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Ciudad de México. Nestora Salgado, ex comandata de la Policía Comunitaria en la montaña de Guerrero y actual candidata por Morena al Senado de la República, exigió a las autoridades federales y estatales que se le brinden garantías para resguardar su seguridad, pues regresaría a su estado, en particular a su comunidad Olinalá como parte de su campaña al Legislativo.
En conferencia de prensa, acompañada por legisladoras de Morena y su representante legal, Salgado denunció que desde que fue nombrada candidata al Senado ha recibido al menos cuatro amenazas vía telefónica que le advierten no regresar a Guerrero o de lo contrario “te vamos a cortar la cabeza”.
Por ello, su equipo ya solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional Electoral (INE), que han respondido –aunque no de manera escrita— que ya se entabló comunicación con la Secretaría de Gobernación (SG) para que se le brinden las medidas de seguridad necesarias.
Pese a ello, y aun cuando ha insistido en hablar con funcionarios de la SG, hasta ahora la candidata al Senado por Guerrero, en la misma fórmula que el ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, no ha sido recibida por nadie del equipo del secretario Alfonso Navarrete Prida.
Este miércoles, Nestora Salgado iniciará una caravana por la paz en el estado, la cual incluye su regreso a Olinalá –tras varios años de ausencia por haber sido detenida y después absuelta por un juez, y posteriormente exiliada en Estados Unidos.
El jueves estará en San Marcos, en un acto masivo con el aspirante presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador. Días después se reunirá con representantes de organizaciones sociales y de otros sectores para hablar sobre todo de la agenda de derechos humanos.
Durante la conferencia su representante legal, Susana Mercado, señaló que la exigencia es que se garanticen los derechos al libre tránsito, a una vida libre de violencia y al ejercicio de sus derechos políticos. Remarcó que desde el 30 de abril se presentó ante la CNDH y el INE el documento en el que se advierte de las amenazas contra la candidata y se demandan las medidas de seguridad en su favor.
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