Contrario a los dichos del presidente López Obrador, la protección, viajes nacionales e internacionales y médicos del Ejército nunca se fueron para el mandatario y su familia, incluso para colaboradores cercanos, revelan informes militares hackeados por Guacamaya Leaks.
El presidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló el Estado Mayor Presidencial (EMP), pero mantuvo privilegios de cuidado para él y su familia por parte del Ejército. Aviones, embarcaciones, instalaciones militares y personal armado siguieron a disposición de la familia presidencial, aunque en menor proporción que los gobiernos anteriores.
Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ha disfrutado ampliamente de esos recursos, pero ha sido el propio presidente quien ha requerido de mayor cuidado por parte del Ejército debido a sus problemas de salud. Tanto, que el Hospital Central Militar (HCM) tuvo que instalar una unidad de terapia intensiva en Palacio Nacional durante la pandemia por covid-19.
Numerosos reportes militares filtrados por Guacamaya Leaks revisados por Proceso también dan cuenta de la atención especializada en el HCM a la familia presidencial, entre ellos, a su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, y de una operación a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien tuvo seguimiento a domicilio por parte de personal médico y de enfermería militar.
La pareja de Andrés López Beltrán y familiares de Gutiérrez Müller también recibieron tratamiento de médicos militares durante la pandemia por covid-19.
Autodespojada del tratamiento de Primera dama, la esposa de López Obrador ha gozado de la protección y recursos militares, incluso en sus viajes privados y de placer, como el que hizo en junio de 2022 a la playa de Puerto Vallarta.
Con apoyo del Ejército y de la Marina pasó una semana de vacaciones en las instalaciones de Grupo Vidanta, propiedad del amigo del presidente, Daniel Chávez Morán, quien durante el actual gobierno ha consolidado su emporio turístico (Proceso, edición 2364).
La terapia física que reciben el presidente y su esposa también son proporcionados por el cuerpo especial del Ejército, ya sea en el Palacio Nacional o en el domicilio que solicite Gutiérrez Müller. Todo, con cargo al erario.
El Estado Mayor Presidencial gozó de amplios recursos para su operación. Según el propio López Obrador, tuvo en 2018 un presupuesto de dos mil millones de pesos. Ese cuerpo militar se convirtió en un vasto grupo autónomo del Ejército que durante el régimen del PRI fue el responsable del cuidado y seguridad del presidente y de su familia. Ahora, esas funciones están a cargo del Grupo de Servicios Especiales de la Policía Militar.
López Obrador insiste en que “el pueblo” es quien lo cuida. Incluso, en su conferencia mañanera del 2 de octubre de 2023, expresó sobre la desaparición del EMP: “Era mucho el poder del Estado Mayor Presidencial, tenían prácticamente secuestrado al presidente. Iba el presidente a algún lado y, rodeado; estaba hablando con alguna persona y siempre ahí. Y se sentían superiores, era un cuerpo de élite que se sentía más que los elementos de la Secretaría de la Defensa porque supuestamente el jefe del Estado Mayor estaba más cerca del presidente y tenía más influencia.
“Pero, si fuese poco, eran ocho mil elementos, imagínense, ocho mil elementos para cuidar al presidente. Ahora me cuidan 15 compañeras, jóvenes.
“¿Y de qué me cuidan?
“Pues de que no me vayan a apachurrar, que no me vayan a jalar tanto cuando se toman una foto y me jalan del cuello, nada más eso porque no son elementos de seguridad, es para ayudarme en los actos.
“Y, como son los altos mandos leales al presidente, ya cuando entré se aplicó la instrucción de que desapareciera el Estado Mayor”.
Sin embargo, de acuerdo con los reportes de Guacamaya Leaks, en cada traslado que hace López Obrador por el país su seguridad está completamente en manos del Ejército. Todos sus movimientos, los de su esposa y sus hijos son reportados directamente al titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval.
En cada salida del presidente el Grupo de Servicios Especiales mantiene comunicación con los mandos territoriales y la Jefatura y las Subjefaturas del Estado Mayor de la Sedena, además de la oficina de Ayudantía del presidente, con la que está en coordinación permanente.
