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CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Médicos y enfermeras del hospital general del puerto de Acapulco denunciaron que ante la deficiente atención que dan por falta de material, equipo y especialistas, familiares de pacientes que llegan heridos por arma de fuego los amenazan de muerte de manera constante.
Los afectados responsabilizaron al gobierno de Héctor Astudillo de los crímenes contra médicos, luego de que en días pasados el mandatario argumentó que valoraba si debía pagar a personal contratado sin techo presupuestal o “comprar jeringas”.
En una protesta que realizaron esta mañana, médicos y enfermeras del hospital general de Acapulco exigieron seguridad y justicia por el asesinato del traumatólogo Héctor Paul Camarena Hernández, cuyo cuerpo fue hallado ayer en inmediaciones del municipio vecino de Coyuca de Benítez.
El especialista en ortopedia laboraba en el área de urgencias del hospital general, dependiente de la Secretaría de Salud, y también en el hospital regional Vicente Guerrero del IMSS, en el puerto.
Tras el crimen del joven médico, su colega Julio César Reyes Álvarez urgió al gobierno de Astudillo a evitar el desabasto de medicamentos, así como dotar de equipo necesario y contratar especialistas para atender las necesidades de la población.
“Muchos compañeros del servicio de urgencias hemos recibido amenazas. Nos dicen los familiares de pacientes que nos van a balacear, que nos van a levantar o que se van a desquitar con nuestra familia porque no damos un buen servicio y atención a los pacientes”, dijo el galeno.
“¿Pero cómo quieren que atendamos bien a los pacientes en un servicio donde existen 40 y la capacidad es solo para 25 personas?”, preguntó.
Luego, lanzó un reproche al gobernador: “No se vale que Astudillo nos ponga entre la espada y la pared frente a la sociedad al decir que nos paga a nosotros o compra jeringas”.
Detalló que en el hospital general de Acapulco, al menos diez médicos están amenazados de muerte, pero también han sufrido agresiones de familiares de pacientes que ingresan por lesiones graves.
Pero el problema ha sido minimizado por Astudillo, quien asegura que las protestas por la falta de medicinas, equipo y especialistas tienen su origen en el reclamo de beneficios económicos de los trabajadores.
La semana pasada afirmó que la Secretaría de Salud le genera “un gran problema económico” a su administración por el otorgamiento indiscriminado de plazas laborales y la exigencia de beneficios económicos de los trabajadores sin techo presupuestal.
Desde principios de año, Apro ha documentado la dramática situación de desabasto y falta de especialistas en el sector salud, hecho que atenta contra la vida y los derechos humanos de la sociedad más desprotegida de la entidad, y contrasta con el derroche y opulencia del gabinete de Astudillo.
El 20 de enero, la agencia informativa dio a conocer que la ausencia de médicos y enfermeras ante la falta de recursos económicos para la contratación de personal especializado provocó la suspensión del servicio de los programas de tamiz, vacunación y estimulación temprana en el hospital general del Niño y la Madre, ubicado al sur de la capital de la entidad.
Y una semana después se informó que directivos del hospital de Cancerología sustituyeron medicamentos de patente por fármacos genéricos de baja calidad en el tratamiento de quimioterapias, lo que provocó la muerte de un menor por intoxicación de Methotrexate y graves reacciones secundarias que pusieron en riesgo la vida de niños y mujeres que padecen cáncer.
Pero, además, el gobernador violó la ley al nombrar como director del Instituto Estatal de Cancerología a Jorge Eblem Azar Silvera, quien no cuenta con especialidad en oncología, como lo ordena el decreto de creación del nosocomio que lleva el nombre del extinto galeno Arturo Beltrán Ortega.
