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El sindicato patronal y la cúpula del sector privado del país exigieron al gobierno mexicano acciones inmediatas para combatir la violencia y el crimen, que han llegado a niveles nunca antes vistos, porque los habitantes están perdiendo la paciencia debido a la impasibilidad de las autoridades.
La inseguridad está causando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país para atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza, expuso Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Advirtió que la violencia y el crimen han llegado a niveles nunca vistos. Hay, agregó, una necesidad imperante de que las autoridades no posterguen las reformas para combatir esos flagelos. Sostuvo que el proceso electoral no debe ser pretexto para no aplicar políticas que disminuyan la inseguridad.
El tiempo se acaba a este gobierno y también la paciencia de los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada, expresó.
Dijo que los niveles críticos de violencia se reflejan en los asesinatos de periodistas, lo que coloca a México como el segundo país más peligroso para ejercer esa profesión, después de Afganistán.
Recordó que en abril pasado hubo un promedio de 90 ejecuciones diarias, 25 por ciento más que en igual lapso de 2017; el robo de combustible creció 34 por ciento en marzo, mayor tasa de aumento desde que se tiene registro de ese delito, y en los primeros tres meses del año se reportaron 852 atracos en trenes y vías, incremento de 581 por ciento.
También, dijo, el robo de mercancías se ha disparado. Al cierre de marzo se registraron 3 mil 357 hurtos de ese tipo, 108 por ciento más que en 2016 y 65 puntos porcentuales más que en 2017.
De Hoyos Walther planteó seis medidas urgentes para combatir la violencia y el crimen: prevención del delito, diseñar una arquitectura institucional, mejorar el sistema penitenciario y la procuración de justicia, corregir errores de tipología penal y profesionalizar a los policías.
Por separado, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusó a autoridades de los tres niveles de gobierno de ser omisas e impasibles para proteger la integridad de trabajadores e inversionistas, lo cual, subrayó, es inaceptable.
Enfatizó que los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva. Coca-Cola Femsa, expuso Castañón, anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero, porque el asedio del crimen organizado era insoportable. En tanto, la empresa Lala se vio obligada a suspender labores en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, al igual que la mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 obreros.
Exigimos que se aplique la ley sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías, que se multipliquen los elementos donde sea necesario y se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles sean rebasadas por la delincuencia, indicó.
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