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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mal diseño y la captación por las industrias refresqueras y de la comida chatarra de la política que implementó Enrique Peña Nieto para combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, violentan los derechos a la salud de la infancia, así como los derechos a la alimentación adecuada y a la información de los mexicanos, sostuvo la organización El Poder del Consumidor en una queja que presentará hoy ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Lo que queremos es un pronunciamiento de la CNDH respecto a que estos actos violan los derechos de los niños y los adultos, y que haga un llamado a las autoridades para que revisen estas regulaciones y empiecen a cumplir con ellas”, dijo Julio Salazar, coordinador jurídico de la organización, en entrevista telefónica con apro.
La queja insiste en las fallas de tres medidas incluidas en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD), las cuales aspiran a desincentivar el consumo de comida chatarra, sobre todo entre los jóvenes: se trata de la prohibición de la venta de estos productos en las escuelas, la regulación de la publicidad televisiva en horarios con público infantil y el etiquetado frontal.
La organización subraya que, si bien la legislación mexicana prohíbe la venta de comida chatarra y de refrescos en las escuelas, en la práctica “no se ha implementado” debido a la falta de capacitación y de seguimiento, así como a la indolencia de las instancias educativas: tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Secretaría de Educación de la Ciudad de México (SEDU) afirmaron en respuesta a solicitudes de transparencia que “no eran competentes” en el tema.
La organización lleva años denunciando la colusión entre la industria refresquera y ciertos sectores del gobierno y luchando para una mayor prevención del consumo de refrescos y comida chatarra en el país, donde siete de cada diez adultos y tres de cada diez niños padecen sobrepeso; y donde la diabetes cobra cerca de 100 mil vidas al año.
El Poder del Consumidor documentó que bajo la administración de Mikel Arriola Peñalosa –actual titular del Instituto Mexicano del Seguro Social– la Comisión Federal para la Prevención de los Riesgos Sanitarios (Cofepris) adoptó normas a modo de la industria.
En materia del etiquetado frontal, la Cofepris elaboró las normas sin convocar al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ni a la academia de medicina ni al Instituto Nacional de Nutrición; tampoco realizó foros ni consultas.
Así, el etiquetado que entró en vigor legalmente en abril de 2015 resultó una copia del modelo que elaboró la industria, por iniciativa propia, en marzo de 2011.
Documentos confidenciales revelados por apro mostraron que la representante de la Organización Mundial de Salud en México advirtió desde abril y mayo de 2014 al gobierno mexicano que el etiquetado “tiene el riesgo de mal informar al consumidor” y que “no parece ser apropiado, ya que conlleva el estatus-quo de la obesidad actual”.
Respecto a la publicidad de refrescos y comida chatarra dirigida al público infantil, que entró en vigor en abril de 2014, la Cofepris prácticamente copió las medidas del llamado EU Pledge, es decir el paquete de regulaciones que diseñó la propia industria en la Unión Europea.
Esta regulación se limita a prohibir la difusión de comerciales de comida chatarra y refrescos en el cine y la televisión entre las 2:30 y las 7:30 de la tarde, pese a que los niños forman parte de la audiencia entre las ocho y las 10 de la noche, según la organización.
Además, esta prohibición no se aplica a los medios digitales ni a las redes sociales –de las que los niños son grandes usuarios–, y los límites de azúcares a partir de los cuales se prohíbe la difusión de un comercial son seis veces superiores a los que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Lo peor de todo es que a pesar que ese estándar es laxo, la legislación mexicana es más laxa todavía”, deploró Salazar.
