El ex gobernador de Tamaulipas fue acusado por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
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La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó una nueva estocada legal en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien había obtenido una sentencia con la que se ordenó la cancelación de una orden de aprehensión en su contra.
Y es que recientemente, dicha medida legal fue impugnada por la FGR, lo cual podría derivar en la futura detención de quien actualmente es acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos ilícitos.
La información fue emitida por el medio Milenio, mismo que dio a conocer que el juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, fue notificado sobre el recurso de revisión interpuesto por la fiscalía a través del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Hasta el momento en que se escribe esta nota, y según el medio citado, el juez reservó el envío del expediente de amparo al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno.
Sin embargo, una vez que el expediente sea enviado, el caso será turnado a uno de los dos Tribunales Colegiados de la entidad, en donde se decidirá la resolución sobre la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, es decir, si se confirma, modifica o revoca.
Cabe recordar que apenas el pasado 28 de febrero el ex gobernador de Tamaulipas se encontraba celebrando la decisión de un juez de Distrito en Materia de Amparo, quien le otorgó un amparo que dejando insubsistente la orden de aprehensión girada en su contra el 04 de octubre de 2022.
“Una vez más, la justicia me da la razón. Un juez federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada. La orden de aprehensión girada en mi contra siempre ha sido ilegal e inconstitucional”, escribió en aquel entonces en su cuenta de Twitter.
Además, junto con dicho texto, el panista compartió un comunicado emitido por el bufete Ruíz Durán —encargado de su defensa— donde dieron a conocer que en la audiencia que se celebró el 27 de febrero del año en curso, se analizaron todas las implicaciones del caso, acusando que la Fiscalía General de la República (FGR) supuestamente sesgó información y ocultó datos de prueba al juez de Control.
En tanto, la situación legal del ex gobernador ha dejado claros señalamientos desde el Poder Ejecutivo. Y es que el amparo concedido al militante blanquiazul fue incluso reprochado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, a su vez, aprovechó el recurso para señalar la supuesta corrupción dentro del Poder Judicial.
Fue desde el atril de Palacio Nacional, el pasado 1 de marzo, que el Jefe del Ejecutivo tachó la resolución de ser una una consecuencia de la “decadencia del Poder Judicial”, y que lo ha llevado a insistir por una Reforma Judicial.
En ese sentido, acusó al Tercer Poder de la Unión de “proteger corruptos de las élites del poder económico y político”: “Hay protección para delincuentes: de la delincuencia organizada y del cuello blanco”. Incluso, dicha acusación derivó a un nuevo señalamiento contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a quien comparó con su antecesor, Arturo Zaldívar, al afirmar que bajo la administración de éste “había más vigilancia” a jueces.
“Ahora que llegó la nueva Ministra declara, con un formalismo extremo y como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos. Apenas llegó la nueva Presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, reprochó.
