CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antes de su huida y posterior captura en Estados Unidos en marzo de 2017 bajo cargos de narcotráfico, el exfiscal general de justicia de Nayarit Edgar Veytia traicionó al Cártel de los hermanos Beltrán Leyva al dejar el estado en las garras del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, los estragos de esa alianza salen a la luz pública en forma de restos humanos localizados en fosas clandestinas.
Después de las elecciones estatales, en junio de 2017 se desató una oleada de desapariciones de jóvenes de entre 16 y 35 años en territorio nayarita. Las familias de esas víctimas estiman que desde entonces se acumulan ya 350 casos.
Quienes buscan a sus hijos, hermanos y padres denuncian que elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit están involucrados en los levantones y señalan al gobernador Antonio Echevarría García, quien asumió el cargo en septiembre último, de mantener dicha dependencia tal y como la dejó Veytia.
Los entrevistados recuerdan que el mandatario estatal, en su toma de posesión, prometió detenciones de policías estatales corruptos y una limpia contra las autoridades que saquearon el estado. Ni una cosa ni otra ha ocurrido, aseguran.
Además de la pesadilla que implica para estas familias la desaparición de un hijo o de un hermano, cada vez que van a interponer una denuncia o intentan preguntar por el seguimiento de sus casos, sostienen, deben tolerar las amenazas y otros maltratos de parte de las autoridades.
Algunos padres de familia, quienes prefirieron que se reservara su identidad, aseguran que integrantes de la fiscalía están coludidos con los cárteles que operan en la entidad.
Otras familiares dicen tener reportes de que sus hijos fueron llevados a la sierra nayarita para cultivar enervantes y que los jóvenes están bajo el poder de Luis Antonio Torres Valdivia, excomandante de la fiscalía y hombre de confianza del exfiscal, tema que este semanario dio a conocer en su número 2113 bajo el texto titulado Activa, la red mafiosa del exfiscal Édgar Veytia.
Las autoridades federales también los han maltratado: en junio último, este grupo de familiares acudió a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado. En una primera instancia, el delegado Efraín Alonso Gastelum Padilla se negó a recibir sus denuncias. Un mes después, luego de que intervino el entonces gobernador Roberto Sandoval, Gastelum sólo aceptó 21 casos. La mayoría de las versiones de las víctimas coinciden en que sus hijos, a la fuerza, fueron subidos a vehículos de la Fiscalía de Nayarit.
Pero las investigaciones no han avanzado y ante la impotencia por no obtener respuestas de las autoridades estatales y federales, este grupo de personas solicitó ayuda a la abogada Mayela Ruiz Madrazo, quien en 2016 pidió a la Secretaría de Gobernación activar una alerta de violencia de género.
En entrevista, asegura que hay indicios de la relación de las autoridades en los levantones y que, por tal motivo, el 25 de agosto presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la fiscalía estatal y la PGR, dependencias denunciadas por acciones u omisiones en perjuicio de las víctimas.
En la denuncia, la abogada expone que sólo en Tepic desaparecieron 103 personas, de las cuales 63 siguen sin aparecer, 32 víctimas murieron y ocho fueron encontradas heridas; sin embargo, de estas últimas dos fueron levantadas de nuevo. El 9 de octubre, la CNDH admitió la queja y abrió el expediente CNDH/1/2017/6930/Q.
Los familiares hallaron las fosas
Nuevamente, la falta de avances impulsó a este grupo de víctimas a formar el Colectivo Familias Unidas por Nayarit y a crear un perfil en Facebook que se convirtió en una opción alternativa de denuncia para otras familias que han perdido a alguien. Hasta el momento, en esa red social existen 80 fichas con fotos e información detallada de las personas que se buscan.
Santiago Pérez Becerra es uno de los fundadores de ese colectivo que ya encontró fosas clandestinas en la zona conocida como El Pantanal, donde fueron descubiertos 33 cuerpos.
