Detectan más de 190 mil datos duplicados; la Sedatu no levantó información en 343 municipios con declaratoria de emergencia
excelsior.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, hubo desvíos e inconsistencias en el esquema para la reconstrucción de viviendas por los sismos de 2017.
Al presentarse el Tercer Paquete de Informes Individuales e Informe General de la Cuenta Pública 2017 de la ASF, se detectaron imprecisiones en los apoyos destinados para atender la emergencia de los sismos en 2017.
De acuerdo con el informe presentado por el titular de la ASF, David Colmenares, se concluyó que la Sedatu no tuvo un censo real y creíble de las viviendas afectadas por los sismos de 2017. En el censo había más de 190 mil datos duplicados y la dependencia no levantó información en 343 municipios con declaratoria de emergencia (47.6%).
Las tres bases de datos de la secretaría tenían 191 mil 365 registros duplicados en la información de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, los cuales no fueron aclarados por la dependencia, por lo que se careció de información confiable, puntualizó la ASF.
En las nueve auditorías realizadas sobre los esquemas para atender la emergencia derivada de los sismos de 2017 también se detectó que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) no dispuso de procedimientos específicos para la entrega oportuna de los recursos.
Igualmente, en las acciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chiapas, Oaxaca y Morelos, la ASF detectó irregularidades por 77.4 millones de pesos, debido a la ausencia de documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos.
Asimismo, se concluyó que no hubo penas a los proveedores por no haber instalado 221 aulas móviles que sí se pagaron y, en lo que correspondió a las acciones de atención por parte de la Secretaría de Gobernación, esta dependencia no contó con los Atlas de Riesgos Municipales en 85% de los 592 municipios afectados.
“LA AUDITORÍA NO RECOMENDÓ QUITAR RECURSOS A ESTANCIAS”
Aunque no existen indicadores para evaluar el desempeño de las Estancias Infantiles y se detectaron irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nunca recomendó cancelar los recursos al programa.
Así lo afirmó David Colmenares, titular de la ASF, al entregar ayer el tercer informe de la instancia relativo a 2017.
Al igual que en las guarderías a cargo del IMSS y del ISSSTE, en las estancias de Sedesol no existen indicadores para evaluar el desempeño de las mismas.
Sin embargo, Colmenares, puntualizó que la ASF nunca recomendó cancelarles los recursos.
Informó que las guarderías de la Sedesol, IMSS e ISSSTE carecen de indicadores que permitan identificar el desarrollo integral de los niños.
Sobre las guarderías administradas por la Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), Colmenares indicó que no se pudo comprobar que cumplieran con los requisitos de seguridad ni con la capacitación de los responsables en materias como protección civil.
Detalló que el costo de cada menor de edad atendido en las nueve mil 399 estancias infantiles de Sedesol fue de 11 mil 500 pesos durante todo 2017.
-Héctor Figueroa y Vanessa Alemán
SEGOB, SEDATU Y SAGARPA, LAS QUE MÁS DAÑARON AL ERARIO
Las secretarías de Gobernación (Segob), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa) fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades detectadas en 2017 que ascienden a seis mil 486 millones 904 mil 564.72 pesos, siendo las dependencias que presentan mayores daños al erario.
De acuerdo con la Tercera Entrega de Informes Individuales y del Informe General Ejecutivo Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF llevó a cabo 12 auditorías forenses con el propósito de documentar la existencia de daños a la hacienda pública federal, la que registró mayor daño fue la aplicada a la Segob, en la que se ubicaron irregularidades por dos mil 812 millones 983 mil 717 pesos, seguida de Sedatu, con dos mil 39 millones 12 mil 453.69 pesos, y Sagarpa con mil 636 millones 908 mil 394.03 pesos.
Las observaciones emitidas por la Auditoría a la Segob son por autorizar a nueve dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sus Estrategias y Programas Anuales de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad, sin que estos entes públicos contaran con recursos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados; por efectuar el pago de gastos de producción de las campañas en materia de Comunicación Social de la secretaría que no se difundieron a la población, y por efectuar el pago de campañas en materia de Comunicación Social del ejercicio fiscal 2016 con recursos presupuestales fiscales del ejercicio 2017.
De Sedatu se destacó que no acreditó el pago realizado y la ejecución de los servicios, además de que realizó pagos indebidos para indemnizaciones por expropiación de predios, los cuales no cuentan con la evidencia documental que la acredite.
Asimismo, la dependencia, que estuvo a cargo de Robles Berlanga durante el periodo auditado, pagó indebidamente proyectos del ejercicio 2016 con presupuesto del ejercicio 2017, a través de 26 delegaciones de la secretaría, por lo que no se puede conocer el destino que se dio a dichos recursos. Aunado a ello, servidores públicos de la dependencia suscribieron contratos con proveedores sin tener atribuciones para hacerlo.
En cinco auditorías foreses más, aplicadas a diversos programas de la Sagarpa, se registraron pagos a beneficiarios que presentaron documentación inconsistente, que no realizaron sus aportaciones al proyecto ni presentaron evidencia de los pagos realizados a los proveedores, que acrediten su correcta aplicación.
Además, la Sagarpa habría entregado subsidios por concepto de riesgo compartido en favor de beneficiarios que presentaron documentación inconsistente, no ejecutaron los proyectos conforme a la estructura financiera y calendario de actividades concertados y no demostraron que contaban con la solvencia económica suficiente para cubrir con su contraparte, acreditar su aportación y comprobar la aplicación de los recursos del subsidio.
De acuerdo con el auditor superior de la Federación, David Colmenares, en total, las irregularidades detectadas en auditorías forenses suman siete mil 611.4 millones de pesos.
