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El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó esta semana el fin de la «guerra contra el narcotráfico» que duró 12 años en México y dejó una crisis humanitaria sin precedentes. Sin embargo, casi al mismo tiempo, anunció el despliegue de la Guardia Nacional en una fase piloto, con el fin de contener la violencia en Tijuana. Dos medidas que pueden parecer contradictorias.
«No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz», dijo López Obrador el pasado miércoles, al asegurar que lo importante es reducir la inseguridad y no realizar detenciones espectaculares como en gobiernos anteriores.
Al día siguiente, la prensa cuestionó al titular del Ejecutivo si se sentaría a negociar con los líderes de los cárteles de la droga. «Lo mejor es que se entienda que son otros tiempos, que hay opciones, hay alternativas, se está regresando a la movilidad social que se perdió. Ese es un objetivo. No queremos la guerra, queremos conseguir la paz», respondió el presidente.
¿Pero qué significa decretar el fin de la «guerra contra el narco» en México?
Los capos neutralizados
En diciembre de 2006, en medio de acusaciones de fraude electoral, el entonces presidente Felipe Calderón sacó a los militares de sus cuarteles para hacer frente al crimen organizado. Un acto que fue catalogado como una declaración de guerra contra los cárteles de la droga.
Además, en 2009, el Gobierno de Calderón publicó una lista con los 37 narcotraficantes más buscados, de los cuales capturó a 25.
Esta estrategia de detener a capos de alto perfil fue continuada por la administración siguiente. Al inicio de su sexenio, la administración del presidente Enrique Peña Nieto presentó una lista de 122 capos identificados como «objetivos prioritarios», de los cuales se neutralizaron 110 (96 personas fueron capturadas y 14 abatidas en combates con la fuerza pública).
Esto significa que, en total, las administraciones de Peña y Calderón arrojaron un total de 135 narcotraficantes de alto perfil capturados y abatidos. Sin embargo, la captura de los narcotraficantes no detuvo la espiral de violencia en el país.
La crisis humanitaria
La guerra contra los cárteles implicó un aumento significativo en el número de asesinatos y desapariciones forzadas en México.
De diciembre de 2006 a 2018, el país registró 274.389 asesinatos, de acuerdo con los datos más actualizados del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).
Otra de las consecuencias que dejó la «guerra contra el narco» fue una enorme cantidad de personas desaparecidas, muchas de las cuales han aparecido en fosas clandestinas encontradas por familiares de las víctimas a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente en entidades como Veracruz, Coahuila y Sinaloa.
Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en la Ciudad de México, México, 30 de agosto de 2018. / Edgard Garrido / Reuters
A enero de 2019, en México existen 40.180 desaparecidos, según Roberto Cabrera, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
«En retrospectiva, está claro que la profundización de la guerra contra las drogas que se dio hace casi doce años está asociada con la enorme escalada de violencia que sufre el país. En sí misma, esta escalada se ha convertido en un importante problema de salud pública en México y ha socavado las capacidades institucionales de los gobiernos federal y locales», señala un estudio sobre la política antidrogas de México, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Las reacciones
Un día después de que López Obrador anunciase el fin de la guerra contra los cárteles de la droga, también dio a conocer el despliegue de la Guardia Nacional para contener la violencia en la ciudad de Tijuana, Baja California.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el 5 de enero de 2019. / David Peinado / www.globallookpress.com
El presidente informó que se trata de un proyecto piloto ante el aumento en la tasa de homicidios que registra el municipio fronterizo.
«En el caso de Tijuana, por ejemplo, aprovecho para decirle a lo ciudadanos que se está implementando un plan especial porque crecieron mucho los homicidios en Tijuana y ya estamos actuando. Esto es parte de la Guardia. En Tijuana van a actuar conjuntamente el Ejército, la Marina, la Policía Federal», aseguró el presidente.
Sin embargo, la ley para la creación de la Guardia Nacional sigue en espera de ser revisada y aprobada por el Senado, tras haber obtenido el visto bueno de una primera versión en la Cámara de Diputados.
Entonces, ¿por qué insiste en militarizar el país de manera permanente, constitucionalizando la Guardia Nacional?
¿Y cuándo se cambia la política de drogas?
¿Ya van a regular marihuana?
De este modo, el anuncio deja dudas sobre si la nueva estrategia de seguridad anunciada por el presidente logrará poner fin a la epidemia de violencia que enfrenta México o representará una segunda fase en cuanto a la militarización del país.
