GUANAJUATO, Gto. (apro).- Adolescentes desaparecidas, otras embarazadas como producto de violaciones cometidas presuntamente por uno de los responsables del albergue, recién nacidos entregados en adopción a parejas estadunidenses de manera irregular y a cambio de dinero, son algunas de las graves anomalías que se acumulan a los hallazgos detectados en los centros de asistencia de la organización Ciudad del Niño de Salamanca, fundados y manejados por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
Testimonios de vecinos, profesores, e incluso de adolescentes que escaparon de la Ciudad del Niño y la Ciudad Juvenil –ambos centros manejados por el sacerdote católico y con domicilio en Salamanca- fueron recabados en un informe del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, NIMA, en el que se ratifican además las omisiones cometidas por distintas autoridades, desde el DIF municipal, el Sistema DIF estatal, la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, la Procuraduría de Justicia del estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.
Tanto NIMA como la Red de derechos de la infancia (Redim) han apuntado a la ineficacia y una red de corrupción desde instancias oficiales que registraron maltratos, abusos sexuales, registros en actas de nacimiento de menores violatorios de la ley y otras anomalías, sin que procedieran para frenar estas situaciones, ni para que se investigara y sancionara a los responsables señalados por las propias víctimas, principalmente el sacerdote Pedro Gutiérrez y su principal colaborador, Martín Bermúdez, además de un grupo de monjas.
A cargo de la supervisión de estos centros de asistencia social –obligados por la Ley general y la Ley estatal de protección de niños, niñas y adolescentes- figuran el Sistema DIF, cuyo director estatal, Alfonso Borja Pimentel, es comunicólogo de profesión y fue presidente municipal de Jaral del Progreso y funcionario de la Secretaría particular del gobernador Miguel Márquez, antes de que éste lo designara director del DIF.
El otro funcionario directamente responsable, Rolando Gaytán Vera, actual procurador de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, comenzó su carrera pública como policía municipal en Jaral del Progreso, corporación donde fue ascendiendo hasta ser director de la misma en el trienio de Alfonso Borja (2009-2012), quien ya al frente del DIF lo integró a su equipo.
Por lo menos dos entrevistados por el personal de NIMA, cuyos testimonios son incluidos en este informe, relataron que hicieron denuncias a alguna de estas instancias sobre lo que ocurría con los menores y adolescentes en la Ciudad del Niño “y en cuanto mencionábamos el nombre nos colgaban y nunca nos volvían a contestar las llamadas”.
“En un testimonio queda expresado que una de las personas que ejecuta los traslados cuando hay adolescentes embarazadas es Martín Bermúdez: (…) inclusive sabe que cambian a las niñas de un lado a otro para cuando van ustedes a investigar, ya sea con otras personas, el DIF, o cualquier cosa; las cambian, ya ve que tienen en Moroleón, Morelia; tienen varias casas, tienen en Irapuato. Ahí el que las trata más mal es el Martín, se embarazan y ya cuando se aliviaban (…) viene gente del otro lado y les dan en adopción a los niños, pos claro, dándoles una buena tajada de dinero”.
Otros testimonios refieren que el sacerdote realizaba reuniones en las cuales ofrecía a las adolescentes en prácticas de explotación sexual, señala NIMA, que de manera indirecta tuvo acceso al testimonio de una menor que escapó de la Ciudad del Niño, y narró haber ocultado su embarazo para escapar, pero cuando salió y dio a luz, fue localizada y obligada por Martín Bermúdez mediante amenazas a entregarle a su hija “porque la niña era de la Ciudad del Niño”.
NIMA responsabiliza al gobierno del estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra estas adolescentes.
En duda, legalidad de adopciones
Como parte de las conclusiones y alertas resultadas de este informe, el director de NIMA, Raymundo Sandoval, consideró fundamental revisar la legalidad de las adopciones realizadas por la Ciudad de los Niños, sobre todo a parejas extranjeras.
Además, en esta investigación se toparon con la denuncia que desde fines de abril hizo la regidora Leticia Martínez, de San Luis de la Paz, en una sesión del Ayuntamiento de dicha ciudad, en la que expuso la desaparición de dos menores que fueron canalizadas por el DIF municipal a la Ciudad del Niño.
“La Procuraduría de los Derechos Humanos inició el expediente 46/17-D y el Ministerio Público número 6 de Salamanca inició la carpeta de investigación 21178/2017 por la desaparición de las dos personas menores de edad”.
También el DIF municipal, responsable de la custodia de ambas menores, interpuso una denuncia por la que se abrió la carpeta 27325/2017.
En las referencias recabadas por la asociación se ratifican los datos presentados a la juez novena de Distrito Karla Macías Lovera, cuya sentencia de amparo emitida a principios de junio pasado puso en evidencia lo que pudo haber ocurrido durante los casi 40 años que tiene de haber sido fundada la Ciudad del Niño por el sacerdote católico, mismo que hasta la fecha no ha sido indiciado ni involucrado en una sola acusación, como reconocieron autoridades guanajuatenses en una reunión efectuada la semana pasada en la PGR.
“Él (Pedro Gutiérrez) siempre se agarró del gobierno, Romero Hicks es su compadre, él iba y hacía el bautizo a sus hijos…se colgó de Fox…le dio para que hiciera la Ciudad Juvenil…diputados…es un señor con una trayectoria muy colgado de la política”, cita NIMA en otro de los testimonios recabados.
El informe coincide con otros datos contenidos en la sentencia de la juez Macías Lovera: profesores de varias escuelas de educación básica de Salamanca a donde acudían a estudiar los alumnos de la Ciudad del Niño habían detectado y en diversas ocasiones reportaron a sus superiores de la Secretaría de Educación y al propio DIF casos de maltrato y abusos…y tampoco lograron que se moviera un dedo en contra del padre Gutiérrez.
Personal de NIMA efectuó una visita a la Ciudad del Niño el 19 de julio pasado, y el personal del DIF a cargo –mismo que tomó el control del albergue cuando se hizo público el contenido de la sentencia de la juez de Distrito sobre la situación al interior- le informó que en el lugar permanecían todos los niños y niñas que habían sido encontrados al momento de hacerse cargo del lugar.
Sin embargo, los integrantes de NIMA constataron que el DIF “entregó” a algunos menores de vuelta a los padres de familia.
“Preocupa a NIMA la forma de reintegración que esté haciendo el DIF”, indica el informe.
En la Ciudad Juvenil, se encontraron con que de 50 jóvenes (hombres y mujeres) que estaban en el centro, sólo quedaban unos 15.
“Lo que también revela el caso de Ciudad del Niño es la inexistencia de un sistema de información que refleje cuántas y cuántos niños están viviendo en este tipo de instituciones, de las que también se desconoce el número, la capacidad, infraestructura y modelo de atención”, señala el reporte.
Como recomendaciones, NIMA hizo un llamado a favorecer el acceso a la justicia de las víctimas, la revisión de las quejas presentadas ante la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos, incluso, las que en su momento fueron rechazadas; levantar un censo sobre la situación de cada menor y joven ingresado en Ciudad del Niño; establecer planes de atención integral para las víctimas y fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la supervisión de estos centros.
“Es notoria la falta de aplicación de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado, ya que no se otorgaron medidas de protección o medidas urgentes de manera oportuna, ni se establecieron planes de restitución de los derechos” de todos y cada uno de los menores albergados en la Ciudad del Niño y bajo la custodia del sacerdote Pedro Gutiérrez.
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