Jueza y magistrados concedieron «ventajas indebidas» a los soldados, quienes «no lo merecen», pues fueron acusados de «delitos graves» en la desaparición de los estudiantes, señaló la Fiscalía.
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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Fiscalía General de la República (FGR) se sumó al repudio contra la liberación de los ocho militares acusados por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, producto según la dependencia de una «secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas», y anunció que la impugnará.
En un comunicado difundido en la tarde de este domingo, con un tono vindicativo, la FGR denunció que casos como el de Ayotzinapa «vinculan con toda claridad a despachos de abogados, a relaciones personales o familiares, a autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente, y que se dedican a distorsionar la justicia, a traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones; todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial».
Aseveró que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio concedieron «ventajas indebidas» a los soldados, quienes «no lo merecen», pues fueron acusados de «delitos graves» en la desaparición de los estudiantes.
La FGR denunció que, con una «cerrazón absolutamente injusta», los jueces aplicaron «procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia», por lo que presentará «de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas».
En su comunicado, la FGR incluyó una parte en mayúscula, para expresar su inconformidad ante la decisión judicial y su «distorsión mediática», pues recalcó que en la primera plana de un diario de circulación nacional, se señaló que «una orden de aprehensión QUE HABÍA SIDO EMITIDA POR UN JUEZ FEDERAL, AHORA ES RECHAZADA POR OTRO JUEZ FEDERAL, TODO LO CUAL ES RESPONSABILIDAD ÚNICA DE LOS MISMOS (sic)».
Visiblemente en la defensiva, la FGR se retrató como víctima de una campaña mediática basada en la «manipulación de cifras», pues recalcó que «solamente durante 2023 el Ministerio Público de la Federación obtuvo nueve mil 150 sentencias favorables para las víctimas; lo cual demuestra que una parte muy importante de los jueces federales sí actúan con imparcialidad y con apego a derecho».
Con ello, la FGR se sumó a la denuncia pública externada anoche por la Comisión por la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa (COVAJ) –una instancia que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob)– contra la liberación de los militares.
Este domingo, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) también deploró la decisión judicial, pero la atribuyó a decisiones «parciales de jueces», así como a la «inoperancia» de la FGR y la «intervención» de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que provee apoto legal a los soldados.
