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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba manifestó su indignación por la suspensión provisional al exfiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo, contra la orden de aprehensión y la ficha roja de localización de Interpol, al considerar este acto como un retraso grave a la posibilidad de alcanzar la justicia.
Bravo es acusado del delito de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte. El 11 de mayo de 2018 se giró orden de aprensión y se solicitó a la Agencia de Investigación Criminal la gestión de una notificación Roja ante la Secretaría General de Interpol para localizarlo.
Sin embargo, el 2 de junio se le otorgó a Luis Ángel Bravo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión y la ficha roja de localización de Interpol que fueron giradas en su contra.
En un pronunciamiento, el Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba exigió a las autoridades competentes realizar un estudio minucioso del caso y acceso a una justicia pronta y expedita; “es una deuda que el Estado aún tiene pendiente con los veracruzanos”, destacó la organización.
“Las autoridades deben tener presente el profundo y constante dolor en que vivimos las familias de desaparecidos, para evitar una flagrante traición a la verdad y a la memoria de todos los que hemos sido víctimas del exfuncionario”, concluye el colectivo.