Cuenta que su hijo Santiago Eloir desapareció el 22 de junio de 2017. “Él es soldador y trabajaba en la empresa Nayco. A lo mejor no viene al caso, pero él estaba separado de su esposa, decidieron platicar y quedaron de verse el viernes por la tarde. No me respondió las llamadas que le hice el jueves ni el viernes. El sábado llamé a mi nuera y me dijo que tampoco le contestaba”.
El señor Santiago confiesa que se alarmó y que, sin éxito, fue a buscarlo a su trabajo y a los lugares que solía frecuentar con sus amigos. Inmediatamente acudió a la fiscalía a interponer la denuncia, pero sólo le tomaron un reporte y como constancia del hecho le escribieron un número en un pequeño papel.
Fue hasta el 7 de julio cuando las autoridades estatales se comunicaron con el señor Pérez para que interpusiera la denuncia. “Cuando acudí otra vez, me trataron con prepotencia y regaños. No recuerdo los nombres de quienes me agredieron, pero me intimidaron. Ministerios públicos, comandantes y policías se molestan porque uno pide información. Todas estas anomalías ocurren porque la actual autoridad mantiene al personal del exfiscal”, indica.
Mientras las autoridades estatales les daban largas en sus casos, a algunos integrantes del colectivo les llegaron rumores de que, entre huertas de mango, aguacate y yaca, podría haber fosas clandestinas.
No esperaron más: vía WhatsApp se organizaron los integrantes del colectivo para salir el sábado 13 hacia El Pantanal, en el municipio de Xalisco.
“Nos quedamos de ver a las ocho de la mañana. En la huerta iban 10 mujeres adelante y tres hombres las seguíamos. De repente, escuchamos la voz de un hombre que les dijo: ‘¿A dónde van tan bonitas, mujeres?’, y uno de nuestros compañeros le respondió que venían con nosotros.”
El extraño se disculpó y les preguntó qué estaban buscando. “A esa persona le explicamos que estábamos buscando una huerta y que éramos familiares de desaparecidos y que salimos a buscar indicios de un entierro.
“El señor respondió que no había nada donde estábamos, pero que hace tres meses olía feo más adelante, donde están unos bambús. Nos aseguró que no se trataba de un animal, porque esos están en la superficie del suelo y son comidos por zopilotes. Nos dijo que siguiéramos.”
Y así lo hicieron. Los integrantes del colectivo Familias Unidas avanzaron hasta toparse con un señor que dijo ser “mayor del Ejército” y que así se hacía llamar: El Mayor. También les advirtió que estaban en propiedad ajena y que no los dejaría pasar.
Pérez explica que rodearon el lugar y que 40 minutos después llegaron a una zona de árboles de aguacate y siguieron unos 2.5 kilómetros. Entre parcelas de caña de azúcar hallaron un bambú y, en seguida, otro más frondoso; a la derecha había un árbol de aguacate.
“Sabíamos cómo buscar por pláticas con otros colectivos que nos compartieron su experiencia y por videos de YouTube. En el lugar clavamos las varillas de 1.5 metros de altura que llevábamos. Al sacar la punta veíamos si tenían un olor putrefacto. Un compañero señaló una zona, clavé una varilla y, al momento de sacarla, por el olor supimos que era el sitio…
“Escarbamos unos 70 centímetros. Lo primero que descubrimos fue un cráneo y la parte del hombro izquierdo; al parecer el cuerpo estaba recostado sobre su hombro derecho. Detuvimos la labor y le pedí a una señora que llamara a la fiscalía, con el comandante Alfonso (Salazar Velasco), quien le respondió que iban para allá.”
El Pantanal está a unos 20 minutos de la fiscalía, pero las autoridades tardaron casi hora y media en llegar. Enviaron al comandante (Miguel) Villegas. “Nos preguntó quién iba al frente. La gente respondió que yo. Me pidió que me acercara, quería saber quién nos informó de las fosas. Le conté el encuentro con el señor y con el mayor del Ejército, pero no me creyó. Él quería saber si no había sido por una llamada anónima. Le dije que no.
