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OTAY MESA, California.
Tras separarlos de sus hijos al entrar a Estados Unidos, migrantes recluidos en el Centro de Detención Otay Mesa son obligados a trabajar para obtener recursos que les permitan pagar una llamada telefónica para rastrear a sus vástagos, pues no existe una relación que indique dónde fueron depositados.
El salario mínimo en California es de diez dólares por hora; sin embargo, en esta prisión cada recluso recibe un dólar por día trabajado.
“Les cobran las llamadas telefónicas a 85 centavos de dólar por minuto”, declaró la senadora y exfiscal general de California, Kamala Harris, quien visitó el lugar el viernes.
Una mujer salvadoreña que logró salir en libertad condicional de esta prisión confirmó a Excélsior que a ella le pagaban un dólar por día por trabajar en las labores de limpieza de dicho centro.
De acuerdo con la declaración anónima de un agente fronterizo, la patrulla y autoridades fronterizas no hicieron lista de niños separados, sólo tomaron fotos de cada familia.
Trabajan en prisión para dar con sus hijos
Migrantes recluidos en cárceles privadas reciben un dólar por día laborado, pero les cobran 85 centavos por cada minuto que pasen al teléfono buscando a sus hijos.
Los migrantes ilegales recluidos en el Centro de Detención Otay Mesa, una prisión privada que es alquilada por el gobierno de Estados Unidos, son obligados a trabajar si quieren obtener dinero para buscar por teléfono a los hijos que les arrebató la administración del presidente Donald Trump.
La senadora y exfiscal general de California, Kamala Harris, denunció que los migrantes que esperan comparecer ante un juez en esa prisión reciben un dólar por día trabajado, pero “les cobran las llamadas telefónicas para tratar de encontrar a sus hijos a 85 centavos de dólar por minuto”, declaró Harris. El salario mínimo en California es de diez dólares por hora.
La legisladora demócrata, que visitó el lugar el viernes, dijo que los responsables del Centro aseguran que los inmigrantes retenidos pueden realizar llamadas telefónicas sin costo a sus hijos y familiares, pero en realidad les cobran por ello, según los testimonios que escuchó al interior de la prisión.
“Nos pagan un dólar por un día entero de trabajo”, confirmó a Excélsior una madre de familia salvadoreña que logró salir en libertad condicional del Centro de Detención Otay Mesa.
En su caso, el trabajo asignado era hacer la limpieza del mismo Centro de Detención, aunque para ello debía usar químicos muy fuertes, denunció.
La mujer, quien pidió guardar el anonimato, dijo que al interior de la prisión se cobra por cualquier producto que no sea de primera necesidad: “Si ya no queremos comer siempre lo mismo y se nos antoja una sopa instantánea, nos la venden como en dos dólares”.
El Centro de Detención Otay Mesa es una de las casi 200 prisiones privadas que el gobierno federal renta para detener a migrantes. Para ello, la administración asigna un presupuesto de más de dos mil millones de dólares al año, de acuerdo con la organización Detention Watch
Network.
El Congreso asigna y paga por adelantado a esas prisiones, y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene que cumplir con cuotas de entrega de migrantes detenidos para que las prisiones privadas estén constantemente a su máxima capacidad, según organizaciones de derechos humanos como el Comité de Servicios Amigos Americanos.
Que los busquen por su cuenta
Tras su visita al Centro, la senadora Kamala Harris dijo haber visto a madres devastadas que no saben todavía dónde están sus hijos o en qué condiciones.
Las autoridades federales aseguran que de los casi dos mil 400 menores que fueron separados de sus padres en todo el país, 522 ya regresaron con ellos. Del resto no se tiene idea.
El problema es que cuando el gobierno federal arrancó a los niños de los brazos de sus padres no hicieron una relación de a dónde llevarían a los menores o qué documentos tenían.
Un agente fronterizo dijo a Excélsior, bajo condición de anonimato, “que la Patrulla y las autoridades fronterizas sólo tomaban una foto a cada familia, para reconocer luego que ‘este niño va con esta madre’, como si se tratara de un rompecabezas”.
Peor aún, las autoridades “dejan en manos de los padres que ellos localicen a sus hijos, ¿se imagina?, padres que al dar el primer paso dentro de Estados Unidos fueron detenidos, tienen que buscar a sus hijos con sus propios recursos y, si tienen suerte, con la ayuda de algún abogado que no les cobre”.
Los niños y adolescentes separados de sus padres son enviados a alguno de los 115 centros de detención para menores, en 17 estados del país.
Subsidia la “cero tolerancia”
El Centro de Detención Otay Mesa es una prisión privada que recibe millones de dólares en presupuesto federal cada año, encierra a mil 600 personas y acaba de anunciar que tiene planes para ampliar su cupo para encerrar a 500 personas más para adecuarse a la política de “cero tolerancia” del presidente Trump, que consiste en presentar cargos contra toda persona que cruce la frontera sin documentos migratorios, incluidos quienes buscan asilo.
Entre ellos están los cientos de migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera de Tijuana a San Diego en mayo pasado. Todas esas familias llegaron a pedir asilo al huir de la violencia en sus lugares de origen, pero ahora enfrentan cargos criminales.
Al pedir asilo, las familias presentaron pruebas de que las pandillas habían matado a sus familiares y amenazaban con quitarles la vida a ellos y a sus hijos.
Pero al anunciar la política de “cero tolerancia” en San Diego, el procurador general Jeff Sessions dijo que Estados Unidos procesará judicialmente a toda persona que cruce sin documentos e invalidó el huir del crimen organizado y del abuso conyugal como motivos para pedir asilo, es decir, que ninguna de esas familias, cuyos niños fueron separados, ahora tiene posibilidades de asilo y, por el contrario, enfrentan
cargos federales.
Los casos ante las cortes de migración tienen actualmente una espera de dos años y unos meses, el tiempo que las familias podrían permanecer detenidas.
“Este Presidente está causando un daño irreparable a niños, algunos tan pequeñitos como de meses de edad, y a sus madres”, dijo el congresista Juan Vargas, de San Diego, quien advirtió que “no hay duda de que todo esto nada tiene que ver con migración, y es una crisis humanitaria que este Presidente creó para conseguir su muro”.
Se termina el tiempo
El 25 de enero de 2017, unos días después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que “de inmediato” iniciaran los trabajos de construcción del muro que había prometido en su campaña electoral. Sin embargo, la orden quedó sin efecto porque el mandatario olvidó un detalle: el dinero para esa construcción.
De acuerdo con legisladores, para conseguir ese dinero en el Congreso Trump tomó como rehén el programa que protegía a 800 mil dreamers de las deportaciones, pero pasó de uno a otro año fiscal sin conseguir los fondos.
Y ahora, si el Presidente no consigue 25 mil millones de dólares para el año fiscal que inicia en octubre, los republicanos podrían perder en noviembre la mayoría en el Congreso, lo que alejaría, probablemente de manera definitiva el dinero para el muro.
Para apretar el paso, el mandatario ha separado niños de sus padres, y criminalizado y presentado cargos contra los padres.
“Éstas son familias que huyeron para salvar sus vidas, ¿cómo es posible que se les acuse de ilegales y se les encierre, que encierren a niños pequeños en jaulas separados de sus madres?”, cuestionó el congresista Juan Vargas.