Las instrucciones operativas del Grupo de Servicios Especiales dieron cuenta desde el primer año del gobierno de López Obrador de la participación de escoltas militares, comandantes y un grupo de Comando en el cuidado del mandatario.
La protección incluyó a oficiales y jefes tanto de Infantería, Caballería y Arma Blindada del Ejército. Se dispuso también que su escolta militar, con vehículos blindados, estuviera a cargo de la seguridad de su familia.
Al inicio de su administración, López Obrador viajaba en vuelos comerciales para mostrar a la opinión pública su política de austeridad y que no utilizaba el erario para su seguridad. Los reportes indican que en esos vuelos iba protegido por oficiales de la Policía Militar, cuyos boletos eran pagados con recursos públicos.
Jefes, oficiales, elementos de tropa y enfermería cuidaron a López Obrador, a su esposa y a su hijo menor en sus traslados carreteros durante esos viajes, equipados con armas cortas y largas, y en vehículos de la Presidencia de la República y rentados. Los servicios de la Policía Militar forman parte de las funciones de ayudantía, protección y enfermería al servicio del presidente.
Los militares que cuidan a López Obrador y su familia se mueven por códigos de identificación de integrantes de los tres Poderes del Estado, incluido todo el gabinete presidencial, así como de traslados, lugares, mensajes, apoyo aéreo, terrestre y marítimo, armamento, servicio de ambulancia y actuación en contingencias, como accidentes, agresiones, bloqueos o explosión.
Beneficiario de los servicios de la Policía Militar ha sido también el jefe de la Ayudantía y hombre de confianza del presidente, Daniel Asaf Manjarrez, el cuestionado empresario propuesto como diputado plurinominal de Morena en las pasadas elecciones del 2 de junio.
En octubre de 2020 el Cuerpo de Servicios Especiales informó al secretario particular del general Sandoval que en enero del siguiente año daría el “tercer escalón del curso de capacitación” para “personal civil” de la Ayudantía de López Obrador en el Centro de Capacitación Especializada de la Sedena y solicitó al jefe del Ejército que esa capacitación también se impartiera a integrantes de su grupo, “en virtud de realizar funciones similares y en coordinación con la citada Ayudantía”.
La solicitud está firmada por el entonces teniente coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, comandante Marco Antonio Palomares Sánchez, quien en la documentación aparece como el responsable de la seguridad del presidente y su familia y el enlace con la Sedena. En noviembre de 2021 fue ascendido a coronel del Ejército.
Las funciones de los Servicios Especiales incluyen tareas de ayudantía, avanzada para los viajes del presidente y los de su esposa, enfermería y sombra (presencia permanente de personal vestido de civil), con la participación de oficiales y elementos de tropa. A diferencia del EMP, no hay generales del Ejército ni son tan numerosos los elementos que están al servicio y cuidado presidencial.
En esas tareas el cuerpo especial de la Policía Militar dispuso en el primer año de gobierno de armamento que comprendió pistolas tipo Sig Sauer de diferente calibre, armas de defensa personal, como el fusil P-90, y vehículos civiles de modelos atrasados.
Salud presidencial
La vida del presidente está prácticamente en manos de especialistas del Ejército. Para evitar riesgos y poder responder a emergencias, el Cuerpo de Servicios Especiales de la Policía Militar y el Hospital Central Militar están en permanente comunicación, apoyados en los servicios de salud de las distintas zonas militares cuando López Obrador está de viaje.
El año 2021 fue particularmente delicado para la salud del presidente. Sus enfermedades crónicas, principalmente del corazón, obligaron a tomar medidas extraordinarias durante la pandemia, en momentos en que la mortalidad hacía estragos en la población.
En enero de ese año, cuando los mexicanos padecían por la falta de tanques de oxígeno, sus médicos civiles y militares decidieron instalar una Unidad de Terapia Intensiva en el Palacio Nacional.
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Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0013 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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