“Insistió en que no le mintiera y me amenazó diciendo que si se enteraba que había sido una llamada o por otro medio, tendría consecuencias y hasta detenciones. Nuevamente me atemoricé. En Nayarit nadie confía en la fiscalía. Cuando fue detenido Veytia, allí se quedó mucha gente que laboraba en complicidad con él”, dice el señor Santiago.
–¿Los cuerpos encontrados fueron sepultados en tiempo de Veytia?
–De la fosa descubierta el sábado, los cuerpos parecían haber sido sepultados hace meses. Estaban como momificados pero completos. De algunos se alcanzaba a ver parte de los huesos, otros tenían seca la piel. De la fosa número uno se sacaron nueve cuerpos; de la segunda, seis, parecía que tenían más tiempo enterrados, porque ya no tenían tejidos, ni grasa, sólo hueso. De la fosa tres se sacaron 18 cuerpos lo que hacen un total de 33 ya recuperados. Al parecer, son 30 hombres y tres mujeres.
“La mayoría (de los cuerpos) estaba atado de pies y manos, sus ojos estaban cubiertos con una cinta gris metálica. En la fosa tres, el lunes y el martes la gente de servicios periciales sacó casquillos y ojivas calibre 9 milímetros y de AK-47. En esas tres fosas ya concluyeron los trabajos.
“A unas 28 familias nos dejaron estar presentes al momento de exhumar los cuerpos. Luego, los de servicios periciales de la PGR se ausentaron el último día cuando se recuperaron cuatro cráneos y el cuerpo de otra persona”, explica.
“A Jara se lo llevó la PGR”
La señora Rosa Jara es mamá de Alejandro López Jara, quien desapareció en el fraccionamiento Villa del Prado. La mujer relata: “Se lo llevaron el jueves 22 de junio de 2017 a las 18:30 horas en Tepic, junto con otros tres jóvenes y una señorita. Yo vivo en Mazatlán, Sinaloa. Él fue a Nayarit a estudiar gastronomía.
“Ese día quedamos de llamarnos en dos horas. Le marqué y no me contestó. Me mandaba a buzón. Hablé con sus compañeros y uno de ellos, Paco, como a las 22 horas, me dijo ‘venga, porque a Jara se lo llevó la PGR’.”
Era medianoche, la señora se fue directo a la PGR; igual que en los otros casos, dice, las autoridades federales la recibieron con maltratos. En la fiscalía estatal le dicen lo de siempre: tienen que pasar 76 horas para poder denunciar.
El caso de la señora Rosa Jara destaca porque cuenta que al día siguiente que interpuso la denuncia en la fiscalía dos veces llamó al celular de su hijo y un hombre le contestó. “Al preguntar por mi hijo me dejaron de hablar, y en una segunda llamada oí como personas amordazadas”.
Pero hay más: el perfil de su hijo en Facebook sigue activo. Al mes de su desaparición publicaron la foto de un cerro. “Desde hace tres meses mantengo una pelea constante con la PGR para que la policía cibernética investigue, pero me ignoran”, se queja.
Al colectivo le han llegado rumores, como los que les advirtieron de las fosas clandestinas que recién descubrieron. Les dicen que en la Sierra del Nayar muchos jóvenes trabajan cultivando amapola. “En la parte de Jesús María nos entrevistamos con algunos indígenas coras. Dicen que ven entrar camionetas con muchos jóvenes. Quiero pensar que esas fotos de cerros que aparecen en la cuenta de Facebook de mi hijo son de la sierra en donde lo tienen” dice la señora Jara.
“Hemos insistido a la PGR, a la Marina, al Ejército, al gobierno estatal que haga un operativo aéreo a la Sierra del Nayar, pero se han negado. El comandante Villegas dice que él subió y no encontró nada, pero no le creemos.”
Este reportaje se publicó el 21 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.
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