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GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comunidad Indígena de San Francisco Ixcatán, en Zapopan, pide a seis personas, entre ellos al exlíder del PRD, Jesús Ortega Martínez, y al exgobernador, el priista Jorge Aristóteles Sandoval, dejar a un lado las simulaciones y a renunciar realmente a su calidad de comuneros.
Los afectados recuerdan que en el último censo de comuneros aparecen los nombres de Jesús Ortega, tres de sus hermanos y una sobrina, “originarios de Aguascalientes, pero además, el de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco, sin omitir apellidos de la burguesía local de la Ciudad de México”.
Proceso publicó en marzo de 2009 que, además de Ortega –que se apoderó de 41 hectáreas de terreno junto a sus hermanos, Gerardo, María del Rosario e Ignacio, y la sobrina Claudia Fabiola Aidee Reséndiz Martínez–, y Sandoval, aparecían en el padrón de comuneros Adriana Fabiola Poblano Ramos, entonces presidenta del Consejo de Barrios de la Ciudad de México, en el gobierno de Marcelo Ebrard, y el exdiputado federal perredista por el Distrito Federal, Jorge Martínez Ramos.
Derivado de la publicación, en ese mismo mes, Ortega y Sandoval renunciaron a sus derechos, “punto que fue aceptado de inmediato por la Asamblea de Comuneros del 19 de abril; empero, las originales renuncias se entregaron el 30 de junio de 2009”.
Sin embargo, los afectados acusan que a una década de ese hecho, aún siguen apareciendo las seis personas en el Registro Agrario Nacional como comuneros.
Es por ello que solicitan a la autoridad “resarcir las fallas del procedimiento agrario para que los nombres de Jesús Ortega, tres de sus hermanos y sobrina, así como Jorge Aristóteles salgan de inmediato del censo”.
También piden que cesen las invasiones a su territorio, en donde son frecuentes los incendios forestales, con la finalidad de crecer la mancha urbana; el derrame de lixiviados provenientes de cuatro basureros; la contaminación industrial del río Santiago, y no entregar más concesiones de agua a los grandes fraccionamientos.
Otro punto es que les restituyan 101 hectáreas donde se ubican sus viviendas, sitios arqueológicos, plaza e iglesia.
