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Los peridodistas y los defensores de las garantías individuales enfrentan en México un grave patrón de violencia, aseguró Michel Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Hay una tendencia de muerte hacia éstos, dijo.
Al presentar el informe de su visita de nueve días a nuestro país, en el que estuvo en cinco entidades y se reunió con más de 800 defensores de 24 estados, el experto calificó de alarmantes no sólo los elevados niveles de violencia que se registra en el país, sino también los de corrupción e impunidad. El 98 por ciento de los crímenes en el país no son resueltos, dijo.
“La impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México.
La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil, dijo Forst, de nacionalidad francesa.
En la conferencia, realizada en la sede de la ONU en México, el relator dijo que este patrón de violencia en contra de defensores y periodistas proviene tanto de cuerpos policiales de todos los niveles de gobierno, incluidos el Ejército y la Marina, como de las empresas privadas y particulares.
Precisó que esta violencia contra los defensores y periodistas, donde también se añaden los elementos de la corrupción y la impunidad, hacen a México de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos; hay un grave patrón de violencia.
Citó que como resultado de su visita, donde estuvo en los estados de México, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, así como en la capital del país, recibió información de diversas fuentes, en las que todas coinciden en los elevados niveles de violencia, que afectan también a la población en general. Dijo estar al tanto de los retos de compleja dinámica de los cárteles de la droga y del crimen organizado en el país.
En el informe preliminar, el relator expresa su preocupación por el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, pero también por la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil.
Forst, quien desde 2014 es relator especial de la ONU, informó que el reporte había sido presentado horas antes a representantes del gobierno federal, y que en esa reunión con los subsecretarios Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, respectivamente, pidió ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el defensor indígena Isidro Baldenegro, asesinado apenas hace unos días en la sierra Tarahumara, en Chihuahua.
En el informe presentado se señala la creciente criminalización de quienes defienden derechos humanos en México, situación que condiciona y amenaza sus actividades.
Esta criminalización, añade, se hace a través del mal uso deliberado del derecho penal y desde la manipulación del poder del Estado por agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e impedir su tarea. Esto se hace mediante denuncias infundadas o querellas basadas en delitos penales, que los obligan a estar sujetos a prisión y a un lago proceso judicial.
De manera particular se refirió a la situación que enfrentan las mujeres defensoras, quienes frecuentemente están a la vanguardia de las batallas por los derechos humanos, aunque su trabajo puede permanecer invisible.
En los pasados seis años, 38 mujeres defensoras han sido asesinadas en México.
El informe final, dijo, habrá un capítulo especial dedicado a ellas y a su situación. En la conferencia reconoció que en muchos casos las defensoras no sólo son objetos de violencia por su labor, sino también por motivos de género, con agresiones de tipo sexual.
El documento concluye con una serie de recomendaciones, de las cuales 17 están dirigidas al gobierno federal y cuatro más a las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos, de las que, dijo, todavía les falta mucho por hacer.
