alves da Silva.
Perú y el caso mexicano
De los 12 países donde se han realizado investigaciones en torno a la red de sobornos de Odebrecht, uno de los casos más similares al de México es el de Perú, donde el fiscal Alonso Peña y los jueces han progresado a partir de la presión de las revelaciones mediáticas.
“En Perú los casos han avanzado al compás de las filtraciones. Las autoridades se mantuvieron expectantes. Nunca hubo una iniciativa propia”, asevera Julio Arbizu, exfiscal de Perú, en entrevista telefónica con Proceso.
Odebrecht distribuyó sobornos tanto a la campaña del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), del dos veces presidente Alan García, como a la de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y también del expresidente Ollanta Omala, el único de los exmandatarios que está preso.
“Odebrecht prácticamente hizo una captura del Estado en Perú. Ahí tuvo tratos con una diversidad de personajes tanto de gobiernos locales como del gobierno nacional y de empresas públicas. En el caso mexicano, tal parece que sólo ha sido con Pemex”, sostiene Arbizu.
–¿La diferencia entre México y Perú es el propio peso del presidencialismo en nuestro caso? –se le pregunta a Arbizu.
–En efecto, ese es el gran problema de México. Aquí hay una estructura piramidal del poder con quien Odebrecht negoció y sobornó. En Perú sólo en la época de Alberto Fujimori y Montesinos (su entonces asesor) hubo una estructura piramidal bicéfala que se desmanteló.
“Ahora lo que existe en Perú son núcleos segmentados de corrupción que no obedecen a una estructura piramidal. Es más difícil investigar en este caso”, comenta Arbizu, responsable de investigar y desmantelar la estructura de corrupción en la época de Fujimori y Montesinos.
Según Arbizu, el “rey de la impunidad” en Perú es el dos veces presidente Alan García, quien cuenta con una red de protección entre funcionarios de la fiscalía y del Poder Judicial. Las iniciales de “A.G.” aparecieron en la agenda de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía brasileña, y sólo a partir de ahí comenzaron a involucrarlo.
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