Durante el foro »Hacia una política de regulación de la cannabis’, Ricardo Monreal llamó a asumir actitud equilibrada, que no comprometa la seguridad nacional y sea acorde a los tratados internacionales.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor reto que enfrenta cualquier modelo de regulación de la cannabis es equilibrar el enfoque de salud pública con los intereses comerciales, coincidieron autoridades y legisladores en el foro ‘Hacia una política de regulación de la cannabis’ que se realizó en el Senado de la República.
Jorge Alcocer, secretario de Salud, planteó un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana, que tome en cuenta: proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo; respetar la autonomía de las personas; promover la información basada en evidencia, sobre etiquetado y condiciones de consumo.
Planteó también proteger de riesgo a la población más vulnerable –niños, niñas y jóvenes-; establecer la venta de cannabis en cualquiera de sus presentaciones como un servicio socialmente responsable; y facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para todo aquel que lo solicite.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la eliminación, prohibición o despenalización de la mariguana en su uso, implica regular la producción, distribución, comercialización, consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales o cualquier otra mercancía.
“El propósito, que el producto cumpla controles de calidad, no dañe la ecología, ni la salud”, dijo.
Al inaugurar los trabajos del foro, Monreal Ávila comentó que la legalización, por sí misma no acabará con el consumo pero estamos convencidos que tampoco la estimulará.
Indicó que de lo que se trata es de arrebatarle al narcotráfico el control del proceso productivo, distributivo, que en la actualidad se realiza en una atmósfera violenta, corrupta, sin control ni calidad, ni gravámenes fiscales, en una situación de riesgo para el consumidor, que está expuesto a consumir sustancias adulteradas y a poder ser privado de su libertad.
El legislador llamó a asumir una actitud equilibrada, sensata que no comprometa ni la seguridad de la nación y que garantice el respeto y protección al derecho, al libre desarrollo de la personalidad, en términos de la Constitución y de los tratados internacionales.
A su vez, Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, señaló que es incierto proyectar los resultados de su legalización. No se sabe qué tanto afectará los ingresos de los grupos criminales, ya que los ingresos por venta de mariguana en México, son sólo del 4 por ciento.
Planteó que se requiere un observatorio de drogas que dé seguimiento al impacto de las políticas implementadas y consideró urgente tener un mejor sistema de tratamiento, prevención, reglamentación de centros de tratamiento y políticas de reducción del daño.
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